Fue el pasado 11 de septiembre cuando la Comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados recibió la noticia. A ocho meses de que se aprobara el protocolo que busca prevenir y sancionar el acoso sexual al interior de la Corporación, en la instancia se dio cuenta de lo que constituye la primera denuncia de esa naturaleza en contra de un diputado.

Según quienes participaron de la reunión ese día miércoles, no se habrían entregado antecedentes ni respecto del denunciante ni respecto del denunciado, respetándose la confidencialidad del proceso que quedó establecida como principio en el protocolo que fue impulsado por la administración de la diputada Maya Fernández (PS).

Sin embargo, fuentes de la Corporación señalaron que la denuncia recae sobre el diputado independiente e integrante del comité del Frente Regionalista, Pedro Velásquez.

En la cita de mediados de septiembre, dicen las mismas fuentes, los parlamentarios activaron el proceso para que se abra paso a la indagatoria.

Según el protocolo, cuando la denuncia recae sobre un parlamentario se debe elegir al azar a una diputada perteneciente a un comité y a una región distinta del acusado, quien estará a cargo de liderar el proceso de investigación. Tras escuchar a las partes y entregar sus conclusiones, la parlamentaria actuará como relatora ante la Comisión de Régimen Interno, instancia que finalmente aplicará las sanciones correspondientes en caso de que se compruebe que el acusado incurrió en conductas constitutivas de acoso sexual.

En el caso de la denuncia contra Velásquez, la investigación estará a cargo de la diputada del Frente Amplio y presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans.

Consultado sobre la denuncia, el diputado se mostró “sorprendido”, asegurando que “a mí no me han notificado de nada”.

Además, el legislador descartó tajantemente las acusaciones de abuso que se interpusieron en su contra, señalando que “aquí estamos frente a una persona que en su imaginación tiene una capacidad de inventar increíbles”.

Velásquez detalló que el exfuncionario de la Cámara que efectúo la denuncia -de iniciales A.G.R- tendría antecedentes penales y aseguró que ésta se trataría de una “revancha” en su contra tras haber despedido a su excolaborador.

Sanciones

En caso de que la agresión sea considerada “leve” el parlamentario arriesga la sanción del llamado al orden y una multa del 2% de su dieta. Para las “menos graves” el protocolo establece una amonestación y una sanción de, a lo menos, un 5% de la dieta. Mientras que para las “graves y gravísimas” el parlamentario podría arriesgar las sanciones de censura y una multa de entre el 10% y el 50% de su dieta.

Si se compruebe la existencia de un delito la Cámara de Diputados está obligada a denunciar al parlamentario ante el Ministerio Público.

/psg