Un nuevo cruce de temas se está produciendo entre la Reforma Tributaria en discusión y el proyecto de Presupuestos 2020.

¿De qué se trata? Un dato clave para la proyección de ingresos para construir el gasto fiscal tiene que ver tanto con la recaudación tributaria, como con aquellos gastos tributarias, que es el monto de ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo especial para beneficiar, promover o fomentar determinadas actividades, sectores, ramas, regiones o grupo de contribuyentes y que les permite diferir pago de impuestos, amortizarlo, deducirlo o quedar exentos.

Algunos de estos gastos tienen larga data. Por ejemplo, la cotización obligatoria a las AFP que no tributa, APV y Cuenta 2, el leasing, el crédito especial para la vivienda, la depreciación tributaria, la exención de IVA de los servicios de educación y salud, el impuesto al diésel a camioneros, el diferimiento de la distribución de utilidades y la renta presunta, por solo mencionar algunos.

De acuerdo con los datos del IFP, para 2020 este gasto tributario alcanzará los US$9.028 millones, equivalente al 2,86% del PIB. Esto implica un aumento en montos en relación a 2018 de US$598 millones y de US$637 millones respecto a 2017, aunque no varía sustancialmente en términos de Producto Interno del año pasado (2,88% del PIB) y 2017 (2,81% del PIB).

Estos gastos se agrupan en tres bloques: impuesto a la renta, IVA e impuesto a los combustibles, y se miden a Valor Presente Neto, VPN (según las recomendaciones del Comité Asesor para el Informe Anual de Gasto Tributario), aunque existen metodologías más tradicionales igualmente válidas.

Del total proyectado para 2020, las exenciones al impuesto a la renta son las más cuantiosas, llegando a US$6.520 millones (2,07% del PIB), compuesto por las exenciones a las empresas y las personas e implica un aumento en relación a dos años anteriores de US$450 millones. Luego vienen las exenciones al IVA que se estiman en US$2.407 millones, es decir, US$170 millones más que hace dos años; y el impuesto a los combustibles, cuyas exenciones suman US$101 millones, US$17 millones más que en 2017 (ver tabla).

¿Qué implica?

Según el abogado Claudio Bustos, de Bustos Tax&Legal, “las franquicias se han ido acotando en forma significativa en los últimos años para evitar que se utilicen con fines elusivos”, citando los ajustes a la renta presunta en la reforma del 2014 o la franquicia DFL2.

Para 2020 además, así como se incorporó en los ingresos tributarios lo que ya fue aprobado de la reforma tributaria, también está considerado el gasto tributario, como la limitación del uso del market maker y el fin de la exención de contribuciones a los predios forestales. También está la depreciación instantánea de La Araucanía y semiinstantánea general, la reducción del plazo para recuperar el IVA y el aumento del crédito especial para la vivienda, estimados en US$474 millones en el Informe Financiero de la reforma.

Según el exdirector del SII, Michel Jorratt, la cifra de gasto tributario como PIB se ha ido moderando en el tiempo, ya que “antes de la reforma de 2014 estaba en torno a 5% del PIB por el FUT”. Reconoce, además, que “hay exenciones impopulares de revisar”, como las de los servicios de salud y educación, y la de ganancias de capital “que son difíciles de medir porque hay poca información”.

En la misma línea, el académico de la UAI, Claudio Agostini, plantea que la actual discusión tributaria es una buena oportunidad de revisar, por ejemplo, el impuesto al diésel, el IVA al transporte de pasajeros y el de los servicios a la salud y la educación.

“Es necesario ir evaluando si las franquicias cumplen su objetivo y eliminar las que no, porque el 3% del PIB en exenciones es alto para nuestra economía: solo basta recordar que la reforma de Michelle Bachelet quería recaudar 3% del PIB”, subraya Agostini.

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