El 4 de septiembre pasado, la fiscal de delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, recibió un oficio del Ministerio Público de Brasil, en el que advertían que por primera vez habían surgido antecedentes que vinculaban a Chile y a la campaña de Michelle Bachelet en la trama Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción de Brasil y que ha salpicado a varios países de América Latina.

En ese documento, enviado a Santiago en el marco de los convenios de cooperación internacional ente los ministerios públicos de Chile y Brasil, los persecutores brasileños informaban que el expresidente de OAS José Aldemário Pinheiro Fhilo, más conocido como Léo Pinheiro, había ofrecido una nueva declaración en Brasil a cambio de una rebaja en su condena de 16 años y cuatro meses de prisión dictada en su contra en el marco del caso Lava Jato. Y entre los temas que el empresario habría anunciado que estaba dispuesto a tocar figuraba el pago de más de $ 101 millones por parte de OAS a la campaña presidencial de Michelle Bachelet de 2013. Dinero que, según Pinheiro, le habría solicitado el expresidente brasileño y líder del PT Lula da Silva.

Recién el viernes pasado, la Corte Suprema Federal de Brasil ratificó el acuerdo de “delación premiada” suscrito entre el empresario y uno de los exdueños de OAS con los fiscales del caso Lava Jato y ordenó dejar en libertad condicional a Pinheiro, quien el fin de semana abandonó el penal de Curitiba donde se encontraba en prisión preventiva desde 2016.

Desde Chile, a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, según informó el fiscal nacional, Jorge Abbott, se había solicitado a Brasil confirmar oficialmente los dichos de quien fuera el principal ejecutivo de OAS y acceder a su declaración judicial, lo que permitiría iniciar nuevas diligencias en Chile.

Pero antes de que llegara la respuesta formal, el diario Folha de Sao Paulo filtró este lunes la información. El periódico tuvo acceso a los mensajes de Telegram de los fiscales del caso Lava Jato en los que se menciona parte del contenido del testimonio que Léo Pinheiro habría dado para obtener un nuevo acuerdo de delación compensada.

Según Folha, Pinheiro habría admitido el pago de más de $ 101 millones por parte de OAS a la campaña presidencial de Bachelet de 2013. Según esa versión, fue Lula – quien está condenado en Brasil por haber recibido un departamento de lujo de parte de la constructora-, quien solicitó el dinero para saldar deudas de la campaña de Bachelet, el que se pagó después de la elección presidencial chilena, a través de la suscripción de contratos ficticios entre OAS y la consultora Martelli & Asociados, perteneciente al exoperador político del PPD y exrecaudador de la campaña de Bachelet, Giorgio Martelli.

En esa época, según Folha, OAS temía que un cambio de gobierno en Chile pusiera en riesgo los intereses que tenía en ese momento la constructora brasileña en el consorcio que se adjudicó el Puente de Chacao en diciembre de 2013.

Por esa razón, OAS, señala el periódico brasileño, le solicitó a Lula que realizara consultas políticas en Chile. El exmandatario y líder del PT habría hablado del tema con el expresidente Ricardo Lagos, quien le habría asegurado a Lula que la construcción del puente seguiría adelante.

Este lunes, Lagos negó que hubiera hablado con Lula de platas para la campaña de Bachelet. Lo mismo hizo el ex mandatario brasileño. Mientas que el bacheletismo optó por guardar silencio. El único que se refirió al tema fue el presidente del PR, Carlos Maldonado, quien afirmó que “pongo las manos al fuego por Bachelet”.

Giro en la investigación

En seis ocasiones diferentes, desde el año 2016, cuando estalló en Chile el caso OAS, la fiscal Ximena Chong había solicitado información a Brasil relacionada con financiamiento ilegal de campañas políticas chilenas o hechos de corrupción realizados por las empresas constructoras brasileñas –Odebrecht, OAS y Andrade Gutiérrez-, pero la respuesta hasta ahora había sido negativa.

A la espera de nuevos antecedentes, la fiscal Chong optó en julio de 2018 por separar la investigación que llevaba adelante respecto de OAS en Chile. Así, solicitó la formalización de cargos en contra de Marco Enrique Ominami y de Cristián Warner, por los delitos de fraude a las subvenciones y delitos tributarios, por el uso de un jet privado de OAS en la campaña presidencial de 2009, caso que está en estos momentos en la etapa previa al juicio oral y respecto de los cuales,la fiscalía ya tenía acreditados los hechos. En la audiencia de formalización, sin embargo, el tribunal de garantía absolvió al exabanderado presidencial del PRO de los delitos tributarios, debido a que el Servicio de Impuestos Internos no se había querellado en su contra, pero mantuvo el proceso respecto del fraude al Fisco.

A la par, Chong mantuvo la arista de la campaña de Bachelet con carácter de desformalizada, lo que le permitía mantenerla abierta a la espera de obtener pruebas.

En ese caso solo había sospechas de un eventual financiamiento de la constructora, las que surgieron tras el allanamiento a las oficinas de OAS Chile. En esa oportunidad aparecieron boletas emitidas por la empresa consultora Martelli & Asociados a partir de febrero de 2014 a la compañía brasileña por más de 60 millones de pesos, además de correos electrónicos que demostraban los nexos entre OAS y Martelli, a lo menos desde 2009. Martelli negó que hubieran sido platas políticas.

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