Las recientes protestas en Bolivia, a raíz de la controversia por las últimas elecciones presidenciales, culminaron este domingo con la renuncia de Evo Morales tras 14 años en el poder. Si bien durante su gestión se lograron avances sociales en un contexto de crecimiento económico, en los últimos años se han revelado riesgos del modelo económico en una coyuntura internacional menos favorable.

BONANZA ECONÓMICA

Al 2005, la economía boliviana había crecido ininterrumpidamente ya por casi 20 años, luego de la estabilización y liberalización económica de la segunda mitad de la década de los ochenta.

Pasado el período de convulsión política que incluyó la renuncia de dos presidentes en dos años, Evo Morales inició su mandato presidencial en el 2006.

Morales estableció un modelo de desarrollo en el cual el Estado asumió un rol empresarial en industrias particulares, dejando de lado parte del proceso de liberalización. La medida más significativa fue la nacionalización de las empresas hidrocarburíferas, que incluyó la creación de impuestos adicionales, los cuales elevaron los ingresos del Estado hasta un máximo de 82% sobre las ganancias de la producción de hidrocarburos.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es la petrolera nacional del país altiplánico. (Foto: AP)Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es la petrolera nacional del país altiplánico. (Foto: AP)

El nuevo modelo económico aprovechó un contexto internacional favorable por los altos precios de las materias primas, que permitieron un crecimiento de la economía boliviana de 5,1% promedio anual entre el 2005 y 2014, la tercera mayor tasa en Latinoamérica en dicho período, luego del Perú (6,1%) y Uruguay (5,2%). Las exportaciones de hidrocarburos –equivalentes a 52% de la canasta exportadora en el 2014– se incrementaron en cuatro veces, al pasar de US$1.428 millones a US$6.624 millones para ese período. Además, a través de contratos exclusivos entre estados, Argentina y Brasil se posicionaron como los principales destinos comerciales de Bolivia, al representar el 33% y 14% de sus exportaciones, respectivamente.

En cuanto a los indicadores sociales durante la bonanza, los resultados fueron positivos y basados en un fuerte gasto público, aumento de salarios –la remuneración mínima se multiplicó por más de tres hasta el 2014–, y la expansión de programas sociales. La pobreza también disminuyó significativamente, al pasar de 60% de la población en 2005 a 39% en 2014. Más aún, la desigualdad de ingresos disminuyó: el coeficiente de Gini se redujo de 0,58 en 2005 a 0,48 en 2014 (un coeficiente de 0 indica igualdad absoluta de ingresos).

DETERIORO MACROECONÓMICO

A partir del 2015, los precios de las materias primas empezaron a caer, lo cual tuvo repercusiones sobre las exportaciones y los ingresos del sector público boliviano. Luego de haber crecido a un ritmo de 18% promedio anual entre 2005 y 2014, los ingresos cayeron en 2015 y 2016. A la fecha no han recuperado sus niveles anteriores. Por otro lado, el gasto público –en particular el corriente– no se ajustó lo suficiente, y en consecuencia el superávit fiscal logrado entre 2006 y 2013 se revirtió hacia un déficit de 8% del PBI en el 2018. A manera de referencia, el déficit fiscal peruano no ha superado el 4% del PBI desde 1991.

El incremento del déficit fiscal ha sido acompañado por un aumento de la deuda del Gobierno general. Luego de reducirse de 82% del PBI en 2005 a solo 35% en 2012, la deuda se ha elevado a 51% a la fecha. Asimismo, las reservas internacionales –que habían alcanzado un nivel de 40% del PBI en el 2014– han disminuido hasta cerca de 15% debido a la balanza comercial negativa en la que se encuentra el país desde el 2015. La política de tipo de cambio fijo con el dólar también ha resultado costosa en este aspecto.

Según proyecciones del FMI, se espera que el crecimiento de Bolivia sea de 3,9% en el 2019. Sin embargo, parte de este es sustentando en el mayor consumo de hogares, inducido por gasto público –las transferencias para pensiones se han incrementado en un tercio–, lo cual arriesga aún más las cuentas fiscales.

DESAFÍOS DEL MODELO

Ante una situación macroeconómica y política vulnerable, existe incertidumbre respecto de las medidas que se llevarán adelante para corregir los desequilibrios. Cabe destacar que la inversión privada en Bolivia representa tan solo 9% del PBI, mientras que en el Perú esta inversión duplica el peso y alcanza 18%.

Germán Molina, docente de la Universidad Católica Boliviana señala que es primordial racionalizar el gasto público, el cual muchas veces corresponde a “gastos no productivos y despilfarro”. Al respecto, el Fondo Monetario Internacional (2017) indica que la eficiencia de la inversión pública en Bolivia es menor al promedio latinoamericano.

El potencial agotamiento de las reservas gasíferas, así como las dificultades para sacar adelante la producción de litio en medio de protestas, presentan un panorama complejo para una economía con un manejo macroeconómico desprolijo. Tres décadas luego, y a pesar de los innegables logros, un programa de apertura a mayor inversión privada y estabilización de cuentas fiscales podría volver a ser necesario en el país vecino.