Fue el pasado 20 de agosto cuando el ministro Antonio Walker anunció que se decretaba emergencia agrícola en toda la Región de O’Higgins debido a la escasez hídrica, lo que permitió la entrega de $1.900 millones para enfrentar la situación. Pese al apoyo, los problemas en la zona siguen.

Por eso es que este viernes el Gobierno decidió decretar zona de escasez hídrica, luego de que la región fuera la primera en instalar una Mesa Regional de Escasez Hídrica, una instancia de trabajo ideada especialmente para tratar el tema en aquellas localidades ya calificadas como en emergencia agrícola.

Aunque la primera medida permitió a la región “tener mayores recursos para ir en ayuda particularmente del sector ganadero y de agricultores”, como explicó el intendente Juan Manuel Masferrer, el decreto de escasez hídrica permite “efectivamente tener mayor flexibilidad”.

Ella se traduce, de acuerdo a la autoridad regional, en que se pueda “determinar y manejar el cauce de los ríos” y que “la distribución del agua se haga de la forma más correcta y justa posible”.

“Dentro de todo lo complejo, son muy buenas noticias”, aseguró el intendente. “Nos permite avanzar en soluciones para este tema de la sequía, que tiene que ver con la emergencia”.

Apoyo desde el MOP

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, confirmó que en la región se trabajaba hace días en el tópico, “de manera tal de atacar cada uno de los temas que existen en O’Higgins”.

“Dentro de ello, el propio intendente había solicitado decretar escasez, lo que tiene ciertos requisitos legales”, explicó. “Se han examinado y ayer ya se firmó eso, por lo tanto toda esta zona es decretada zona de escasez hídrica”, añadió.

En palabras del secretario de Estado, el nuevo estatus “le da autorización a las autoridades, en este caso a la Dirección General de Aguas, para poder, frente a la emergencia, hacer la distribución del agua que sea necesaria”. “Lo que nos permite es poder gestionar un agua mucho más escasa y poder enfrentar, entonces, de mejor manera la emergencia”, añadió.

Como ejemplo, señala los casos en que “el consumo humano esté afectado” o “haya alguna actividad muy relevante que no se pueda estar haciendo producto de la escasez” para “poder entonces tomar medidas de redistribución de las aguas”.

“Permitir, por ejemplo, que un APR (Programa de Agua Potable Rural) que no tenga agua pueda sacarla de un pozo, aunque no tenga derechos, o permitir el traslado de los derechos de un lugar a otro de una forma más rápida”, finalizó el ministro.

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