La revista brasileña Veja asegura que las propuestas de delación de los publicistas Duda Mendoca y Joao Santana, en el marco del caso Lava-Jato en Brasil, revelan que la campaña de Michelle Bachelet habría recibido aportes de la empresa brasileña OAS. Esta empresa es la misma que reconoció que facilitó un avión al ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami (MEO). De ser ciertas estas revelaciones, una empresa extranjera que tiene negocios en Chile habría financiado al menos a dos candidatos presidenciales en la última elección, según se desprende del artículo de Veja titulado “La interferencia clandestina en la elección chilena”, como informara ayer El Líbero.

Pese a que desde La Moneda la vocera de Gobierno, Paula Narváez, salió a desmentir estos hechos, la revista brasileña insiste en su versión y agrega en una publicación posterior al desmentido que el ex presidente de OAS, el empresario Leo Pinheiro, también incluiría en su proyecto de delación compensada por el caso Lava-Jato información sobre el financiamiento a la campaña de Bachelet.

De más está referirse a la gravedad de estos hechos, si ellos llegaran a comprobarse. Recordemos que la ex Presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, fue destituida por el Parlamento por su participación en el caso Lava-Jato. Y que el ex Presidente Lula da Silva está siendo procesado precisamente por sus relaciones con la empresa OAS. La nota de Veja se refiere a un viaje a Chile de Lula para reunirse con Michelle Bachelet el año 2013, que fue financiado por la empresa OAS. MEO había declarado antes a la prensa que ejecutivos de OAS se reunieron con la Presidenta Bachelet, afirmación que ella negó.

El Fiscal Nacional, Jorge Abbot, ha dicho que no hay antecedentes sobre el caso en la Fiscalía Nacional, adelantándose a recordar que, de todas formas, estaría prescrita una infracción electoral; para agregar después que podría haber eventualmente infracciones de carácter tributario que no estarían prescritas.

Suponemos, entonces, que el Ministerio Público iniciará una amplia investigación acerca de eventuales responsabilidades de la Presidenta Bachelet en este caso. Es lo mínimo que puede pedírsele a un órgano independiente, dado que diversos fiscales han formalizado a varios políticos, casi todos de la UDI, el principal partido de oposición a Bachelet, precisamente por casos relacionados con el financiamiento ilegal de campañas políticas.

La falta de criterios uniformes en el Ministerio Público acerca de los motivos para formalizar a distintos políticos ha llevado a que uno de ellos, Carlos Ominami, fuera absuelto por aplicación de prescripción, vale decir, porque las acciones en su contra se presentaron fuera de plazo. En otro caso, el Ministerio Público se olvidó durante un año de presentar acciones contra un político, en circunstancias que al menos dos senadores de la UDI, acusados del mismo delito que él, fueron prontamente formalizados y uno de ellos incluso pasó por la cárcel. El favorecido con el olvido era, curiosamente, ministro de la Presidenta Bachelet y ex diputado de la Nueva Mayoría.

El Ministerio Público no puede seguir dando la impresión de que la persecución de políticos por infracciones a la legislación sobre financiamiento de campañas está relacionada con la militancia de los afectados. De ser ello así, el fundamento de una justicia independiente se cae y la imagen de la justicia ciega se reemplaza en la percepción ciudadana por la de una justicia tuerta.

Investigar con el mismo celo que se ha mostrado en otros casos las eventuales implicancias de la Presidenta Bachelet en el financiamiento ilegal de su campaña por parte de una empresa extranjera es una oportunidad para el Ministerio Público.

Luis Larraín, #ForoLíbero