Dos situaciones fueron necesarias para que Luis Boric Scarpa, padre del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, vendiera en $1.140 millones un terreno ubicado en la comuna de Punta Arenas al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) el año 2016. La primera gestión fue realizada por el entonces alcalde Juan Morano (DC) -cónyuge de la otra dueña del terreno, Patricia Büchner- quien el 2004 cambió el uso de suelo donde se encontraba dicho predio a residencial. En la segunda, participaron Gabriel Boric y Doris González, entonces presidenta de Ukamau y actual miembro del equipo del diputado y vicepresidenta de Comunes.

A fines de octubre de 2015, cinco meses antes de que se concretara la venta del terreno, Boric junto a su equipo parlamentario, organizó un foro llamado “La vivienda, un derecho social” en la Universidad de Magallanes para concientizar sobre la importancia de las viviendas sociales, donde la principal oradora fue Doris González. En ese entonces la relación entre ambos no era cercana, sin embargo, hoy González es parte del equipo programático de “ciudad” de Boric, según su coordinador programático Diego Pardow.

El encuentro llevado a cabo en octubre de 2015 fue denunciado por el entonces concejal Juan José Arcos (PRI), quien aseguró que durante la operación de venta Boric invitó a González, “gestionó y pagó sus pasajes”. “Los gastos salieron de su bolsillo, el comunicado salió de su oficina parlamentaria y no puede, ahora, tratar de sacar las castañas con la mano del gato” dijo Arcos, quien añadió que “esa actividad buscaba presionar al Gobierno para que se concretara la venta de los terrenos”.

Durante esa oportunidad la dirigenta aseguró que existía un “enemigo en común que es un sistema y un modelo económico que nos niega y mercantiliza todos estos derechos: salud, educación y vivienda”. Boric, en tanto, destacó el rol del Movimiento Ukamau y celebró que “poco a poco vamos formando lazos entre organizaciones de izquierda”. “No estamos solamente pensando en resolver el problema concreto de la vivienda y se acaba, acá hay una lucha de largo aliento de las fuerzas de transformación y cambio”, dijo el parlamentario quien criticó que “en Magallanes la cantidad de terrenos que hay y la cantidad de gente sin casa es súper violento”.

Antes, en julio de ese año, en una polémica sesión del Consejo Regional Magallanes y Antártica Chilena, se sugirió al pleno mostrarse favorable al financiamiento para la adquisición de terrenos para concretar la construcción de loteos habitacionales en la región. En dicho lote se encontraba el terreno que tienen desde 1985 Luis Boric (DC), Patricia Büchner (DC) y Julio López, cuyo uso hasta 2004 era agrícola. La moción se aprobó por seis votos a favor, incluidos los concejales DC, y cinco abstenciones entre las cuales hubo consejeros regionales que aseguraron que habían sido amenazados por su postura al respecto de la venta de esos predios.

En noviembre de 2015 el Serviu, dirigido por Hina Carabantes, ex directora de Obras Municipales en la administración del alcalde Juan Morano, aprobó el contrato de compraventa de dicho predio por un monto de $1.140 millones, cuyo avalúo fiscal era de $3.276.854, multiplicando por más de 348 veces ese valor.

Según autoridades de la zona, pese a que no hubo ilegalidad en el actuar, tanto del alcalde Morano en el cambio de uso de suelo como en la autorización de la directora del Serviu -todos democratacristianos- aseguran que lo correcto por el conflicto de intereses, tanto familiar como político, habría sido abstenerse. Subrayan que éticamente es reprochable, ya que además dicho predio no era la primera opción de compra para el Serviu, que contaba con bancos de terrenos debido a los altos costos en que incurrirían para urbanizarlo con agua, luz y electricidad.

Por otro lado, la Contraloría pasó de declarar ilegal la compra del Serviu en febrero de 2016, debido a que se había hecho “por trato directo sin la debida justificación, con sobreprecio y una tasación que no cumplió mínimas exigencias”, a aprobarla “con reparos” en junio del mismo año. El abogado querellante en ese caso, Mario Zumelzu, calificó ese dictamen como “una vergüenza, tremendamente discriminatorio y que transgrede las más elementales normas de probidad”. Aseguró, en aquella ocasión, que “se eligió a dedo un determinado terreno, sin ver las reales necesidades de Magallanes y su gente”.

Luego de la primera resolución, Gabriel Boric aseguró que el terreno fue comprado un año antes de que él naciera y que “jamás he realizado actuación alguna que tenga que ver con el caso en cuestión, ya que estoy plenamente consciente que de hacerlo estaría incurriendo en un flagrante conflicto de interés”. Consultado por el tema durante su campaña presidencial, el candidato aseguró que lo que hizo su padre no le gustó. “No lo hubiese hecho yo”, sostuvo.

Rol de Doris González en otra toma de la región

La ex presidenta y vocera de Ukamau, quien ha representado a Boric en el sorteo de un debate y ha realizado vocerías del comando de Boric, participó en encuentros con Nicolás Maduro en su calidad de dirigenta del movimiento. En octubre de 2019 participó en un encuentro internacional de comunas que el régimen chavista realizó en Venezuela, donde se refirió a Maduro como “el Presidente de la Patria Grande”.

Además, fue una de las dirigentas que “avivaron las protestas” en el segundo aniversario del 18 de octubre, llamando desde antes de las 8:00 horas a manifestarse junto al movimiento de pobladores.

Pero sus gestiones por “la lucha de la vivienda” no han quedado ahí. Según las mismas fuentes de Magallanes consultadas, González organizó una toma en dicha región en la misma época en que se negociaba la venta del terreno del padre de Boric. En ese entonces la dirigenta ayudó a tomarse un predio del ex intendente Mario Maturana (DC), quien ha solicitado actualmente al Serviu que le compre su terreno para utilizarlo para construir viviendas sociales, ya que continúa el asentamiento ilegal en el lugar.

Cercanos a las negociaciones aseguran que ha existido una tolerancia y facilidades por parte de Maturana para que se instalen las personas en ese predio. Y cuestionan que cuando ya existe una toma en un territorio, el Serviu la adquiere a un precio mucho más alto que el avaluado por el fisco y acelera el proceso de venta.

Por Daniela Bas para El Líbero

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