Durante la mañana, el Presidente Sebastián Piñera convocó a una reunión al ministro de Justicia, Hernán Larraín, la que se concretó pasadas las 11.30. ¿La razón? Abordar la polémica que existe entre el poder judicial y el Tribunal Constitucional (TC) luego de la sentencia de la tercera sala del máximo tribunal determinara que los fallos del TC pueden ser revisables a través de recursos de protección.

En este escenario, en la cita -en la que también estuvieron presentes los ministros Andrés Chadwick (Interior), Cecilia Pérez (Segegob) y Segpres (Gonzalo Blumel)– Piñera analizó el tema para salir abordarlo públicamente a través del titular de Justicia.

Así, tras esa reunión -que se extendió por un poco más de una hora- Larraín realizó un punto de prensa en el patio de Los Naranjos. Ahí, el secretario de Estado partió manifestando la preocupación que existe en el gobierno en la materia y calificó de “grave” la disputa entre los dos organismos.

En el gobierno afirman que el Presidente Piñera convocó a la reunión porque encontró necesario abordar la materia, ya que -dicen- no es primera vez que ambas instituciones se enfrentan.

Si bien, en el Ejecutivo evitaron ponerse a un lado de una u otra institución, en privado sostienen que hay preocupación por las posturas que ha ido adoptando los tribunales de justicia. De hecho, el propio Presidente en más de una oportunidad ha transmitido eso públicamente.

“Creemos que un conflicto de esta naturaleza, una contienda de competencia de esta índole, es extraordinariamente delicada y grave, porque de alguna manera pone en cuestión nuestro ordenamiento institucional”, sostuvo Larraín.

En ese sentido, el secretario de Estado indicó que “como gobierno hacemos un llamado a ambas instituciones, a que de común acuerdo, busquen un camino de solución a esas diferencias que se han manifestado públicamente”, indicó Larraín. Agregando que “nosotros no somos como gobierno un órgano llamado a dirimir esta contienda de competencia, y no está resuelto en el orden constitucional nadie que lo haga”, pidió el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Sin embargo, advirtió que en caso de que ambas instituciones no lleguen a una solución, el gobierno podría intervenir de forma normativa.

“Esperamos que eso resuelva un tema que ya se viene arrastrando de hace algún tiempo. Pero en todo caso, nos reservamos también el derecho, en su momento, de intervenir de una manera normativa. Es decir, propiciando reformas constitucionales, cambios a la ley orgánica o propiciando leyes que puedan, de alguna forma, contribuir a resolver esta situación si acaso no lo han hecho directamente ambas instituciones”, sostuvo el titular de Justicia y Derechos Humanos.

Crece tensión

La disputa entre ambas instituciones ha ido en ascenso desde que se conociera el fallo de la tercera sala del máximo tribunal.

Ayer la presidenta del TC, María Luisa Brahm, leyó una declaración pública donde indicó que no están “sujetos a la superintendencia de la Corte Suprema”.

Palabras que fueron respondidas hoy por el jefe del máximo tribunal, Haroldo Brito, quien señaló que “la jurisprudencia de los tribunales es un proceso más largo que una sola decisión”.

Sobre la disputa de competencias, Larraín indicó esta jornada que “se supone que el TC tiene un ámbito específico de competencias, dictaminado por la constitución, y que la CS tiene otro, y que por lo tanto, no debería haber traslape de funciones jurisdiccionales y que ambos deberían actuar dentro del ámbito propio que la constitución les ha señalado. Sin embargo, hemos visto que a pesar de esa limitación que establece nuestro orden jurídico se están produciendo afectaciones, porque se sienten ambos invadidos en su campo”, concluyó.

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