Este martes, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que su oficina cuenta con “información corroborada” sobre homicidios e intentos de homicidios -entre junio y julio pasados- a personas que se manifestaron contra el gobierno de Nicaragua.

Según detalló Bachelet, en la presentación ante el Consejo de DD.HH de la ONU, estos hechos habrían ocurrido en el departamento de Jinotega -en la frontera con Honduras- y en “al menos tres casos, dos de ellos en el municipio (hondureño) de Trojes, se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018”.

El documento, sin embargo, fue hecho público el pasado viernes y Bachelet lo mencionó hoy en una sesión en la que también Nicaragua pudo intervenir, criticar su contenido y negar las acusaciones.

Con respecto a los asesinatos en zonas alejadas y en la vecina Honduras, Bachelet pidió al gobierno de nicaragüense que investigue de forma urgente esos crímenes y sancione a los responsables.

Aludiendo a la versión escrita del informe, la Alta Comisionada agregó que mientras 492 personas detenidas durante las protestas fueron excarceladas, hay más de cien que siguen en prisión por participar en manifestaciones este año.

Como puntos destacados de su informe, Bachelet dijo que el espacio cívico se ha visto reducido considerablemente a raíz de la crisis política y que esta situación no ha mejorado al día de hoy, lo que se evidencia en la severa restricción de la liberad de expresión y de asociación.

Tampoco ha parado el acoso a los activistas y líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes que tuvieron posiciones críticas hacia el gobierno de Daniel Ortega, quien envió a Ginebra a su ministro asesor de la Presidencia de Nicaragua para las Relaciones Internacionales, Valdrack Jaentschke, para responder a estas denuncias.

Dicho funcionario empezó la defensa de su gobierno reclamando que no se mire atrás “sino la realidad actual” que, según él, es muy diferente y en la que se respetan todos los derechos fundamentales.

Jaentschke sostuvo que la recogida de datos para el informe se realizó con “criterios parcializados” y que se omiten expresamente “actos de terrorismo, asesinato, torturas, secuestros, extorsión y otros delitos de crimen organizado” de los que responsabilizó a los participantes en las protestas.

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