Desde autos a frutos secos, pasando por paneles solares, cobre o celulares. El mercado de artículos robados en Chile es amplio y variado. La naturaleza de este ilícito dejó hace años de ser interpretado por las autoridades como un delito menor y en la actualidad su persecución apunta a mafias o asociaciones ilícitas dedicadas a lucrar con lo ajeno. A tal punto llega esta preocupación, que desde 2016 las políticas públicas han avanzado en adecuar su tratamiento como al que se da a la venta de drogas.

Pese a que se trata de una cadena delictual que surge desde la clandestinidad del robo o el hurto, la receptación muchas veces se blanquea a través de locales comerciales establecidos dedicados a la venta de estos artículos.

Según datos de la Coordinadora Nacional de Mercado Delictual de Bienes Robados (Medbro) de la PDI, hasta el 3 de septiembre de 2019 se identificaron 1.545 negocios formales en todo el país que comercializan objetos de origen ilícito (ver infografía).

De acuerdo a los mismos datos, los rubros que lideran la venta de estos bienes son las chatarrerías (611), joyerías (413), venta de metales (108), telefonía celular (94) y desarmadurías (82).

Según Cristian Cerda, coordinador de Medbro, estos negocios “siguen todo el canal respectivo. Inician actividades, se establecen como formales y están a la vista del público. Pero buscan productos robados para tener una buena vitrina que les de ganancias”.

La identificación de estos comercios se da a través de la Sección de Inspección de Actas de Procedencia (Sinapro) de la PDI, entidad a la que los comerciantes están obligados a informar sobre sus compras. Luego, la policía civil coteja en terreno que esta información coincida con los productos en exposición.

Sin embargo, Cerda enfatizó que no se puede apuntar solo al comercio establecido en estos hechos, debido a la amplia presencia de comercio informal, cuyo número hoy es desconocido. A ello se suma la predominancia de internet, lugar donde es más difícil fiscalizar el comercio. “Estamos haciendo un trabajo con el SII para fiscalizar este sector. Pero hoy la web facilita la venta, porque no necesariamente se tiene que decir quién vende”, agregó.

Venta por zonas

Según Cerda, desde 2016, fecha en que se creó Medbro, se ha relacionado la oferta de ciertos productos con zonas geográficas específicas del país.

“El robo y venta de paneles solares predomina de Copiapó hacia el norte. En la zona central los frutos secos se convirtieron en un producto interesante para estas bandas, lo mismo ocurre con la madera y el salmón en el sur. Pero son productos puntuales. Bicicletas, vehículos, celulares y chatarras son bienes que se mueven en todo el país”, indicó Cerda.

Pero el destino de estos productos no siempre es territorio nacional. De acuerdo a Cerda, en el caso de frutos secos, salmones, entre otros, hay comerciantes establecidos que aprovechan su situación para exportar los bienes robados. “Son productos altamente exportables. En estas situaciones investigamos a empresas donde el porcentaje de producción es similar al de exportación, y eso nos llama la atención”, dijo Cerda.

Sin embargo, el origen de los productos también puede tener como procedencia el extranjero. Esto, gracias a delincuentes chilenos establecidos en otros países. De acuerdo a los hallazgos de la PDI, entre estos bienes predominan la ropa, joyas y artículos de lujos, y el origen es principalmente Europa. “Estos ingresan a Chile a través de encomiendas entregadas a familiares que luego son comercializadas”, explicó el coordinador nacional de Medbro.

Receptación

De acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, hasta septiembre de 2019 se habían producido 5.047 casos policiales por receptación, sumando procedimientos de ambas policías. De ellas, 2.272 ocurrieron en la Región Metropolitana, seguida por las regiones de Valparaíso (504) y Biobío (402).

En este sentido, la subsecretaria Katherine Martorell hace la diferencia entre la venta de artículos robados con el comercio ambulante. “Muchas veces cuando hablamos de comercio ilegal, se piensa primero en lo que uno ve cuando va a lugares de alta concurrencia de algunas comunas. Estos casos son distintos, acá se está buscando atacar a las grandes mafias que hay detrás”, indicó.

En este sentido, Martorell destacó los avances surgidos desde la implementación de la Ley Corta Antidelincuencia en 2016, la cual incorpora la receptación como delito base al lavado de dinero. En este sentido, la autoridad también resaltó el avance en el Congreso del proyecto que permite medidas intrusivas de las policías en la investigación de estos delitos, como la entrega vigilada”.

“La iniciativa de 2006, aprobada recientemente en comisión mixta, establece sanciones para el crimen organizado desde la perspectiva del comercio legal. Es un proyecto clave para nosotros y va a dar más herramientas para las policías, algo sumamente importante”, remarcó Martorell.

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