“Parece pertinente revisar en el Consejo la posición de Sofofa respecto de COP25, ya que sin perjuicio de la relevancia de la problemática del cambio climático, es altamente probable que esta asamblea masiva (…) sea dominada por posiciones extremas con conclusiones que culparán al modelo de desarrollo, el neoliberalismo, la agricultura, la minería, etc., de todos los males, con el agravante que no será fácil desvincularse de esas conclusiones cuando el empresariado local aparece en alguna medida avalando el encuentro y contribuyendo a su financiamiento”. No solo el proyecto de 41 horas del gobierno generó división al interior de Sofofa, hace tres semanas al chat del gremio llegaron WhatsApp que apuntaban a replantear la mirada frente a la cumbre climática COP25 a realizarse entre el 2 y 13 de diciembre. Es que si bien la Sofofa se trasformó en un catalizador del encuentro, siendo incluso recaudador de dineros para la iniciativa, hoy varios empresarios miran el evento con temor.

En menos de diez meses de organización, Chile se juega parte de su prestigio internacional. Y ya hay voces que estiman que ese ímpetu podría derivar en anuncios y compromisos que contravengan el crecimiento nacional, junto con ser sede por dos semanas de múltiples ONG que justamente pongan al desarrollo empresarial como uno de los grandes responsables del cambio climático, oponiéndose al sector. “Existe el riesgo de que nos estemos disparando en los pies”, subraya un ejecutivo.

Organización flash

En diciembre, el presidente Piñera tomó la posta de la COP25. Tras el desistimiento de Brasil a organizarla, Chile se comprometió a montar el mayor evento en la historia del país -con cerca de 25.000 asistentes- en meses; un plazo acotado si se considera que la preparación para APEC -donde se prevé la llegada de solo 8.500 personas el 16 y 17 de noviembre- lleva más de dos años. El lugar escogido era Espacio Riesco. Y dado los compromisos que con antelación había firmado el recinto, se planteó la posibilidad de que el evento se desarrollara en enero de 2020. La ONU se opuso. E incluso ONG calificaron la petición del gobierno de Chile como impresentable. Debía ser en diciembre. Ahí surgió la opción de Cerrillos, y se cerró un acuerdo por US$ 32,6 millones con la productora GL events, lo que sumado al resto de los costos del evento, llevó el valor total de la COP a más de US$ 80 millones. De ellos, el gobierno estimaba que el sector privado aportaría US$ 25 millones, pero hoy esa cifra no es tal. En el mundo empresarial estiman que el monto será del orden de US$ 14 millones: en torno a US$ 12 millones provendrían de los socios de Sofofa y US$ 2,5 millones serían de los integrantes del Consejo Minero. “El aporte del sector privado nacional nos ha tomado más tiempo de lo que esperábamos. Entre otras razones, por la forma a través de la cual se están organizando para concretarlo vía gremios. Estamos ad portas de cerrar algunas donaciones importantes a nivel local para garantizar el estándar internacional de este evento”, confidencia el gerente general de COP25, Cristián Varela.

Para altos ejecutivos la cifra ya alcanzada es todo un récord si se considera la situación económica del país. Otros, sin embargo, reconocen que la menor recaudación dice relación con que no todos han estado dispuestos a cooperar. En Sofofa han aportado 15 empresas. “Somos varios los que hemos criticado este cheque en blanco que el gobierno, Sofofa y otros están dando a una cantidad enorme de ONG muy antiempresa”, dice un empresario.

Pese a que existe coincidencia respecto a la necesidad de cuidar el medioambiente y de avanzar en políticas que permitan hacer frente a la emergencia climática, el peligro -alertan- radica en los posibles fanatismos que se puedan generar. “No nos preocupa que vengan ONG. Sí nos preocupa que los debates no se basen en la evidencia técnica y científica y, por el contrario, prime la consigna y la retórica. Por eso decidimos estar presentes con contenidos y mostrando las muchas acciones climáticas que las empresas chilenas están haciendo. Queremos debatir con transparencia y evidencia con las referidas ONG”, señala el presidente de Sofofa, Bernardo Larraín.

El presidente de Corma, Juan José Ugarte, asegura haber participado en todas las instancias a las cuales se les ha invitado -Consejo Asesor Presidencial, Consejo de Política Forestal, etc.-, sin embargo, mira con cautela las políticas que se puedan comprometer. “Aún no conocemos las metas que Chile planteará en materia forestal, y se han escuchado voces que se cierran a la evidencia que hemos aportado, cuestión que los países más desarrollados en materia forestal ya tienen incorporada en sus políticas ambientales”, subraya. Ya conformaron un Comité Científico, con representación de los principales centros universitarios del país, quienes presentaron los antecedentes del sector para delinear las metas. “Esperamos que todas las regulaciones que vengan tras la COP sean fruto de un encuentro de posiciones, con base técnica y escuchando a todos los actores involucrados”, señala.

