Ahora que la acusación constitucional contra la ministra de Educación Marcela Cubillos es parte de la historia de intentos fallidos de la oposición para dañar al gobierno, tanto la administración del Presidente Sebastián Piñera como la fragmentada oposición tienen una inmejorable oportunidad para dejar de lado las armas de guerra. Porque la gente quiere líderes políticos que se aboquen a ponerse de acuerdo para solucionar problemas y no actitudes belicosas y confrontativas, ambos debieran aprovechar de dar vuelta la página y trabajar juntos para encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta el país.

La oposición tiene razones para sentirse frustrada por la forma en que se resolvió la acusación constitucional. Pese a contar con una mayoría de escaños, no logró alinear a todos sus diputados. Si bien un puñado del PDC votó contra la acusación, también hubo parlamentarios que son incuestionablemente de izquierda que se opusieron. Culpar al PDC puede ser atractivo y tentador, pero la razón por la que Cubillos sigue en su cargo y la estrategia de la izquierda falló tiene más que ver con la equivocada lectura que hizo ese sector sobre cuáles son las prioridades de los chilenos.

La acusación a Cubillos nunca tuvo el apoyo popular que esperaba la izquierda precisamente porque, para las familias que aspiran a que sus hijos logren adquirir las herramientas que les permitan ser competitivos y exitosos en el mundo de hoy, la salida o permanencia de Cubillos no iba a tener ningún efecto en la calidad de la educación. Es cierto que Cubillos tiene prioridades diferentes a las que tenía el gobierno de Bachelet que impulsó la reforma educacional que ahora se está implementando. Pero los chilenos votaron mayoritariamente por Sebastián Piñera en 2017, un candidato que expresó claramente que sus prioridades en política educacional eran muy diferentes a las que había tenido Bachelet.  Que el gobierno de Piñera quiera revertir, o al menos aminorar, el efecto de las reformas educacionales de Bachelet no es solo comprensible —dada su ideología—, sino perfectamente legítimo, dado que los chilenos votaron mayoritariamente por un candidato que se comprometió a hacer precisamente eso. Resulta irónico que la izquierda, que tanto defiende la democracia, le exija a Piñera —y a sus ministros— incumplir sus promesas de campaña.

En las semanas que se vienen, el gobierno y la oposición tendrán amplias oportunidades para trabajar juntos en la ley de presupuesto, en la reforma tributaria y en la reforma de pensiones.

A su vez, el gobierno debe entender que la victoria de Cubillos no implica un cheque en blanco para que se dedique exclusivamente a destruir el legado su predecesor. Los chilenos quieren avanzar hacia un país mejor, no revivir los conflictos de años anteriores. El gobierno tiene todo el derecho a impulsar sus iniciativas que mejoren lo que existe y promuevan sus valores de mercado, privilegiando la competencia por sobre el paternalismo estatal. Pero si Piñera aspira a que su legado sea dejar al país tal como estaba antes de que Bachelet asumiera en 2014, el suyo será un gobierno fracasado.

En las semanas que se vienen, el gobierno y la oposición tendrán amplias oportunidades para trabajar juntos en la ley de presupuesto, en la reforma tributaria y en la reforma de pensiones. Si el gobierno logra que esas tres reformas salgan antes de que termine el año legislativo a fines de enero de 2020, su legado quedará asegurado en la historia y Chile Vamos será claramente competitivo en las elecciones regionales y municipales de 2020. Pero para eso, el gobierno deberá estar dispuesto a negociar y transar en algunas de sus prioridades. Negociar implica aceptar que, para sacar adelante los proyectos, hay que hacer concesiones que también permitan a la oposición declarar victoria por los logros obtenidos.

La oposición, herida y dividida por su fracaso, tiene varias cartas ganadoras bajo la manga. Además de contar con mayoría en ambas cámaras, defiende varios temas tremendamente populares, como su propuesta de jornada laboral de 40 horas semanales y su oposición a las impopulares AFP. En las negociaciones que se vienen, la oposición debiera levantar y defender esas banderas, ofreciéndole —eso sí— oportunidades al gobierno para lograr acuerdos. La oposición también debe entender que le resulta más beneficioso políticamente demostrar que es capaz de defender principios en la búsqueda de acuerdos que batir el récord de obstruccionismo. Si la oposición solo se dedica a bloquear al gobierno, lo más probable es que sea incapaz de convencer a los chilenos en 2020 y 2021 que tiene lo que se necesita para liderar en la búsqueda de acuerdos que permitan la gobernabilidad.

Ahora que va quedando atrás la tensión que generó la acusación constitucional contra Cubillos, es de esperar que el gobierno y la oposición aprovechen la oportunidad que se abre para sentarse a la mesa de negociación y hacer la pega de los políticos, encontrar acuerdos entre personas que piensan distinto para abordar exitosamente los desafíos que enfrenta el país.

/Escrito por Patricio Navia para El Líbero

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