El periódico brasileño Folha de Sao Paulo, reveló que Léo Pinheiro, el expresidente de la empresa constructora brasileña OAS, aseguró que la expresidenta Michelle Bachelet recibió más de $100 millones por parte de la compañía cuando era candidata a la presidencia por segunda vez, en el año 2013.

La empresa es investigada por realizar coimas a distintos mandatarios de izquierda en Latinoamérica; esto con el propósito de asegurar licitaciones en esos países.

Al respecto, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) y su par Paulina Núñez (RN, foto) se reunieron en los patios del Palacio de La Moneda acusando una presunta negligencia del Partido Socialista (PS).

Coloma manifestó que “estamos frente a un hecho gravísimo, donde fue ocultado por parte del PS este posible financiamiento ilegal. Todos sabemos que el financiamiento ilegal de la política, específicamente durante el año 2013, 2014, estuvo en boga y se generaron proyectos de ley. Pero desde el primer minuto ellos señalaron que esto era falso, que no pertenecían a esta trama de corrupción existente en América Latina y que el día de hoy ha quedado en entredicho con las recientes declaraciones desde Brasil por parte de aquellos ejecutivos que han destapado toda esta trama de corrupción en OAS Brasil”.

Adicionalmente, el congresista hizo un llamado “al Partido Socialista y a la propia presidenta Bachelet a reconocer o a negar los antecedentes que se han dicho en Brasil. A señalar si es efectivo o no que recibieron más de $100 millones para la campaña de la entonces candidata Bachelet. A decir cuál es el verdadero vínculo económico que existe entre el Partido de los Trabajadores y el Partido Socialista, quienes siempre se han jactado de las buenas relaciones institucionales que poseen”.

Por su parte, la diputada Núñez dio a conocer un proyecto de ley que elaboraron entre ambos, el cual -en palabras de la parlamentaria- tiene por objetivo que “una persona extranjera que entregue información y facilite antecedentes para la persecución de delitos en su país, no pueda ser juzgado en Chile si es que eso es lo solicitado”. 

La diputada ejemplificó que el proyecto de ley intenta que “los fiscales no persigan a personas extranjeras -que colaboren con la investigación- por determinados delitos o, incluso, detengan la persecución penal si están aportando en destrabar delitos cometidos en otros países”. 

Esto, eso sí, aplicaría solo para “personas que ya fueron condenadas, personas que están optando a una rebaja de condena si es que entregan más información. Por este vacío legal, Léo Pinheiro -en su minuto- solamente pudo entregar el titular al procurador general en Brasil y no pudo entregar más antecedentes que al parecer hoy día estamos conociendo”, explicó Núñez.

 

/gap