El caso de la profesora antofagastina jubilada María Angélica Ojeda -quien quiere sus fondos ahorrados en la AFP para pagar un crédito hipotecario- sigue golpeando al escenario previsional chileno, que por un lado debe esperar los avances de la reforma en el Congreso y, por otro, afrontar ideas como la patrocinada por diputados de la DC de retirar el dinero de los trabajadores para financiar una vivienda.

 El cuestionamiento ha revivido los casos de Argentina y Perú, quienes intervinieron sus sistemas de pensiones -muy similares al chileno- con distintas consecuencias.

El caso peruano

En mayo de 2016 comenzó a regir en Perú la ley que autoriza rescatar hasta los 95% de los fondos de pensiones.

Según cifras de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) de Perú, hasta mayo de este año un total de 244 mil personas retiraron el monto máximo permitido. Sin embargo, esto sólo equivale a un 3,4% del total de afiliados.

Ante esta situación, algunos medios de comunicación en Perú sostuvieron que al menos un 13% de las personas que cobraron sus ahorros se los gastaron en artículos de consumo o en pagar otros créditos contraídos con anterioridad.

Los “papelitos de colores” de Argentina

En Argentina actualmente usan el Sistema Integrado de Jubilaciones que da cobertura a casi la totalidad de argentinos, pero que según los economistas locales, tiene en quiebra al sistema.

En conversación con EL DÍNAMO, el economista y analista argentino, Manuel Adorni, explicó cómo los trasandinos se movieron entre un sistema de jubilación privado a uno estatal. Situación que derivó en un déficit anual del 33% para el Estado, lo que según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), se traduce en una pérdida mayor a los US$14.000 millones al año.

Adorni detalló que “al margen que esté quebrado el Estado hay una distorsión del sistema. Esto significa que hay gente que pagó toda su vida y que cobra lo mismo que alguien que no aportó nunca”.

“El 98% puede cobrar una jubilación, pero con montos irrisorios con los que no se pueden superar la línea de pobreza”, agregó.

Para Manuel Adorni, la explicación del complejo escenario se debe a que durante los noventas se instalaron en Argentina las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), una especie de sistema mixto donde el usuario podía elegir entre una jubilación pública o privada.

“En este esquema mucha gente había entendido que la forma privada era mejor, porque el Estado siempre ha dado jubilaciones miserables. En el 2008 esos fondos se estatizaron sin darle la posibilidad al sistema para que demostrara su eficiencia. Allí se creó el actual Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses”, explicó.

Hoy el sistema estatal está compuesto por casi 2 billones de pesos argentinos (US$34.890.009), pero tal como explicó Adorni, “es un fondo donde casi todo está prestado al mismo Estado, o sea, que son papelitos de colores que no sirven para nada”.

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