Contraloría General de la República realizó una revisión al plan contra el narcotráfico 2016-2017, ejecutado por Carabineros y asignado por la Subsecretaría del Interior, el cual arrojó resultados lapidarios: un programa evaluado por la Dipres con mal desempeño, sin parámetros para medir efectividad y con baja ejecución presupuestaria.

“La Subsecretaría del Interior transfirió recursos a Carabineros para la ejecución del Plan Nacional contra el Narcotráfico, mediante los decretos exentos de 2016 y 2017 por $2.982 millones, constatándose a diciembre de 2018, que el organismo policial no había utilizado el monto de $1.620 millones, advirtiéndose que al 9 de septiembre de 2019 no se habían efectuado los reintegros correspondientes” a las arcas fiscales, dice el documento.

La Subsecretaría del Interior, si bien cuenta con indicadores droga incautada, considerando como línea base las estadísticas de 2015, no fijó parámetros para comprobar el grado de cumplimiento de las líneas de acción detalladas en el plan y tampoco indicó los responsables de coordinar las tareas correspondientes a la implementación de cada una de las instituciones participantes.

Asimismo, ambas instituciones, “contabilizaron erróneamente las transferencias recibidas y otorgadas, respectivamente, sin crear el acreedor y deudor presupuestario, según corresponde”.

En ese contexto, Contraloría determinó que los uniformados deberán “ingresar a Rentas Generales de la Nación los fondos transferidos y no ejecutados de los años 2016 y 2017 (…) debiendo dar cuenta de ello dentro del plazo de 30 días hábiles, desde la recepción de este informe”.

Por su parte, Carabineros se defendió diciendo que “la baja ejecución de recursos al 31 de diciembre de ese año en cuestión (2017), es producto de las exigencias legales y normativas que rigen la plataforma del Mercado Público, los procesos administrativos y las externalidades propias que generan los procesos de adquisición, señalando como ejemplo ‘los plazos de entrega por parte de los proveedores’”.

Con todo, desde Interior señalaron a Contraloría que el programa no continuará en 2019 y 2020, considerando que la iniciativa se reformuló bajo el Plan Frontera Segura, en el que se incorporó además la colaboración logística del Ejército en el combate al narcotráfico, los delitos de contrabando, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Ante ello, el fiscalizador pidió que informe en un plazo de 60 días sobre el destino de los bienes adquiridos por Carabineros de Chile para la ejecución del Plan Nacional contra el Narcotráfico, considerando el cierre del programa y su reenfoque hacia el “Plan Frontera Segura”, de acuerdo a lo señalado en su respuesta.

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