Han pasado décadas desde que se inició el llamado conflicto mapuche y en lugar de ir declinando, cada año se incrementa más la violencia y la gravedad de los hechos. Tan solo en este mes y medio de 2021, se han quemado campos, cosechas, maquinaria agrícola, camiones, casas, cabañas, automóviles; han asaltado, extorsionado, quemado condominios y asesinado vilmente a personas inocentes. Detenidos prácticamente ninguno.

Cuando se pregunta por qué no se logra restablecer el Estado de Derecho, la respuesta que normalmente se obtiene es que se trata de un problema complejo de muy difícil solución, porque se mezclan temas pendientes de la etnia mapuche, con delincuencia, narcotráfico, robo, tráfico de armas, presencia de extranjeros y terrorismo.

Entendiendo la complejidad de la situación, no deja de sorprender esa respuesta, porque cuando este conflicto partió, en los años del Gobierno de don Patricio Aylwin, no existía el problema de narcotráfico, ni tráfico de armas, ni extorsiones, por lo que se debió haber logrado llegar a una solución con las comunidades que desean vivir en paz y trabajar sin que las amenacen los violentistas.

Pero no se logró una solución, ni en ese gobierno ni en los posteriores, con lo que se fue agravando la situación. Ya en el gobierno de Bachelet II, el conflicto escaló a otro nivel, y terminó con el desgraciado episodio de la operación Huracán.

Y así llegamos hasta hoy, cuando la violencia en la macrozona no solo está desatada, sino que se expandió a otras áreas del sur, con atentados incendiarios a la propiedad pública y privada -como ocurrió recién en Panguipulli y Riñihue- con un nivel de agresividad criminal, con la gente aterrada, y lamentablemente, no se ve que exista una decidida actitud del gobierno para enfrentar este problema.

La lógica de dejar que pase el tiempo y que el próximo gobierno se haga cargo, pareciera ser la tónica entre los gobernantes, porque a pesar de todos los anuncios, del nombramiento de diferentes delegados presidenciales y de altisonantes condenas discursivas, no se logra atrapar a estos violentistas y siempre se llega tarde, cuando los atentados se han consumado, los agresores desaparecieron y nunca más se supo de ellos.

Es la tragedia de la Araucanía. Claros diagnósticos, promesas sin trascendencia, muchas querellas contra los que resulten responsables, pero en lugar de tener controlada la situación, ésta se agrava día a día. El problema real es que no existe voluntad política para atacar la violencia y enfrentar el conflicto.

Lo mismo ocurre con el narcotráfico, que controla una enorme cantidad de barrios en Santiago, donde muy pocos se atreven a entrar para enfrentarlos. Qué se espera me pregunto, para aumentar las penas contra el narcotráfico, que todo lo corrompe, desquicia a la juventud y atemoriza a la gente de los barrios controlados por esta verdadera lacra social.

Y la violencia capitalina es otro grave problema. Ya pasa a ser “tradicional” para la prensa que los viernes ocurran desmanes, que la semana pasada dejó varios Carabineros gravemente heridos, en ese furgón que atacaron con miguelitos y bombas molotov, con intenciones de matar a sus ocupantes, quienes no se defendieron. Pregúntese por qué.

Como no entender entonces que el mensaje de la Diputada Pérez, presidenta de RD, es de extrema gravedad. ¿Qué esperan para solicitar su cesación en el cargo, por incitación a la alteración del orden público, como lo establece la Constitución? De nuevo, no hay voluntad política.

Si no se actúa con decisión contra la violencia y la alteración del orden público, esto puede terminar muy mal.

Jaime Jankelevich, consultor de empresas

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