Perú había amanecido este lunes con “dos presidentes”. Esto, después de que el Jefe de Estado, Martín Vizcarra, anunciara el lunes la disolución del Congreso y convocara a elecciones para el 26 de enero. Sin embargo, la oposición -dominada por el fujiaprismo reaccionó suspendiendo a Vizcarra, mientras Mercedes Aráoz, a la sazón Vicepresidenta, juraba en “reemplazo” del Mandatario, profundizando aún más la crisis política que sufre el país. Para algunos se trató de un “golpe” de Vizcarra, mientras otros sostienen que el gobernante actuó en derecho luego de que el Legislativo le negara un voto de confianza ligado a una reforma del procedimiento de la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional.

“No me corro a mis responsabilidades, por más difíciles que sean las circunstancias”, dijo al juramentar Aráoz, quien junto a Vizcarra formó parte de la plataforma presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, que renunció en marzo de 2018 debido a las mismas disputas políticas.

Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar otra vez este martes. En efecto, la propia Aráoz señaló en diversos medios internacionales que su proclamación de la víspera por parte de miembros del disuelto Congreso solo había sido un acto de significación política. “No, lo que hice fue básicamente un acto político. Tuve que ser prudente en mis acciones de ese momento. Lo que intenté hacer fue decir que podemos resolver las diferencias mediante el diálogo”, declaró.

La señal de la OEA

Durante la noche de este martes, en tanto, la dirigenta imprimió un nuevo vuelco a su postura ante la contingencia, al emitir una declaración en la que renunció a la Vicepresidencia, al tiempo que desistió de asumir la responsabilidad por la que veinticuatro horas antes había juramentado. “Cumplo con declinar del encargo conferido al renunciar al cargo de vicepresidenta constitucional de la República”, expresó.

Mercedes Aráoz manifestó en el comunicado que “la razón fundamental de mi renuncia es que se ha roto el orden constitucional en el Perú”.

Asimismo, declaró que, “ante la invocación de la Organización de Estados Americanos para que sea el Tribunal Constitucional el que dirima la constitucionalidad de la medida adoptada por el señor Martín Vizcarra de disolver el Congreso, considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Parlamento”. Y es que la OEA ya había valorado como un “paso constructivo” que Vizcarra haya convocado a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020 “y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano”.

“Desde mi posición de ciudadana seguiré trabajando para resguardar el estado de Derecho y el diálogo y el consenso como los mejores caminos para lograr el desarrollo del Perú”, agregó.

A través de su cuenta de Twitter, por otra parte, Aráoz dijo esperar que “mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país”.

Mercedes Aráoz

@MecheAF

He decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Vicepresidenta Constitucional de la República. Las razones las explico en la carta adjunta. Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país.

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También bajando el tono de sus dichos durante y tras la votación para suspender a Vizcarra, el presidente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, señaló la noche de este martes que “tenemos que buscar una solución en el TC de Perú. La crisis no ayuda a nadie”.

Por su parte, el recientemente designado primer ministro de Vizcarra, Vicente Zeballos, saludó durante noche la dimisión de Aráoz, manifestando que “está corroborando su actitud demócrata. Por ella tengo las mejores consideraciones. Fuimos parte de una bancada y hemos tenido una relación de comunicación de mucho respeto. Creo que este gesto hay que saludarlo, no solamente es una actitud con el país, sino de compromiso”.

La rivalidad entre Aráoz y Vizcarra surgió luego de que este intentara implementar una serie de reformas políticas y anunciara el 28 de julio pasado, sin consultarla, una propuesta para adelantar en un año las elecciones, previstas para 2021. “Hay que cumplir el mandato que nos dio el pueblo”, señaló la propia Aráoz en una entrevista con La Tercera publicada a mediados del mes de agosto.

Pese a que ambos formaron parte de la plataforma electoral de PPK, están ahora en caminos absolutamente opuestos. La crisis, que se arrastra desde las elecciones de 2016 -en las que Kuczynski se impuso por un puñado de votos a Keiko Fujimori– se profundizó esta vez tras el empeño de Vizcarra por querer reformar el método de elección de los miembros del TC, con los que buscaba impedir que ese alto tribunal fuera cooptado por la oposición. “Aquí se trata de luchar contra la corrupción, los blindajes y la inmunidad, que se usa como impunidad. Detrás del pedido de transparencia para los magistrados del TC están millones de peruanos”, dijo Vizcarra.

Todo este revuelo ha provocado que para parte de la sociedad peruana, el cierre del Congreso sea visto como un “golpe”, al estilo del “autogolpe” dado por Alberto Fujimori en 1992. Sin embargo, la otra mitad estima que Vizcarra actuó bien, en el marco de su lucha contra “los corruptos”.

El complejo escenario

“Hay incertidumbre (…). Vizcarra seguirá gobernando y se elegirán a nuevos representantes del Congreso” , dijo a La Tercera el politólogo peruano Luis Benavente. “Lo único que podría complicar o detener la disolución del Congreso sería un pronunciamiento del Tribunal Constitucional”, agregó.

Para Fernando Rospigliosi, analista y exministro del Interior, se trata de “un golpe de Estado”. Lo mismo cree el columnista peruano Aldo Mariátegui, quien apuntó: “Ha quedado claro que Vizcarra buscaba cerrar el Congreso como sea. Y así lo ha hecho”.

Pero no todos piensan de esa manera. Para Augusto Alvarez-Rodrich, columnista de La República, “lo único que se le podría criticar al Presidente Martín Vizcarra por disolver el Congreso, de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución, es haberse demorado tanto en tomar la decisión”.

¿Qué viene ahora? Esa es la pregunta del millón en Perú. Primero, el Ejecutivo está facultado para solicitar a la policía que los congresistas que se nieguen a desalojar el recinto, lo hagan. De hecho, eso ocurrió este martes cuando algunos congresistas y legisladores que forman parte de la Comisión Permanente -que debe entrar en funciones hasta que se concreten los comicios- se enfrentaron a los uniformados que impidieron su acceso al Legislativo.

La Constitución peruana establece que si dentro de los 4 meses de disuelto el Congreso no se efectúan las elecciones, “el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros”.

Para enredar aún más el asunto Jorge Barata, el hombre de Odebrecht en Perú, deberá revelar este miércoles en Brasil qué congresistas recibieron financiamiento de la constructora para sus respectivas campañas políticas, lo que podría agudizar aún más la crisis política peruana.

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