Golpe institucional ocurre cuando una institución del Estado decide no regirse más por las normas jurídicas que contempla la Constitución y usurpar las funciones de otros poderes a su conveniencia. Eso es lo que pretende la izquierda en nuestro país desde el Congreso, acusando constitucionalmente al Presidente Piñera con el fin que no termine su mandato, imponer un plebiscito que les permita implantar una Asamblea Constituyente, generar una nueva Constitución e imponer de facto sus fracasadas ideas, derrotadas democráticamente. Y así se ha ido gestando…

El día 18 de octubre, ocurridas las primeras evasiones en el Metro, el PC y el FA llamaron a la desobediencia civil. Beatriz Sánchez, Gabriel Boric, Camila Vallejo, Karol Cariola, entre otros, incitaron a la gente a evadir el pago en el metro y ayudaron a expandir el caos impuesto por los anarquistas que salieron a las calles, lo que derivó en la violencia criminal que asoló al país. Aprovechándose del pánico, el PC inició simultáneamente una campaña con los hashtags renuncia Piñera y nueva constitución; y políticos del FA, como el ya mencionado Boric, salieron a las calles a protestar e insultar a las fuerzas armadas que trataban de imponer el orden, en medio de la violencia y el vandalismo que destruyó años de trabajo y sacrificio de miles de chilenos.

Cuando la tensión disminuía, el INDH hizo una falsa denuncia de la existencia de un centro de torturas en la Estación Baquedano del metro, lo cual, literalmente, reencendió la pradera. Los hechos eran totalmente falsos y el propio director del INDH tuvo que pedir disculpas por involucrar en eso a efectivos de la PDI, después de ser increpado duramente por el propio director de la institución.

Por esa falsa acusación, y sin comprobar su veracidad, Beatriz Sánchez le pidió la renuncia al ministro Chadwick. De ahí en adelante, las denuncias de violaciones de DDHH por parte de las fuerzas de orden no cesaron, pero, por cierto, nada dijeron de las violentísimas agresiones contra Carabineros, que ya suman más de 100 heridos graves.

Y fue justamente por esas presuntas violaciones, que Pamela Jiles lanzó la idea de acusar constitucionalmente al Presidente Piñera. Aunque parecía un exabrupto, continuaron adelante con la idea, hasta juntar las firmas que la harán efectiva durante este mes de noviembre, como lo comunicaron los signatarios, todos del FA y el PC, por la responsabilidad que le cabe en las graves violaciones a los DDHH ocurridas durante la crisis, y también porque habría faltado a su deber de colocar al Estado al servicio de la gente.

Esta agenda política oculta, amparada en la agenda social, siguió avanzando después de la marcha del millón. El jueves pasado, Beatriz Sánchez, en una columna en El Mercurio, exigía realizar un plebiscito para establecer una nueva constitución a través de una AC, detallando a la vez temas que se deben incorporar en la misma, como si ella gobernara. Curiosamente, ese mismo día, los presidentes de los partidos de oposición declararon a la salida de una reunión con el ministro Blumel, que ésta fue insuficiente, porque no se habló nada de una nueva Constitución, lo que, entre paréntesis, es lo que menos interesa a la gente. El día anterior, Matías Walker en Twitter plantea elegir en las elecciones de 2020 a los delegados a la AC. Y en el Congreso, la oposición inició ya un proceso constituyente. Curiosas coincidencias.

Lo que debemos tener presente es que la izquierda no acepta ni quiere respetar que una gran mayoría de chilenos le otorgó un claro mandato al Presidente Piñera para que dirigiera los destinos del país, tras haber rechazado la continuidad de la Nueva Mayoría y sus pésimas ideas, después del desastroso gobierno de Michele Bachelet.

Todo señala, entonces, que lo que está en marcha es provocar un golpe institucional. Se intenta que no termine el gobierno actual, sacar del cargo al Presidente Piñera, imponer una AC, generar una nueva Constitución y terminar con el sistema económico con el cual la misma izquierda gobernó durante 24 de los últimos 30 años desde el retorno de la democracia, a pesar de lo cual, le asignan la responsabilidad al actual gobierno, que solo lleva dos años, “por los 30 años de abusos y desigualdad”. Así pretenden imponernos sus universalmente fracasadas ideas, derrotadas democráticamente en las urnas.

Nuestra obligación como mayoría que somos es, usando su propio lenguaje, denunciar esta intentona golpista y detenerla, antes que sea tarde. ¡No al golpe institucional!

/Escrito por Jaime Yankelevich para El Líbero

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