La Guardia Nacional Bolivariana reprimiendo a manifestantes en una marcha en Venezuela (Photo by Federico PARRA / AFP)
La Guardia Nacional Bolivariana reprimiendo a manifestantes en una marcha en Venezuela (Photo by Federico PARRA / AFP)

Casi 18.000 personas fueron asesinadas por las Fuerzas de Seguridad de Venezuela desde 2016 por presunta “resistencia a la autoridad“, cifra que incluye numerosas ejecuciones extrajudiciales a manos de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), según publicó este miércoles la ONG Human Rights Watch (HRW).

La medición se basa en datos publicados por el Ministerio del Interior venezolano, que indicó que 5.995 personas murieron por esta causa en 2016, 4.998 en 2017 y 6.856 en 2018 y los primeros cinco meses de 2019, ya citados en el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para un total de 17.849.

El número incluye las numerosas ejecuciones extrajudiciales realizadas por las Fuerzas de Seguridad, las FAES y otros grupos leales al chavismo. “Desde que se crearon las FAES, como parte de la Policía Nacional Bolivariana, agentes de esta fuerza han cometido impunemente graves violaciones de derechos humanos“, indica el informe de HRW.

Últimamente, las ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias se han concentrado en comunidades de bajos recursos que dejaron de apoyar al régimen de Nicolás Maduro.

La brutalidad de la represión del régimen de Maduro (AP Photo/Rodrigo Abd)

La brutalidad de la represión del régimen de Maduro (AP Photo/Rodrigo Abd)

“En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia”, explicó José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.

En todos los casos que Human Rights Watch investigó, agentes armados de las FAES vestían uniformes negros del cuerpo policial. En varios casos, llevaban el rostro cubierto, llegaron en camionetas negras sin matrícula e irrumpieron en viviendas en vecindarios de bajos ingresos. Los agentes con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en Venezuela debido a la crisis económica y humanitaria.

La ONG subrayó que en todos los casos de ejecuciones investigados, hubo familiares que dijeron que agentes de las FAES alteraron el lugar de los hechos y manipularon la evidencia. “Los agentes colocaron armas y drogas para incriminar a las víctimas o efectuaron disparos contra las paredes o al aire para sugerir que las víctimas se habían ‘resistido a la autoridad’. En algunos casos, los familiares dijeron que después de las ejecuciones tuvieron dificultades para obtener los cuerpos de sus seres queridos, los informes de la autopsia o los certificados de defunción”, denunció HRW.

La mayoría de las ejecuciones examinadas por Human Rights Watch coinciden con las prácticas policiales abusivas que varios organismos de seguridad vienen empleando hace años. Entre 2015 y 2017, las fuerzas de seguridad venezolanas realizaron redadas en comunidades de bajos ingresos en el marco de la OLP. Entre las fuerzas de seguridad participantes se encontraban la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y fuerzas de policía de los estados.

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