El sábado pasado, en la Misa de Nuestra Señora de Loreto y durante la prédica, el sacerdote reveló que había ido a visitar a los Presos Políticos Militares de Punta Peuco y había celebrado la Misa con plena asistencia de ellos. Advirtió particular unción en la concurrencia. “Dios estaba ahí”, expresó textualmente.

Yo mismo fui a visitarlos el jueves 12, junto a medio centenar de otras personas que les llevaban alimentos y vituallas. Punta Peuco es un penal muy particular, porque no alberga a delincuentes sino a personas decentes que, de acuerdo con la Constitución y la ley, deberían estar libres. Por tanto, el ambiente general es de elevación y respeto, sobre todo porque casi todos los condenados son de avanzada edad y de conducta ejemplar, tanto dentro como fuera del penal. No pude dejar de pensar que, dentro de un debido proceso, los que deberían haber estado presos ahí deberían haber sido los jueces que los condenaron atropellando normas expresas y vigentes. Pues esto último es constitutivo del delito de prevaricación, penado expresamente en el código con años de presidio o reclusión.

Entre los penados había un sobrino mío, Carlos Blanco Plummer, hijo de mi prima en segundo grado Isabel Plummer, ya fallecida; y de Eugenio Blanco, también ya fallecido y que fuera por muchos años presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago.

Pensé que el destino les había ahorrado la desgracia de ver a un buen hijo suyo injustamente condenado. Pues Carlos, en 1981 y recién egresado como alférez de la Escuela Militar, había sido asignado a estar de guardia a las puertas del regimiento de Lautaro, en el sur, junto a un soldado. Este último le pidió, en un momento dado, su revólver de servicio, que Carlos le pasó y con el cual el soldado procedió a suicidarse.

El caso fue conocido y juzgado por la justicia militar hace treinta y ocho años, la cual determinó la completa inocencia del alférez. Pero pasaron treinta años y la justicia roja se enseñoreó de los tribunales en nuestro país y un ministro sumariante Álvaro Mesa, de esa tendencia, sin ninguna prueba y pasando por sobre la cosa juzgada, la prescripción, la verdad de los hechos y la presunción de inocencia, condenó a Carlos Blanco a cinco años y un día de presidio por el homicidio del soldado.

Lleva cumplidos tres y la Ley de Libertad Condicional, a la cual tenía derecho tras cumplir la mitad de la pena, fue modificada en perjuicio de los militares por parlamentarios de izquierda, que les aumentaron a éstos a dos tercios del plazo el necesario para alcanzar la libertad. A él lo beneficiaba el principio constitucional pro reo, según el cual se le debería aplicar la ley anterior más favorable, pero la dictadura judicial de izquierda no le reconoce este derecho.

Le dejé a mi sobrino un ejemplar de mi último libro, “Miserias Morales de la Chilenidad Actual”, que detalla precisamente los renunciamientos a normas básicas del buen comportamiento humano que caracterizan al país de hoy.

Los restantes presos políticos me **expresaron su aprecio por haber sido uno de los firmantes del inserto, publicado a gran costo en “El Mercurio”, titulado “El 11/09/73 Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela”, **con testimonios irrefutables probando eso.

Una parte no pequeña del personal del diario se manifestó públicamente contra el inserto, revelando su completa sorpresa ante el hecho de que se hubiera dado a conocer a toda página una parte de la verdad histórica que metódicamente se ha ocultado a los chilenos.

Me retiré del penal apesadumbrado tras haber oído tantas historias de injusticia y arbitrariedad e invadido de un sentimiento que me asalta cada vez con mayor frecuencia: la vergüenza de ser chileno.

Hermógenes Pérez de Arce