Más de 600 personas asistieron a la reformalización de tres ejecutivos de la Compañía General de Electricidad (CGE) por los cinco incendios forestales que afectaron a la Región de O’Higgins entre 2016 y 2017.

La audiencia debió realizarse en el centro cultural de Peralillo, debido a la gran cantidad de personas que se esperaba que llegaran. Hubo personal de Carabineros y Gendarmería, además de servicios de salud ante la posibilidad de una emergencia. En tanto, el tránsito debió ser suspendido en las calles aledañas.

Según informó la fiscalía de O’Higgins, la imputación de cargos contra el gerente de Operaciones, Esteban Vucetich; el gerente técnico de CGE O’Higgins, Pablo Yáñez; y el gerente de Mantenimiento y Construcción de Santa Cruz, José Reyes, a quienes se les formalizó por incendio, buscaba fijar el último número de víctimas registrado: 665.

“Esta audiencia consistió en que pudiéramos reformalizar la investigación incluyendo y haciendo parte a las víctimas de este proceso, y eso les permita que puedan ejercer adecuadamente sus derechos y, eventualmente, acceder a una suspensión del caso si se dan los requerimientos”, señaló el fiscal regional (s) Javier von Bischoffshausen.

Así también, el tribunal de Peralillo fijó para el 17 de diciembre una audiencia para explorar una eventual suspensión condicional con la finalidad de buscar una pronta indemnización para parte de los afectados.

“No podemos esperar que todas la víctimas estuvieran potencialmente de acuerdo con ello, pero lo que el Ministerio Público va a instar, si es que arribamos a esta suspensión, es brindar la protección a las víctimas más vulnerables, de más escasos recursos, que probablemente no cuentan con un abogado para defenderse interponiendo demandas civiles. Queremos velar por todas las víctimas, pero en particular por aquellas”, acotó Von Bischoffshausen.

De acuerdo al ente persecutor, los incendios habrían ocurrido por la falta de mantención del tendido eléctrico. Los cinco siniestros consumieron en total 77 mil hectáreas e implicaron un gasto de más de $1.600 millones para su extinción.

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