Un grupo de parlamentarios de Chile Vamos y del Partido Republicano en formación ingresaron en el Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento pidiendo la “cesación del cargo” para diputados PC y del FA por “alterar el orden público”.

La acción fue presentada por los diputados Ignacio Urrutia, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Harry Jürgensen Runshagen, Christian Moreira, Osvaldo Urrutia, Celso Morales, Carlos Ignacio Kushel, Camila Flores, Jorge Alessandri y Aracely Leuquén.

Y busca que el TC determine el cese del cargo Guillermo Teillier, Hugo Gutiérrez, Carmen Hertz, Karol Cariola, Camila Vallejo, Marisela Santibáñez, Daniel Núñez, Boris Barrera y Amaro Labra, todos del Partido Comunista. Además de los parlamentarios del Frente Amplio. Gabriel Boric, Gonzalo Winter y Claudia Mix.

Argumentos:
Sobre los diputados comunistas, el escrito indica que “emitieron, con fecha 18 de octubre de 2019 a las 14:20 horas, por medio de la cuenta de Twitter Bancada Comunista e Independientes (@Diputados_PC) el siguiente tuit: “DECLARACIÓN PÚBLICA* Como Bancada del Partido Comunista respaldamos las llamadas “evasiones masivas” convocadas y desarrolladas por estudiantes y ciudadanos ante el alza de la tarifa del Metro de Santiago”.

Y se agrega que “como se puede apreciar, existe una abierta incitación a la alteración del orden público, a través no sólo del respaldo de las evasiones masivas en el Metro de Santiago las cuales fueron el germen de toda la crisis de seguridad y orden público que ha vivido nuestro país, sino que además existe un acto por escrito de incitación y motivación a la desobediencia civil, lo cual de por si constituye un acto prohibido por la Constitución y que da lugar a la cesación del cargo de parlamentario”.

También en el documento se cuestionan algunos dichos de la diputada Hertz y Gutiérrez en un video, grabado durante el estado de excepción de emergencia constitucional
en Santiago, sin indicar fecha, en que los parlamentarios habrían “increpado a efectivos de Carabineros”.

En el caso del diputado Boric, el texto de los diputados oficialistas le critican que el pasado 19 de octubre haya ido a Plaza Baquedano, donde habían efectivos militares en el contexto del Estado de Emergencia. “Ante la presencia militar, el diputado declaró: “¡Llevan armas de guerra!”, les hizo señas en muestra de rechazo y les ordenó retirarse de la zona. Su acto, constituye una abierta incitación a alterar el orden público por cuanto busca desconocer la autoridad con la que cuentan las fuerzas militares durante la dictación de un estado de emergencia, precisamente en resguardo del orden público”.

También, se menciona unas declaraciones que dio en Mesa Central de Canal 13, el 20 de octubre pasado, respecto de las evasiones del Metro. “Ante la pregunta de otra panelista sobre si él, como parlamentario, condenaba o justificaba las evasiones masivas acontecidas en el Metro de Santiago, el Sr. Boric respondió: “Lo voy a decir abiertamente (…) no condeno, no condeno las evasiones en el Metro. No condeno las evasiones en el Metro porque gracias a lo que han hecho, gracias a eso hoy día se está discutiendo ese tema”, señala el requerimiento.

Sobre Mix, se adjunta un tweet en el que la parlamentaria escribió: “Debemos como @elfrente_amplio sumarnos con fuerza a la movilización y defender el derecho a la desobediencia civil #EvasionMasiva #Cacerolazo” (sic)”. A Winter también le critican un tweet con un video donde se indica que en este modelo económico y social “los chilenos no pueden pagar ni la luz ni el metro ni el arriendo, y mientras eso pase, se va a enfrentar a la rebelión en las calles”. A juicio de los parlamentarios que presentaron el requerimiento se “puede apreciar que el diputado Winter llama abiertamente a la rebelión en las calles, lo cual constituye una manifiesta incitación a alterar el orden público”.

Por todas estas razones los requirentes solicitan al TC la cesación del cargo de los diputados de oposición “por haber infringido el artículo 60 inciso quinto de la Constitución Política de la República, en su causal referida a “incitar la alteración del orden público”, mencionando en su fallo también la imposibilidad de los parlamentarios sancionados de optar a una función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de dos años, en virtud de lo mandatado de forma expresa en el mismo artículo infringido”.

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