“Funcionarios PDI. Detectives. Después vamos a soltar más, tenemos mucho más. ¡Tenemos a todos los funcionarios que trabajan en la PDI!”. Así decía el mensaje que en enero de 2018 circuló en redes sociales y que también adjuntaba un documento en el cual aparecían los rut, nombres, grados, fechas de nacimiento y unidades policiales donde trabajan 610 detectives.

A un año y nueve meses del episodio, el Sexto Tribunal Oral de Santiago condenó este lunes por delito informático al subcomisario de la PDI, Pedro García Torres, quien en enero del año pasado envió a través de su correo Gmail, desde un computador en la escuela de la policía civil, un total de 12 archivos Excel con la información personal de 600 oficiales.

El destinatario fue un expolicía, quien también fue condenado por el mismo ilícito. Este último se llama Cristóbal Cortes-Monroy, quien difundió los datos que le envió García a más personas. También se condenó a un particular, Bastián Pizarro, responsable, según la investigación penal, de subir la información a la web.

El fiscal Centro Norte Cristián Soto explicó que el fallo del tribunal “ratifica la importancia de la protección de los datos contenidos en los sistemas de información que en este caso corresponde a la Policía de Investigaciones. La dotación completa de los funcionarios de la PDI es información sensible para el buen funcionamiento de la institución. Su difusión en forma maliciosa y subirla a páginas de Facebook constituye una infracción al artículo 4 de la Ley 19.223; esto es, la difusión maliciosa de datos que deben estar contenidos en un sistema informático, la intranet, de la PDI”.

Aseguró que esta información solo es conocida por funcionarios de la PDI y que “en manos de organizaciones criminales puede ser muy peligrosa”.

Según el fiscal, García envió la información a “un exfuncionario de la PDI, Cristóbal Cortes-Monroy, quien tenía una empresa particular llamada Cygnus Media, que prestaba asesoría en materia tecnológica y de seguridad. Cortes-Monroy envió esta información a tres trabajadores de él. Posteriormente, esta información fue remitida a Bastián Pizarro Rojas, el tercer acusado, quien bajo el seudónimo Dalla Skywalk3r subió esta información a la página de Facebook llamada Lulz Security Chile y a una página web Pastebin.com, jactándose de que había obtenido esta información y tenía más para proporcionar de la PDI”.

Respecto de cuál habría sido el objetivo de los condenados para difundir estos datos, según la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE), “Pedro García subcomisario de la PDI reconoce haber enviado el listado al dueño de la empresa Cygnus Media (Cortes-Monroy) para que permitiera el acceso a la página de facebook PDI Permutas”.

“Estamos satisfechos con la sentencia dictada en orden a estimar que esta filtración de datos sensibles atenta contra el ordenamiento jurídico y la especial protección que deben tener los datos reservados y de carácter personal de los oficiales de la Policía de Investigaciones”, dijeron desde el Consejo de Defensa del Estado.

No se comprobó la existencia de pagos a cambio de la información extraída desde la Escuela de la PDI. Según conocedores del caso, la idea del dueño de la empresa era filtrar y depurar quiénes son o no funcionarios policiales para aceptarlos en el grupo de Facebook PDI Permutas, que les sirve para cambiar el destino en el trabajo de los policías. Y un empleado de Cortes-Monroy que estaba enojado con él lo filtró y se difundió luego en las redes sociales.

Las penas pedidas por el Ministerio Público van de los 300 a 800 días de presidio menor en su grado mínimo. La lectura de sentencia se realizará mañana 18 de octubre.

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