Para el abogado Fernando Barros, la COP25 no aportará nada útil ni a Chile ni al mundo. Su crítica visión radica en que al final del día la incidencia del país en las emisiones de efecto invernadero son insignificantes. “Al asumir un liderazgo extremo en los costos asociados a compromisos que solo unos pocos de los más ricos planean -y muy pocos cumplirán-, nos alejaremos más aún de alcanzar el desarrollo en favor de nuestros sectores más postergados”, sostiene. Y añade el hecho de que si bien nadie discute la importancia y necesidad de una relación equilibrada del ser humano y la naturaleza, “se debe estar atentos a la evolución de la discusión científica, ya que cada día aparecen más opiniones disidentes respecto de la visión catastrófica que se ha querido dar al incremento de CO2”. “El ambientalismo de hoy, que plantea imponer una vida ascética, representaría la pobreza para miles de millones y el retroceso en la calidad de vida y la renuncia al enriquecimiento derivado del intercambio de bienes, servicios y cultura. En este escenario, los más afectados serán los países pobres”, puntualiza.

Metas pendientes

En 2015, todos los países firmantes del Acuerdo de París se comprometieron a una serie de metas para contener el calentamiento global, las llamadas Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (NDC); tales metas debían actualizarse cada cinco años, es decir, el 2020. Sin embargo, el gobierno del Presidente Piñera se comprometió a tener aprobada la nueva NDC en diciembre, en el marco de COP. “Hoy aún no se conoce el contenido de esta NDC y es ahí donde está la incertidumbre”, advierte el exministro de Medio Ambiente y miembro del Consejo Asesor Presidencial COP25, Pablo Badenier. Y añade que el Ejecutivo señaló, además, que tal NDC se iba a someter a consulta pública. “Entonces, los tiempos para presentar la NDC, hacer la consulta pública y analizar las observaciones son muy estrechos”, puntualiza. Para definir los compromisos de 2015, el trabajo duró cerca de un año, y ahora restan tres meses. Obviamente hay avances frente a lo que había hace cuatro años -esto es una actualización-, pero de todas formas el tiempo apremia.

Badenier confidencia que en el marco del Consejo Asesor se ha solicitado en más de una oportunidad conocer el borrador de tales compromisos, sin que su petición dé frutos, y sin que se señalen plazos para ello. Y es ahí donde está la preocupación. Y donde reina la incertidumbre.

Hoy se sabe que el gran compromiso es el ser carbono neutral al 2050. Sin embargo, la NDC debe contener todas las bajadas para alcanzar esa meta. Dado ello, -dicen expertos- se podrían esperar muchas medidas en línea con mejorar la captación de gases de efecto invernadero. Podría hablar de impuestos verdes, incluir aspectos para avanzar en electromovilidad, propuestas concretas en línea con el recurso hídrico, entre otras; todas ambiciones donde el sector empresarial tiene una injerencia directa.

“La meta de carbono neutralidad al 2050 debe ser estudiada y medir sus alcances, considerando sus impactos. En todo caso, esperamos que un compromiso de esa naturaleza no sea sectorial”, explica el presidente de Sonami, Diego Hernández, que junto al Consejo Minero y Aprimin prepararon un documento con su visión frente al desafío del cambio climático.

“Tenemos un compromiso claro con el impulso de una minería sustentable, pero en medio de esta fiebre de iniciativas que ha generado la COP25, han surgido amenazas alejadas del sentido común y del interés nacional: entre otros, nos preocupa el curso del proyecto de Ley de Glaciares”, subraya. Y añade: “A nuestro parecer, la protección de los glaciares requiere que se consideren las particularidades de cada uno de estos cuerpos. Sin esas especificaciones y solo con definiciones generales una iniciativa de este tipo terminaría costando miles de empleos al poner en riesgo el desarrollo de numerosas iniciativas de nuestro sector”.

Desde el gobierno, no obstante, les restan dramatismo a las críticas. “La tranquilidad que deben tener todos es que no hay contraposición entre el medioambiente y el crecimiento con políticas serias. Este gobierno va a hacer políticas serias, que se toman en serio el crecimiento y el medioambiente”, explica el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Añade que, a la larga, no hay desarrollo sostenible sin una preocupación genuina por el medioambiente, y es por eso que no ven una contraposición entre esas dos cosas. “Por supuesto que hay algunas posturas que son extremas, que no compartimos en materia medioambiental, pero hay un amplio espacio para poder avanzar. La alternativa de negar el cambio climático es extraordinariamente peligrosa para el mundo. Nuestro país va a estar dentro de los que aborden el problema con seriedad y con responsabilidad”, sostiene Larraín.

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