Ya se encuentra en Contraloría el decreto supremo que aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos, impulsado desde el Ministerio de Justicia.

El titular de la cartera, Hernán Larraín, y la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren, llegaron esta mañana a las dependencias de la entidad fiscalizadora para la toma de razón.

El plan en cuestión cuenta 608 acciones comprometidas por 42 instituciones del Estado, las cuales buscan incorporar un enfoque en materia de derechos humanos en las acciones que estas realicen.

“Con acciones como el desarrollo de un Plan Nacional de Derechos Humanos estamos avanzando como país en la construcción y consolidación de una cultura de derechos humanos en el sector público y en el país”, señaló Larraín.

Y agregó: “Durante el último trimestre del año pondremos a disposición de la ciudadanía un sitio web donde podrán revisar el estado de cumplimiento las acciones y a partir de hoy estarán disponibles en el sitio web de la Subsecretaría los reportes de seguimiento correspondientes a los ciclos de diciembre y mayo de 2018 y 2019 respectivamente”.

En tanto, Recabarren señaló que los planes de este tipo “corresponden a una política de Estado” y que por ello se mantuvo aquel existente desde 2017: “A través del trabajo conjunto con las instituciones responsables desarrollamos un proceso de ajustes metodológicos para facilitar y favorecer el correcto cumplimiento de las acciones”.

Solo dos acciones -de la Subdere y del Ministerio del Trabajo y Previsión Social- integradas previamente por la administración anterior fueron eliminadas en esta última versión ya que, según la cartera, correspondían a programas descontinuados.

La diferencia restante se explica por la fusión de 30 acciones y la incorporación de 13 nuevas.

Matrimonio igualitario

Según organizaciones como el Movilh, con estas “modificaciones” el Ejecutivo no impulsará el matrimonio igualitario, con lo que “rompe con el compromiso legal y vinculante” de hacerlo. “Eliminó unilateralmente el compromiso del Plan Nacional de Derechos Humanos Lo denunciaremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recurriremos a la Contraloría”, señalaron.

Ante ello, Larraín explicó que “no hay ninguna obligación pendiente y lo que nosotros estamos planteando en este plan es precisamente continuar monitoreando el avance de esta iniciativa. Es hoy responsabilidad del Congreso el avance de este proyecto”.

“El Gobierno, lo hizo el gobierno anterior, ya cumplió, esto ya lo hemos conversado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no hay nada pendiente en nuestros compromisos”, aseguró.

Y añadió que “nosotros no hemos retirado ese proyecto, esa acción sí que habría sido contradictoria, pero hemos respetado el acuerdo y lo que estamos haciendo, por lo tanto, es continuar su monitoreo”.

Acuerdo de Solución Amistosa

Según el encargado de DDHH del Movilh, Ramón Gómez, “en 2016 el Estado de Chile firmó con nuestra organización un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) donde se comprometió a impulsar el matrimonio igualitario. Este Acuerdo fue declarado en 2018 legal y vinculante por la Contraloría General de la República”.

Añadió que “fue en virtud de este Acuerdo de Solución Amistosa que el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet presentó al Congreso el proyecto de matrimonio igualitario. Y fue también por ello, que añadió el compromiso de impulsar la ley en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que ahora el actual Ministerio de Justicia edita y cambia de manera unilateral y sin el concurso de la sociedad civil”.

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