“¡Es una paradoja!”, dijo el senador Alejandro Navarro en una sesión del Senado de junio de 2012, para cuestionar el peligro de quiebra que vivía la “Embotelladora Llacolén”, debido a su aporte durante el terremoto de 2010 y al empleo que creó en la comuna de Coronel, Región del Bío Bío, cuando aún reconvertir a la “Zona del Carbón” parecía una misión imposible.

Era una empresa del empresario argentino avencidado en San Pedro de la Paz, Alberto Scuncio, y del fallecido también empresario temuquense Jürgen Paullmann, que, finalmente, pese a una inyección de recursos por parte de este último, siguió con problemas, se fue a quiebra, pero luego le dio lugar a otra embotelladora: “Dos Banderas”.

“El cierre es injusto y arbitrario ya que la deuda que registra el municipio con la embotelladora pertenece a una razón social distinta que se fue a quiebra con anterioridad”, decía el mismo parlamentario en 2015 en un llamado a la municipalidad coronelina para evitar el cierre de la embotelladora “Dos Banderas” -ex Llacolén-, debido al cobro de una deuda por el pago de patentes comerciales que complicaban su supervivencia.

En ambos casos, la figura recurrente es el empresario trasandino, como propietario en problemas, y el senador del Bío Bío, Alejandro Navarro.

Los mismos destinos se cruzan en eventuales aportes de productos a campañas políticas del parlamentario y también ambos con otro vínculo en un destino común, Venezuela.

Un vínculo internacional que, de acuerdo a la “autodenominada” Fiscalía General de Venezuela en el exilio, estará bajo investigación en una nueva arista de un fraude internacional por lavado de activos que involucra la exportación de alimentos a Venezuela, a través de las llamadas cajas CLAP, y a la cual también se suma ahora la urea, un fertilizante derivado del petróleo que es importado a Chile del mismo país.

Navarro y Scuncio

El senador Navarro declinó referirse al contacto político o de enlaces de negocios con Alberto Scuncio, quien se afincó en en Bío Bío en el 2000.

Pero, diversos episodios a lo largo del tiempo muestran una cercanía no reconocida oficialmente por ambos.

De campañas o trabajo político del parlamentario opositor circulan fotografías en redes sociales donde aparece con distribución de bebidas de tamaño individual, que eran elaboradas en la embotelladora del Bío Bío.

Cedida
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Asimismo, se suma la distribución de agua en la intercomuna, después del terremoto del 2010, cuando se vio al mismo senador sobre camiones de la empresa coronelina repartiendo el líquido embotellado.

“Si eso no es cercanía con alguien, entonces no sé qué es”, dice un ex asesor de Navarro, que pide no ser identificado públicamente.

Pero, en un carril similar y como objetivo común de ambos aparece el negocio de la urea.

Gira por Venezuela

Una gira a Venezuela del senador de oposición Alejandro Navarro, en conjunto con otros parlamentarios, a mediados de la década de los dos mil, marcó la importación de la urea a Chile.

Delegación que encabezó el senador del PRO, entre el 23 al 28 junio de 2007, y que también integró el representante de la Cámara Alta, Nelson Ávila, junto a los diputados Fernando Meza, Fidel Espinoza, Rodrigo González, Rene Alinco y Alberto Robles.

En una de las reuniones de esta gira interparlamentaria chileno-venezolana, con Nicolás Maduro en 2007 como canciller venezolano, el senador Navarro habría conseguido que una parte del fertilizante que se importaba a Chile quedara en manos de las comunidades indígenas, bajo el rótulo de “fin social”.

La idea era cooperar con la etnia.

Este acuerdo, luego se cimentó en la creación de Fertisur, en que uno de los socios era Fernando Zamorano, ex líder del Movimiento Amplio Social (MAS), partido que fue creado por el senador Alejandro Navarro cuando se fue del PS.

De acuerdo a notas de prensa, el gobierno venezolano habría acordado fijarle una cuota fija del 15% de los embarques de urea exportados a Chile con el propósito de asegurar a las comunidades mapuches fertilizantes a precios más bajos.

No obstante, parece que la urea no llegó a manos de las comunidades mapuches, pero sí habría ido a parar a una conocida empresa que explota litio, quien se la habría comprado a Fertisur.

Ese hecho fue cuestionado en 2009 desde Venezuela y habría marcado el fin de Fertisur y de Zamorano en el negocio del fertilizante, por los menos para la empresa chilena.

Sin embargo, el representante de Fertisur, Aníbal Correa, ese mismo año desmintió que Venezuela le haya exigido un fin solidario a la importación a Chile de la urea y descartó la investigación venezolana.

“Nuestra idea, que compartían los venezolanos, era venderles urea en mejores condiciones a los micro y pequeño empresarios e indígenas, pero no resultó porque no nos pagaron”, dijo Correa a un matutino capitalino.

Pese a ello, no se supo más de esa firma, por lo menos en Chile que los relacionara con la urea.

Aparece Inversiones Ramaja

Inversiones Ramaja Limitada, otra de las empresas de propiedad de Alberto Scuncio en sociedad con Pablo Ludueña (los mismos de la ex Embotelladora Llacolén) aparece vinculada con negocios de importación de urea y exportación de caja de alimentos a Venezuela.

A su vez, es la misma que se documenta como empresa socia de Martin Scuncio en la Distribuidora Llacolén, a la cual el Gobierno le compró 250 mil cajas de alimentos como parte del plan de ayuda a familias de escasos recursos durante la pandemia en Chile.

Así, esta firma se convirtió en el mayor proveedor de cajas de emergencia del Gobierno durante la emergencia.

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