El gobierno está en contra del proyecto de Camila Vallejo (PC) que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. De eso no hay dudas. Para contrarrestarlo, anunció que iba a presentar una indicación a su proyecto de adaptabilidad laboral para disminuir la jornada ordinaria de 45 a 41 horas promedio por semana.

Sin embargo, dicha medida no ha logrado los efectos deseados, ya que la iniciativa impulsada por la oposición ha seguido tomando más fuerza. Tanto así, que el lunes la Comisión de Trabajo de la Cámara votará la iniciativa. Ante este escenario, señalan fuentes de gobierno, en el Ejecutivo se analizan cuatro alternativas para detener la mencionada moción parlamentaria.

Oficialismo e indicaciones

Un camino que se evalúa apunta a que cuando el texto llegue a la sala de la Cámara los parlamentarios del oficialismo presenten varias indicaciones a la iniciativa, con el objetivo de demorar la discusión. Esto, porque para analizar las indicaciones, el proyecto debería volver a la Comisión de Trabajo. De acuerdo a fuentes del gobierno, esta es una de las opciones que se mira con mayor cercanía, ya que no tendría un costo político, porque se mostrarían dispuestos a debatir y a acercar posiciones en lugar de bloquear la propuesta. Además, les permitiría que su proyecto de adaptabilidad laboral avance en el Congreso.

Lograr un acuerdo

Hoy esta posibilidad se ve lejana, sin embargo, es una opción que está sobre la mesa. De hecho, el diputado DC, Pablo Lorenzini, se ofreció a tender puentes. “He conversado con gente del gobierno y de RN, y voy a conversar también con el jefe de bancada Gabriel Ascencio (DC) para que mejoremos el proyecto, pero alejado de la dinámica de quién gana y quién pierde, y ver si se pueden tender los puentes con el gobierno para avanzar”, sostuvo.

Lorenzini acotó que “este tema tiene muchas aristas y por ello debemos buscarle una salida política, porque si nos enfrascamos en la discusión de la constitucionalidad no vamos a avanzar. La idea sería que los que propusieron el tema -Cariola, Vallejo- bajaran un poco las revoluciones y que el gobierno no se entrampara con la discusión de si es constitucional o no, y buscar un acuerdo en favor de la ciudadanía”.

El legislador subrayó que “el ambiente está muy crispado. Yo he tenido contactos con el gobierno y se los he dicho: que esto no se lleve desde la lógica gané yo o ganaste tú, sino buscar acercar posiciones, porque esto no es blanco y negro, y tal como lo hicimos en la discusión tributaria incorporar a las pymes con estudios técnicos para que se pronuncien sobre, por ejemplo, la gradualidad”.

Recurrir al Tribunal Constitucional

Una tercera alternativa es que si el proyecto continúa avanzando, efectivamente los parlamentarios del oficialismo presenten un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Según el gobierno, la presentación se puede hacer en cualquier momento de la tramitación de la iniciativa, por lo que los diputados lo podrían hacer ahora mismo. Sin embargo, los propios diputados del bloque se han mostrado cautos a ocupar esta herramienta, ya que el costo político, de frenar una ley altamente popular, lo tendrían que pagar ellos y todavía no están dispuestos a hacerlo.

Veto presidencial

La última instancia del gobierno para detener el proyecto es la facultad que tiene el Presidente de la República de ingresar un veto. Existen tres tipos de veto. El supresivo, que elimina una parte del proyecto de ley. El aditivo, que agrega un artículo o capítulo. Y el sustitutivo, que reemplaza una frase o artículo de la iniciativa.

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