“Nunca había trabajado en algo así, en un escritorio. En un trabajo ‘bien’, por decirlo así”. Así comienza su testimonio Dina López, una funcionaria del Ministerio de Justicia que este viernes da a conocer su historia personal: los seis años que lleva en la administración pública, después de haber cumplido una pena en la cárcel.

Al centro de la fotografía, Dina López y el ministro Larraín muestran el proyecto de ley que amplía la posibilidad de contratar ex reclusos al sector público

“No fue fácil. La gente tiene sus prejuicios. Me miraron mal, me trataron mal. Había personas se asustaban. Fue difícil caminar por los pasillos y que escondieran las cosas, que me dijeran: ‘aquí no estás en la cárcel’. Pero una jefa me dijo que mi pasado no se puede olvidar, que tiene que estar presente para que no vuelva a pasar”, cuenta. “Y mi pasado es distinto a mi futuro”.

Su historia es un caso de éxito que el ministerio hoy busca convertir en una política pública: de eso se trata el proyecto de ley que ahora presenta el ministro Hernán Larraín en la terraza del edificio, y que permitirá que las personas con antecedentes penales puedan trabajar en la administración pública en grados profesionales y técnicos.

La iniciativa se enmarca en el “Proyecto +R”, con el cual el Gobierno busca generar una alianza público-privada para que las empresas ayuden en la reinserción de quienes hayan estado privados de libertad, generándoles cupos laborales garantizados por un año, una vez que ellos hayan completado una capacitación intrapenitenciaria.

“Le estamos pidiendo al sector privado que contrate gente, pero en el sector público les tenemos las puertas casi cerradas”, reconoce el ministro, quien precisa que el proyecto entrará a tramitación la próxima semana.

“Como Estado, tenemos que dar el ejemplo”, dice, y asegura que la iniciativa es “prioritaria” para la administración de Piñera y que, buscan, logre marcar un hito en el sentido de “hacer posible una reinserción social absoluta”.

La oportunidad de “desarrollar una vida pacífica”

Fue en 2013 cuando se publicó la ley que introdujo modificaciones al Estatuto Administrativo, y que permitió a quienes hubiesen cumplido una condena de simple delito acceder a cargos auxiliares y administrativos. La reforma presentada este viernes amplía la normativa a cargos profesionales y técnicos, excluyendo solamente los directivos.

“La reinserción es un compromiso humano y social. Busca darle una nueva oportunidad a quienes han cometido un error, a veces muy grave, o a veces darle una primera oportunidad a quienes nunca la tuvieron”, asegura el ministro Larraín, quien añade que al impulsar la reinserción, automáticamente se refuerza la seguridad ciudadana.

Ese es el móvil detrás de “Proyecto +R”, que este año capacitó a 400 personas privadas de libertad durante el primer semestre, las que se aumentaron a mil en el segundo. “Vamos abriendo paso para que puedan tener la oportunidad de reinsertarse y desarrollar una vida pacífica”, dice.

El foco de la iniciativa está puesto en la capacitación “en un oficio que sea pertinente” y tenga “viabilidad de desempeño”. Como ejemplo, el ministro presenta los casos de Amaro y Jonathan, quienes cursaron capacitación técnica mientras cumplían su condena y hoy, en libertad, trabajan en el sector privado.

“Ellos son un ejemplo de que sí se puede, y de que cuando las personas han cometido errores, incluso graves, pero tienen una oportunidad, responden, y encuentran su camino”, señala Larraín. “Cuando alguien comete un delito queda estigmatizado y no hay la misma publicidad cuando se rehabilita”, añade.

Recuperar lo que se perdió

“Perdón, estoy nerviosa”, dice Dina López en la mitad de su presentación frente al ministro y otras autoridades de Gobierno, como el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. También la escuchan representantes de la ANEF y del sector privado. Después, fuera del escenario, dirá que quería que la actividad empezara pronto, pero que al mismo tiempo temía ponerse a llorar. Aunque frente a las autoridades tiene la voz a punto de quebrarse, se mantiene firme en su discurso: “Cuando nació esta idea, fue una forma alternativa para recuperar muchas cosas. Yo esto lo estoy tomando como una opción para recuperar cosas perdidas: mi vida, mi hija, la dignidad como persona”, cuenta.

López dice que fue mucho lo que perdió, partiendo por su familia. Hoy, cuenta, su fuerza son sus hijos: la mayor, cuyo cuidado personal busca recuperar, y los dos menores, que son mellizos. “No me han faltado las oportunidades para volver a cometer errores. De hecho, llegan hasta la puerta de mi casa, pero yo miro para el lado, miro a mis dos hijos, que me miran con esos ojos tan lindos, y pienso que no los quiero perder”, cuenta.

“Espero seguir trabajando mucho tiempo más, y quiero pedirles que se arriesguen a contratar gente con antecedentes. No todos somos pecadores porque queremos o porque la vida nos hizo así. Mucha gente quiere salir y cambiar su vida, y qué mejor si hay una puerta media abierta para eso”, reflexiona.

En todo momento, López repite que va a ser sincera, que no quiere mentir. “No les voy a decir que no les van a fallar, porque eso no lo puedo asegurar, pero sí les van a dar una oportunidad para que sigan adelante”, concluye.

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