Ayer el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya, denunció un aumento unilateral de la cuota de captura del jurel por parte de Perú, una situación que de ser cierta violaría los tratados internacionales sobre el control de pesca y producción en el Pacífico Sur.

Una acusación que hoy fue respaldada por diferentes gremios dedicados a la actividad, como lo son la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) y la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca).

“No estamos de acuerdo con este tipo de decisiones unilaterales y que rompen acuerdos internacionales de protección y manejo de los recursos pesqueros que compartimos los países del Pacifico Sur, pues atentan contra la sostenibilidad de las especies y echan por tierra el enorme esfuerzo que ha significado recuperar el jurel, una pesquería de enorme importancia económica y laboral para nuestro país”, sostenía la presidenta de Asipes, Macarena Cepeda.

El gerente general de Sonapesca, Héctor Bacigalupo, valoró lo hecho por el Gobierno, y aseguró que de resultar cierto lo denunciado , se trataría de “una situación gravísima y violaría derechamente los tratados internacionales sobre el control de pesca”.

“En este caso, Perú actuó sin la debida consideración y no se observó el límite máximo de captura autorizado de jurel en el área de distribución del pacífico sudeste. Esta situación complica el correcto funcionamiento de la institucionalidad y se estrella con lo que hacemos en Chile”, agregó Bacigalupo.

Desde los gremios pesqueros también apuntaron al “esfuerzo” que han realizado en los últimos años por certificar la pesca del jurel y evitar así su casería indiscriminada, algo que hoy no se estaría viendo en Perú.

“Hacemos un llamado a los estados miembros de la ORP a respetar sin excepciones las cuotas sostenibles establecidas por el Comité Científico de esta organización, ya que esto ha permitido la recuperación del jurel y asegurar su disponibilidad futura”, reclamaron desde Asipes.

La denuncia realizada por el Gobierno apunta a que el país vecino incrementó el límite de captura del recurso a 138.000 toneladas, infringiendo así el acuerdo multilateral OROP-PS, que establece que Lima sólo puede pescar 60.000 toneladas.

“La ORP precisamente es la instancia donde se supone existe un consenso transversal por cumplir las medidas que en ella se establecen, siempre en base a criterios científicos y donde, desde su creación, nunca han primado los intereses de corto plazo”, explicó Cepeda.

Quien además dijo que las denuncias realizadas por el Ejecutivo “van en la línea correcta de cuidar los recursos pesqueros, asegurar su sostenibilidad futura y proteger los criterios científicos y técnicos que deben regir la toma de decisiones pesqueras”.

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