El plazo para definir el futuro al interior del Ministerio Público del suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, se cumplió. Finalmente, el fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió iniciar un proceso de remoción contra el persecutor.

La firma de la decisión tenía que quedar resuelta ayer antes de las 00.00 horas. Hasta ese momento, Arias no había sido informado presencialmente de la sanción. Situación que cambió esta jornada.

En el punto de prensa convocado por el Ministerio Público, el vocero de la Fiscalía Nacional, Antonio Segovia, afirmó que se acreditó “mal comportamiento y negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”.

Detalló que Abbott decidió “acoger la propuesta de sanción que formula el fiscal (a cargo del sumario) Alberto Ayala quien tuvo por plenamente acreditados los cinco hechos por los cuales se instruyó el sumario contra el fiscal Arias”.

El jefe del Ministerio Público debía resolver si sancionaría al persecutor con el máximo castigo que contempla el Código Orgánico del Ministerio Público: una suspensión de funciones por dos meses con goce de medio sueldo.

Sumada a la medida disciplinaria, Abbott además inició el mencionado proceso de remoción ante la Corte Suprema. Esto debido a que el fiscal nacional no puede remover a un fiscal regional, sino que debe llevar dicha solicitud ante el máximo tribunal.

Alberto Ayala ofició como investigador sumariante en el proceso interno contra Arias por supuestas faltas administrativas. El persecutor cinco cargos contra Arias, incluyendo el de extracción de información del Sistema de Apoyo a la Operación (SAO), supuestas filtraciones a la prensa y a una denuncia por presuntas instrucciones que habría impartido Arias a abogados asistentes para que éstos no participaran en audiencias preparatorias del juicio en el marco del caso Caval.

Las sanciones que arriesgaba Arias iban desde una amonestación, una censura por escrito, una multa de hasta el 50% de su sueldo -por una vez-, una suspensión de hasta dos meses con goce de media remuneración hasta la activación de procedimiento ante la Corte Suprema para removerlo.

Esta es la segunda vez que un fiscal regional recibe la máxima sanción administrativa. La primera vez ocurrió en 2005, cuando la entonces fiscal regional de La Araucanía, Esmirna Vidal, fue expulsada del Ministerio Público tras un procedimiento llevado ante la Corte Suprema.

Esto, debido a negligencias que habría cometido en la investigación contra el exsenador Jorge Lavandero. El entonces fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, impuso la misma medida disciplinaria.

A dos días de la formalización

El anuncio de la sanción se produce dos días antes que Arias enfrente otra instancia investigativa clave para él: la formalización de la causa penal en su contra.

Esta indagatoria la está llevando el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, y formuló cargos contra su par de O’Higgins por violación de secretos y delitos informáticos. Para este 27 de septiembre está agendada la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Rancagua.

Este hecho no tenía precedentes en el Ministerio Público desde su creación: nunca se habían formulado cargos contra un fiscal regional por su eventual participación en ilícitos de carácter penal.

Han pasado poco más de cinco meses desde que estallara el caso que remeció al Ministerio Público, específicamente a Rancagua. El pasado 19 de abril, el fiscal de Alta Complejidad de O’Higgins, Sergio Moya, anunció que había denunciado verbalmente a su superior jerárquico, el entonces fiscal regional Emiliano Arias.

Durante esa jornada se dio a conocer que Moya estaba inculpando a Arias de cuatro hechos en los que había detectado irregularidades en investigaciones penales por parte de su jefe.

Entre estos estaba el proceso abreviado contra Herman Chadwick, la filtración de datos que haría cometido en una investigación por drogas que afectaba a su sobrino en Puerto Montt, la investigación por el Teatro Regional de Rancagua, y la formalización del ahora removido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta.

Cuatro días después se realizó un Consejo Extraordinario de fiscales regionales para definir a los persecutores que liderarían la investigación contra Arias.

En esa instancia, el fiscal Campos quedó a cargo de la arista penal contra su par de Rancagua; por otra parte, un día antes, se había designado a Ayala para hacerse cargo de la indagatoria administrativa.

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