“Hay muchas cosas históricas en la vida, de las cuales he participado”. Con ese ímpetu ingresó el suspendido persecutor de Rancagua, Emiliano Arias, al tribunal de Garantía de esa ciudad, cuando la prensa -antes de la audiencia- le señaló que él sería el primer fiscal regional formalizado en la historia.

El encargado de presentar los cargos fue su colega, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien en la previa de la audiencia había evitado referirse al tema diciendo que él no litigaba por la prensa. “Lo felicito. Ahora es la hora de litigar en el tribunal”, señaló confiado Arias.

Y así fue. En la audiencia expuso una serie de conversaciones de WhatsApp -que el propio Arias entregó voluntariamente desde su teléfono personal- en la que su hermana María Graciela Arias, y su cuñado, Hans Heydel Jacob, le solicitaban una ficha de un presunto narcotraficante y su hijo, obtenidas desde el Sistema de Apoyo de Operación (SAO), las cuales Arias les habría compartido por la misma vía y también por mail.

Dicha persona habría estado vinculada con el sobrino del persecutor, que fue denunciado por su propio padre, quien para ello utilizó la información entregada por Emiliano Arias.

En ese contexto, el fiscal Campos señaló a la jueza que aquí se constituirían dos ilícitos: violación de secreto y delito informático.

Por su parte, el abogado de Arias, Marcos Contreras, remarcó que en este caso no se constituiría el delito informático, considerando que el persecutor tenía acceso autorizado a la plataforma SAO.

Para indagar aquello, la Fiscalía pidió cuatro meses de investigación, pero el tribunal otorgó finalmente seis meses, en cuyo periodo Arias no tendrá medidas cautelares.

Acto seguido, la defensa acusó que funcionarios estaban señalando presiones de la Fiscalía durante el proceso administrativo, donde incluso uno de ellos -cuyo nombre no fue transparentado- habría iniciado tratamiento psicológico a raíz de la situación.

iPhone 8 en disputa
Contreras puso en discusión una serie de cautelas de garantía, en la que principalmente se apuntó a la entrega voluntaria del teléfono institucional, un iPhone 8 que le había asignado Fiscalía para sus labores.

Desde ese dispositivo Campos tuvo acceso a la conversación que citó en la audiencia de formalización, el cual permanece incautado como medio de prueba de la investigación.

La disputa ha escalado durante meses, por lo que este viernes pidió nuevamente que el persecutor lo devuelva a Fiscalía, no a manos de Arias, sino que al sistema administrativo de Fiscalía; o bien, sea puesto bajo custodia.

Contreras apuntó a sus temores de que el dispositivo sea mantenido como rehén ante una posible medida intrusiva al teléfono.

En su réplica, Campos aseguró que no ha realizado pericias al dispositivo, que tiene claro que no le aplicará medidas intrusivas sin autorización, aunque acusó que debería ser la propia Fiscalía la que reclamara el dispositivo y no un tercero como Arias.

Sin embargo, sembró además la incertidumbre y deslizó sus dudas respecto a que Arias aparentemente habría cambiado en algún momento su equipo institucional.

Con todo, el nuevo intento por recuperar el equipo falló. Tras más de una hora de receso, la jueza rechazó la cautela presentada por la defensa, entre otras cosas, porque se sustenta en un hecho eventual y es el medio por el cual podría haberse cotemido el delito imputado. En concreto, la magistrado determinó que el dispositivo se mantenga en custodia de Fiscalía.

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