El temor relacionado a la suspensión de instancias tan importantes como la APEC y el COP25 aumentaba poco a poco, tras ir viendo cómo con el pasar de los días, las manifestaciones y marchas derivaban en un estallido social que este jueves cumple dos semanas.

Hoy, la suspensión ya confirmada de la cumbre climática pone a Santiago como la segunda vez en que esta instancia cambia de sede, tras lo ocurrido en Fiji en 2017 por problemas económicos. La decisión, en aquella oportunidad, se había tomado un año antes. Esta vez, la suspensión del evento ocurrió a poco más de un mes del inicio, acarreando diversos problemas logísticos.

Esto mismo hace que existan varios puntos aún pendientes en la agenda climática. A mediados de año, se celebró en Bonn (Alemania) una nueva conferencia “intersesional” de cambio climático. Allí, representantes de los 197 países de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) se sentaron a negociar durante dos semanas, debatiendo en aquél momento, lo que ocurriría meses después en Chile.

Las sesiones intersesionales suelen ser más técnicas, pero este año no faltó la polémica entre los países, en un escenario diplomático pero tensionado donde se negociará el reglamento que determine la aplicación del Acuerdo de París, el tratado internacional más importante en la lucha contra el cambio climático, celebrado en la COP21 en 2015. Tal como cualquier ley, el tratado no será ley sin su reglamento, que es lo que se ha discutido en los últimos cuatro años.

El Acuerdo comienza a regir el año 2020 y sería la ahora suspendida COP25 la última oportunidad de ajustarlo para su aplicación. Ahora todo queda en ascuas, hasta saber el lugar que reemplazará a Santiago.

Así, en Bonn se definieron cuatro grandes temas a tratar:

Los mercados de carbono y el temible Artículo 6

Si hay un tema por el que sería recordada la COP de Santiago será por el Artículo 6, el único punto de todo el Acuerdo de París que permanece sin definición.

Se trata de un marco de reglas que facilitaría cooperación “para permitir una mayor ambición en las acciones de mitigación y adaptación de los países y para promover el desarrollo sostenible y la integridad ambiental”. En la práctica, es un sistema de “mercado de carbono”, en el que los países puedan intercambiar, comprar y vender “bonos” de carbono, es decir, reducciones de emisiones.

Por ejemplo, un país desarrollado invierte en un proyecto de energías renovables en otro menos desarrollado y puede contabilizar esa inversión como parte de sus políticas de mitigación del cambio climático. Las negociaciones deben dejar claro cada detalle del mecanismo de intercambio de emisiones. Crear un mercado de algo que no se ve, como la reducción de emisiones –cuánto menos contamino con este proyecto- hacen que la discusión sea en gran parte técnica.

Pero como todo en las negociaciones climáticas, también es política. El cómo evitar que los dos países cuenten dos veces la reducción de emisiones, cómo garantizar la sostenibilidad ambiental de los proyectos que se incluyan en el mecanismo o agregar un enfoque de derechos humanos a la hora de formular proyectos, por ejemplo.

El Artículo 6 es, para muchos, el más crítico de todo el Acuerdo. Un mecanismo “débil”, podría debilitar las políticas globales contra el cambio climático, repitieron distintos negociadores. “El Artículo 6 es una de esas aves raras que dentro de nuestro sistema podrían hacer un daño proactivo: si esas reglas no son lo suficientemente buenas, básicamente nos otorgan licencias para imprimir dinero falso, y si permiten que las personas impriman dinero falso, comienzan a pagar sus facturas con dinero falso. Y en este caso, debido a que a la geofísica no le importa lo inteligentes que sean nuestros mecanismos de contabilidad, volverá a atormentarnos “, de acuerdo a un negociador de Costa Rica.

La cita en Alemania debía dejar avanzado el texto final para llegar a Santiago a negociar, pero las diferencias provocaron que solo quedaran consignados algunos avances en los borradores sobre “enfoques cooperativos” y el mecanismo en sí. El grueso de la discusión y negociación será en la COP 25.

En la negociación, los países africanos enfatizaron en evitar el “doble conteo” (que tanto el país inversor como el receptor de los proyecten contabilicen la misma reducción de emisiones), así como la transferencia de “bonos de carbono” del sistema existente, creado bajo el protocolo de Kyoto en 1997 y que dejará de funcionar en 2020.

En la oportunidad, la ministra de Medio Ambiente y presidenta de la COP25, Carolina Schmidt, dijo que el gran desafío de su gestión será “llegar a un acuerdo en los mecanismos de carbono. Tenemos que terminar el Artículo 6, el único que incluye al sector privado en la acción climática, y debemos llegar a un acuerdo para reducir emisiones”.

¿Quién paga por los daños de los desastres naturales?

