En la recta final de la campaña por las elecciones presidenciales del 27 de octubre, el Presidente de Argentina y candidato a la reelección, Mauricio Macri, se ha radicalizado y dejado atrás los matices. Cuando puede perderlo todo, apuesta a ratificar su identidad y a construir una nueva mística en tiempo de descuento.

Dos años le llevó a la ministra de Seguridad trasandina, Patricia Bullrich, imponerse en el gabinete para avanzar con el proyecto de la “ley mentira”, que castiga a cualquiera que le mienta a un juez, incluso si es el acusado (hoy solo se castiga al testigo). Es un proyecto que va en contra de la interpretación histórica que ha hecho la Corte Suprema de la Constitución y que, para muchos penalistas, implicaría un avance muy peligroso del Estado sobre garantías constitucionales.

“Todos los que hayan sufrido un delito, la sociedad, van a estar a favor”, dijo Bullrich en la presentación del proyecto. “Esto va muy a fondo del alma de la Argentina”, añadió.

El problema no fue convencer a Macri sino al Ministerio de Justicia que dirige Germán Garavano – “la línea tenía objeciones”, cuentan desde dentro de la propia cartera -. Tan de Bullrich era el proyecto que se anunció en la sede del Ministerio de Seguridad.

“Convencer a Macri fue facilísimo: es ingeniero. Él dice ‘mentir está mal, ¿cómo se le va poder mentir a un juez?”, dijo al periódico argentino La Nación un legislador del oficialismo, quien celebró “el gesto” que implica este proyecto de ley.

Un “gesto”

Sin chances reales de que el Congreso se disponga a tratarlo, este proyecto es, más que ninguna otra cosa, un gesto. El objetivo real es mostrarse del lado de “la verdad”, de la ética, de los valores. “Vivimos en un país donde la mentira estuvo institucionalizada”, dijo el diputado Fernando Iglesias, que participó del anuncio de la iniciativa.

En este tramo de la campaña, donde la apuesta es por el milagro, Macri se abraza a una épica que no admite grises. No es extraño, entonces, que el Gobierno impulse proyectos como esta “ley contra la mentira”; el fortalecimiento del “control poblacional” de las fuerzas de seguridad, o la ampliación del “servicio cívico voluntario”.

Tampoco es raro que el Presidente haya dicho, tomando partido en el tema del aborto como nunca antes, que está “claramente a favor de las dos vidas”. En Neuquén fue incluso más allá. “¡Las dos vidas, por supuesto! ¡Todo con Dios, que nos da la fuerza todos los días!”, dijo.

En la efervescencia de las caravanas que lleva a cabo desde comienzos de mes por diversas ciudades del país, en Tucumán le besó los pies a una mujer del público. Un gesto extremo que sorprendió hasta a sus colaboradores más cercanos.

El proyecto que propone el perjurio, según Bullrich, está “en el corazón del pensamiento de Juntos por el Cambio”-coalición oficialista- y ante la imposibilidad de negar los daños de la crisis, un funcionario bajo anonimato lo dijo sin eufemismos: “Con este gobierno la pasas mal, pero no te miente”.

El debate jurídico

El debate jurídico es más profundo. La Constitución Nacional dice que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo” y la Convención Americana sobre Derechos Humanos afirma que toda persona “tiene derecho a no ser obligada a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”.

Los ministros Bullrich y Garavano sostienen que la garantía está preservada con la posibilidad que tiene el acusado de negarse a declarar, pero que, si declara, debe decir la verdad o de lo contrario será sancionado. Argumentan que en EE.UU. el sistema funciona así y que “cuando la mentira se integra abiertamente en el proceso, los jueces instructores acaban perdiendo sensibilidad ante los imputados que desean sinceramente decir la verdad, porque no hay diferencia procesal alguna entre declarar la verdad o no”.

Es la opinión que sostiene desde hace años el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien afirma que “buena parte de los problemas de la administración de la Justicia” se dan porque se debe “encontrar la verdad entre muchas mentiras” y que esto es así porque la mentira no se sanciona.

Según el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en cambio, el proyecto del Gobierno viola la Constitución, pues la garantía abarca tanto “la potestad de no declarar como así también la facultad de declarar sin tener que asumir la culpabilidad bajo ninguna forma de coacción estatal o privada”. Además, sostiene que la propuesta afecta el principio de “progresividad y no regresividad de los derechos y garantías” (no se puede retroceder).

Un tema especialmente polémico es que el castigo a quien “a sabiendas afirmare una falsedad o negare una verdad” incluye también a los defensores. Los abogados se opusieron de inmediato.

Alejandro Carrió, referente en materia de garantías constitucionales del proceso penal, considera que la interpretación de la Constitución que hacen los autores del proyecto es una lectura posible, a pesar de que va en contra de la interpretación histórica que ha hecho la Corte Suprema hasta ahora.

“La Corte, desde sus primeros pronunciamientos, habla de la coerción que significa hacer declarar a un acusado bajo juramento”, explicó. Según él, lo más delicado es la indagatoria durante la instrucción, con un acusado que muchas veces está detenido. “Es diferente en EE.UU., porque ellos no tienen la indagatoria ante un juez durante la etapa de la investigación”, dijo.

De todas formas, parece difícil que esta discusión llegue algún día a tratarse en el Congreso. El candidato presidencial del Frente de Todos (peronismo-kirchnerismo) y favorito según los pronósticos, Alberto Fernández, ya dijo que considera que el proyecto es “absolutamente inconstitucional”.

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