“Creo que hay diferencias políticas legítimas y profundas. Puede haber, en democracia es válido que existan, pero creo que ha habido cuatro meses en que se ha intentado poner esas diferencias políticas dentro de infracciones constitucionales que no lo son”.

Así se refirió la ministra de Educación, Marcela Cubillos, a la iniciativa de acusación constitucional que impulsa el PS y la oposición en su contra y que debería ser presentada en el Congreso, según ha coordinado el bloque, este jueves.

Aunque el texto inicialmente contenía cinco capítulos, se determinó que se sumaría uno nuevo alusivo a la auditoría a los Servicios Locales de Educación y el Frente Amplio (FA) estableció como condición para apoyar la iniciativa integrar otro, derivado de la movilización del Colegio de Profesores: el no pago de las menciones del bono de reconocimiento profesional a educadores diferenciales y de párvulos.

“El último argumento del FA es bastante curioso, porque en ese caso se estaría intentando acusar por cumplir la ley, una ley del año 2006 que deja fuera del pago de la mención a educadoras diferenciales y de párvulos (…) El Congreso dictó una ley, ellos mismos dictan una ley, y después se nos acusa de poner en cumplimiento esa ley”, aseguró la ministra.

Consultada sobre las versiones de prensa que interpretan la ofensiva contra la secretaria de Estado como una forma de dificultar eventuales candidaturas como parlamentaria o gobernadora, Cubillos respondió que “cuando no hay fundamentos jurídicos claros para una acusación, es inevitable que surjan todo tipo de especulaciones”. “Por supuesto, no me voy a hacer cargo”, agregó.

Los proyectos en el Congreso

Esta semana, dos proyectos de ley relativos a educación escolar han abierto debates: el primero propone eliminar nota numéricas en los primeros años de la enseñanza básica y el segundo busca evitar “rankings” de resultados Simce al prohibir la publicación de sus resultados.

Con respecto al primero, la ministra aseguró que para el Gobierno existen “dos principios fundamentales”: la “diversidad de proyectos educativos” y “que los padres puedan saber si sus niños están aprendiendo lo que tienen que aprender”. Así, explicó que “los colegios pueden establecer distintos sistemas de evaluación, siempre y cuando al final se establezca esta evaluación por nota, para que todos los colegios tengan el mismo sistema final”, dijo.

“Dentro de esos márgenes de libertad y respeto por los proyectos educativos y el derecho de los padres a conocer si sus hijos están aprendiendo, por supuesto que hay mucho espacio para la libertad y la autonomía”, aseguró.

Sobre el segundo proyecto, aunque afirmó que “siempre los sistemas tienen que estar siendo objeto de evaluación”, aseguró que “lo que hay detrás de ese proyecto no es mejorar el Simce o la calidad, sino restringir información”.

“Tenemos en Chile un sistema de libre elección para los padres: que puedan elegir el colegio al que van sus hijos. Para que puedan elegir con libertad requieren más información y no menos información”, defendió la ministra.

“¿Cómo no va a ser razonable que si un padre quiere cambiar a su hijo de colegio pueda conocer los resultados del Simce de todos los colegios que tenga cerca o a los cuales quiera postular?”, añadió.

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