Llegó octubre y el ya tradicional proceso para el reajuste salarial del sector público inició su discusión. Esta vez la petición inicial de la ANEF y las organizaciones coordinadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), presentada el pasado martes, partió un punto porcentual por debajo de lo solicitado el año pasado, apuntando a un alza del 7% para 2020.

Dicho guarismo, explicaron desde las organizaciones, se calculó por el IPC proyectado, el factor de crecimiento del país y un factor de equidad y distribución de la riqueza en Chile.

Pese a ello, economistas ven poco espacio para que la subida de salario en los términos que está pidiendo el sector público se pueda lograr, más bien afirman que la negociación con el Ejecutivo terminará reduciendo ese 7% a cerca de la mitad, similar a lo que ha ocurrido en todos los procesos de los últimos dos Gobiernos.

Para David Bravo, director del centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, la solicitud inicial “está bastante en línea con lo que ocurre en general en este tipo de negociaciones. O sea, generalmente, están bastante desalineadas las pedidas. Es como el tejo pasado que siempre ocurre”.

“Los reajustes de remuneraciones en el sector público es un rito que siempre vemos en esa línea, así que creo que uno tiene que tomarlo como tal. Siempre ha sido así”.

Consultado a qué porcentaje sería razonable llegar, Bravo sostuvo que el reajuste “debe estar acorde al crecimiento de las remuneraciones de la economía. El crecimiento real de las remuneraciones en la economía, más la inflación, deberían dar una pauta”, añadiendo, por lo tanto, que “deberíamos estar pensando en incrementos reales no más allá del 2%, que es lo que está ocurriendo en las remuneraciones del sector privado en general”.

En tanto, el economista de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, expuso que “es muy difícil que lleguen a ese 7%. Creo que es una petición que seguramente está hecha con el objetivo de entrar a negociar posteriormente y ajustarla a una tasa de inflación con algún delta, como siempre ha ocurrido”.

Así, apuntó que “seguramente se va a ir ajustando a una cifra más cercana al 4%, que es en lo que seguramente va a terminar esta negociación”.

Mientras que el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, comentó que “los incrementos salariales tiene que estar de alguna manera relacionados con la cobertura de la inflación, la cual se espera que esté debajo del 3%”, sumado al cálculo de la productividad del sector público.

“Yo acabo de calcular la productividad total de factores y me ha dado nuevamente un crecimiento de la productividad de 0% en la economía. Sospecho que la productividad del sector público va a andar por ahí. Sería muy raro que fuera mucho más alta que lo que está ocurriendo en la economía”, añadió.

Por ello, continuó, “yo lo que me aventuro a inferir en ese sentido es que el aumento (del salario en el sector público) debiera ser acotado a la inflación: un 3%”.

El año pasado el reajuste pactado entre el sector público y el Gobierno para el 2019 terminó en un aumento del 3,5% -congelando eso sí los sueldos de los altos cargos de la administración del Estado-, considerando que la petición de los trabajadores comenzó en 8% y La Moneda solo accedía a un alza del 2,9%.

Tuvieron que pasar nueve reuniones y tres días de paro nacional, que incluyeron manifestaciones y detenidos, para lograr resolver la situación.

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