Hace algunos meses, el movimiento “No+AFP” comenzó una estrategia mediante la cual diversos afiliados presentaron recursos de protección en distintas cortes de apelaciones del país, solicitando retirar sus ahorros previsionales, luego de haber sido rechazado ese pedido por sus respectivas AFP.

Si bien en casi todos los casos los tribunales no dieron lugar a las solicitudes de los afiliados, la semana pasada ocurrió un hecho que podría abrir una ventana en la estrategia del movimiento.

Lo anterior, pues en el marco de un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta por una profesora que busca retirar sus ahorros en AFP Cuprum con el fin de prepagar un crédito hipotecario, usando como argumento que pasó de percibir un sueldo de $1,2 millón a una pensión mensual de $185.000, el tribunal -en una situación inédita- elevó un requerimiento de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional (TC).

El propósito de la Corte es que determine si es aplicable el Decreto Ley 3.500, el cual creó el sistema de capitalización individual en 1980. De este modo, una vez que el TC se pronuncie, la Corte de Antofagasta entregaría su fallo al respecto.

El requerimiento

En su requerimiento, los ministros Óscar Clavería y Virginia Soublette, y el abogado Fernando Orellana, que integraron la Segunda Sala de la Corte nortina, apuntaron a las supuestas inconstitucionalidades que podría conllevar el DL 3.500, entre otras, que se contrapone a algunos derechos constitucionales.

Por ejemplo, los integrantes de la sala argumentaron que dicho decreto va en contra del derecho de propiedad que tiene un trabajador sobre su capitalización individual “cuya regularización no cumple una función social, sino un sistema económico regido por el mercado sin la voluntad del trabajador ni menos su intervención, al punto que su capitalización no puede utilizarla en su propio beneficio para salir de una insolvencia sobreviniente, desconociéndose la obligación establecida en la misma ley, del Estado, en cuanto a generar una pensión mínima”.

También sostuvieron que el decreto contraviene la garantía constitucional que establece la Constitución “en cuanto la acción del Estado debe estar dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce y prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, permitiendo a la ley establecer cotizaciones obligatorias, pero exigiéndole al Estado que supervigile el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, lo que evidentemente en este caso no se da”.

Ayer, el TC derivó el requerimiento a la Segunda Sala para que se decida si se acoge a trámite.

Industria en alerta

Este caso y el resto de los recursos de protección presentados por afiliados que buscan retirar sus fondos, están siendo seguidos con atención tanto por la Superintendencia de Pensiones (SP) como por la Asociación de AFP.

“Tal como corresponde a nuestra función, esta Superintendencia sigue con atención la evolución de todos los recursos que se han presentado por la materia en consulta, así como de toda acción interpuesta en los tribunales por parte de los afiliados al sistema de pensiones”, indicaron desde el organismo regulador.

De hecho, en el recurso de protección que derivó en requerimiento al TC, la SP emitió un informe mediante el que respaldó la decisión de AFP Cuprum.

“El actuar de AFP Cuprum S.A. frente a la petición formulada por la afiliada recurrente, consistente en la devolución de los fondos previsionales que mantiene en su cuenta de capitalización individual, se enmarca plenamente dentro de las normas que rigen y regulan su funcionamiento”, sostuvo el organismo liderado por Osvaldo Macías.

Por su parte, Fernando Larraín, gerente general del gremio, sostuvo que “este es un tema relevante, por lo tanto, así como en este caso y otros, estamos en permanente monitoreo de todo lo que tiene que ver con las administradoras y el sistema previsional”.

Añadió que “hay que esperar los trámites y que las instituciones funcionen. Chile es un país donde las instituciones funcionan y confiamos en los argumentos que tenemos y confiamos en el trabajo que puedan hacer los ministros del TC”.

Este tema había sido abordado en una reunión que tuvieron a través de lobby representantes de la industria con el superintendente Osvaldo Macías el 6 de agosto pasado, donde los voceros de las AFP informaron los pasos que estaban siguiendo y Macías indicó que la SP informaría su posición jurídica cuando los tribunales lo requirieran.

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