Otra definición tiene que ver con qué pasará con el Mecanismo Internacional de Varsovia (WIM), una instancia creada hace cinco años para analizar acciones, y enfrentar las pérdidas y daños inmediatos que genera el cambio climático. Es decir, cómo enfrentar las consecuencias directas de desastres que provocan huracanes o tornados.

Por un lado, los países desarrollados como Estados Unidos, la Unión Europea y Australia, quienes hacen una evaluación positiva del funcionamiento del mecanismo, apuestan a que la revisión no agregue nuevas funciones y se mantenga como está. Del otro están los países en desarrollo, sobretodo de África, y América Latina, críticos de un sistema creado para enfrentar los desastres de la crisis climática, pero que en cinco años no ha generado alternativas de financiamiento para las comunidades más vulnerables.

De las múltiples formas de financiamiento climático existentes, no hay ninguna que aborde directamente el tema de pérdidas y daños. Es más, los países que más reciben son grandes como Brasil o China, no los más afectados por pérdidas directas.

Las posiciones en Bonn no se acercaron mucho y la pauta definida muestra la amplitud de opciones. Desde la sociedad civil afirman tajantes que la discusión “definirá si es una COP exitosa o no”.

Cabe destacar que Chile es parte de AILAC, grupo de 8 países de América Latina que se coordina para un despliegue conjunto en las negociaciones climáticas. Es, debido a la alta vulnerabilidad de sus países al cambio climático, uno de los grupos más activos y “progresistas” en las discusiones.

Metas de reducción: ¿cada cinco o diez años?

Fue la palabra más repetida por la ministra Schmidt ante el plenario de Naciones Unidas: La COP25 sería la de la “ambición”. “Estamos en un momento especial. No solo la juventud, los ciudadanos esperan que nosotros reaccionemos ante el calentamiento global. Necesitamos usar este poder de la gente para mayor ambición”, dijo.

En Bonn se vio que 30 países, todos pequeños y vulnerables al cambio climático, son los que están liderando los esfuerzos conjuntos ante la crisis, al comprometerse públicamente a una mayor ambición.

El Acuerdo de París contempla un documento tipo que refleja las acciones climáticas de cada país, conocido como Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés). 2020 es la fecha en que todos deben entregar un nuevo NDC y se espera mayor ambición, ya que la actual ronda de documentos, según estudios de Climate Action Tracker, conduce al mundo a un calentamiento por sobre los 3°C, muy lejos de la meta límite de 1,5°C que se puso en París.

Pero en aquél momento, las negociaciones dejaron un trago amargo en este sentido para algunos países. Las 197 partes se han puesto de acuerdo en los NDC como principal medición de la acción climática, pero no lo han hecho en cada cuánto tiempo se deben presentar y, por lo tanto, cada cuánto aumentar la ambición. El consenso es que recién a partir de 2030, todos presentarán sus NDC al mismo tiempo, pero falta por definir si será cada cinco años, como piden países chicos, o cada 10, como insiste la Unión Europea o Japón. Esa decisión se iba a tomar en Santiago.

Incluso, la ministra Schmidt fue interpelada por organizaciones de la sociedad civil por el rechazo de Chile a firmar el Acuerdo de Escazú, por lo también se esperaba que el tema volviese a surgir en la misma COP25.

La ciencia vilipendiada

El tema que generó más polémica a mediados de año en Bonn fue la ciencia. El año pasado, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), que reúne a científicos de todo el mundo, publicó un documento técnico sobre el estado del cambio climático, que evidencia la enorme diferencia que hay entre un calentamiento global a 2°C desde la era pre industrial y uno a 1,5°C.

El informe salió justo antes de la COP24 en Polonia, donde los países discutieron el cómo incorporarlo a las negociaciones. La presión de Estados Unidos, Rusia, Kuwait y Arabia Saudita fue clara entonces, cuestionando la metodología y rechazando a las conclusiones del informe, pese a que el propio IPCC está conformado por gobiernos de todos los países que ya lo habían aprobado.

Como no hubo consenso, el tema pasó a la discusión en Bonn, y durante dos semanas no hubo mucho avance en las posiciones. AILAC (el grupo de Chile) y países en desarrollo, propusieron generar una serie de talleres a raíz del informe científico y así profundizar en la ciencia del cambio climático y darle relevancia en las negociaciones. A esta postura se sumó la Unión Europea. Pero el otro grupo, liderado por Estados Unidos y Arabia principalmente, volvió a cuestionar la metodología. Los borradores fueron incorporando una opción y otra a medida que avanzaba el tiempo.

Sin embargo, el último día de negociación todo se cayó. El único consenso fue “agradecer” el controversial informe y a la comunidad científica, pero sin otra acción concreta. El enojo de algunos países quedó manifestado en la plenaria final, donde algunos negociadores vistieron una polera con la consigna “la ciencia no se negocia”.

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