Líderes mapuche de la rebelde Coordinadora Arauco Malleco (CAM) señalaron desde la cárcel que están dispuestos a dialogar hoy con el gobierno de Michelle Bachelet."Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a dialogar por territorio y autonomía", dijo el weichafe (líder guerrero) Héctor Llaintul, quien enfrenta procesos dobles por leyes antiterroristas y penales por mismos delitos.
Llaintul, sindicado por alguna prensa como jefe militar de la CAM, desechó el uso indiscriminado de la violencia al interior de las comunidades en el sur del país.
En la zona, una de las más pobres del país, las últimas semanas crecieron las protestas, tras el asesinato a manos de la policía de un comunero durante la ocupación de un predio.
"Yo no estoy de acuerdo con la quema de camiones en los caminos rurales", señaló Llaintul, quien calificó además como "estúpido" arrojar piedras a los buses que circulan en la zona, habitada por comunidades mapuches agrícolas.
"Necesitamos ideas fuerza, no armas", insistió el weichafe, rodeado de otros siete comuneros mapuche, encarcelados junto a él en la cárcel El Manzano, en la ciudad de Concepción, a unos 400 kilómetros de Santiago.
"Atacar una escuela, como nos acusa el gobierno, sería ridículo. Si hiciéramos eso no estaríamos convenciendo a nuestro pueblo", agregó.
Llaintul, quien lleva siete meses en prisión preventiva a la espera de juicio, insistió que su lucha es "eminentemente política" por territorio y autonomía.
Además el conflicto, dijo, está cruzado por la concentración en la propiedad de tierras.
"La principales forestales del país, Mininco y Arauco, constituyen un monopolio u oligopolio, en poder de las familia Matte y Angelini, que poseen cinco veces más tierras que todo el pueblo mapuche", sostuvo.
Llaintul, no obstante, valoró la firma por parte del gobierno del Convenio 169 de la OIT, que reconoce los derechos de los pueblos originarios. "Puede tener beneficios, si hay lucha", opinó.
Llaintul, aunque insistió que su organización está dispuesta a dialogar con el gobierno, señaló que eso no implica abandonar la movilización social.
"Si no hubiera muerto un mapuche, no viene a dar tierras el ministro (de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo)", lamentó.
La oferta de diálogo de los grupos mapuches rebeldes surge luego que la presidenta recibiera una propuesta de solución para el conflicto, hecha por lideres indígenas, empresarios y autoridades civiles y eclesiásticas.
El conflicto, de raíces históricas, está anidado primariamente en la disputa por tierras entre los indígenas y los empresarios de la zona, aunque también es matizado por demandas autonómicas de algunas comunidades, como la CAM.
Hasta ahora el gobierno cedió o regularizó la propiedad de 650.000 hectáreas a favor de las comunidades, desde 1990. Además anunció la entrega de otras 30.000 hectáreas a comunidades pacíficas.
Según cifras oficiales, la pobreza azota a uno de cada cinco miembros de la etnia mapuche, un 50 por ciento más que el promedio general de la población.
