El golpe de Estado que desalojó a Evo Morales tras trece años de Gobierno llega en un momento en el que América Latina vive un proceso de alta efervescencia ideológica caracterizado, en las últimas semanas, por la liberación de Lula en Brasil, el estado de masiva tensión social en Chile y la vuelta del peronismo al poder en la Argentina.

El desplazamiento del presidente Morales es el producto de la debilidad de un régimen erosionado por las prolongadas sospechas de fraude electoral, al que las fuerzas armadas y de seguridad decidieron plegarse al desconocer la autoridad presidencial.La crisis boliviana muestra, al igual que la chilena, que el descontento social que agita el continente no obedece a un padrón ideológico. Gobiernos de izquierda y de derecha enfrentan desafíos similares que tienen su origen en la desilusión democrática y el descontento social evidenciado por el fracaso del Estado a la hora de satisfacer las expectativas sociales generadas en la década pasada y motorizadas por el super–precio de las commodities.

La inestabilidad regional viene como anillo al dedo al presidente electo Alberto Fernández. Desde los debates presidenciales, el futuro Presidente ha destacado el valor de la política exterior. Si Mauricio Macri buscó utilizar su Cancillería como una agencia de promoción comercial, Fernández pretende jerarquizarla para que sea uno de los ejes fundantes de su administración. La ecuación es sencilla. Con una política exterior progresista de alta visibilidad, Fernández aspira simultáneamente a mantener unida y motivada a su coalición electoral, diferenciarse de Macri y correr el eje de su presidencia desde la economía, donde estará muy condicionado para mostrar resultados en el corto plazo, hacia otras áreas de alto valor simbólico donde podrá mostrar liderazgo y resultados.

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La estrategia de Fernández puede definitivamente comprarle tiempo en el escenario doméstico pero también dolores de cabeza en la relación con vecinos importantes como Brasil y Chile y actores definitorios para la economía argentina como Washington y los organismos internacionales de crédito.

Los primeros pasos de Fernández como actor continental delatan, como apuntó el politólogo Ignacio Labaqui, a recrear la alianza de gobiernos de centro izquierda que imperaba en el continente cuando él fue Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. El gran problema de la estrategia es que esa entente progresista ya no existe y que los principales socios de la Argentina están conducidos por la centroderecha de Donald Trump, Jair Bolsonaro y Sebastián Piñera. En este contexto, la caída de Evo, el último exponente de aquel progresismo exitoso que gobernó América Latina, aumenta el aislamiento internacional de Fernández aunque al mismo tiempo lo provee de una línea discursiva y argumental en la que el Presidente electo se siente cómodo.

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Es la misma línea argumental que viene ensayando el Grupo de Puebla, que acusa a los gobiernos de derecha de entregar la soberanía nacional, defender los intereses extranjeros y ser insensibles a las necesidades del pueblo. Es una visión maniquea que enfrenta a un pueblo encarnado con el progresismo y a un antipueblo pertrechado tras la derecha.

En un contexto internacional cada vez más segmentado, los organismos y foros multilaterales han perdido relevancia en la coordinación de la política internacional. El Grupo de Puebla no escapa a esa lógica, con el agravante de que Fernández es la única figura con responsabilidades ejecutivas que lo integra. Se trata más de un revival de los viejos actores progresistas que gobernaron durante la década pasada que de un foro de políticos ascendentes. Allí están Lula, Dilma, Rafael Correa y Fernando Lugo, entre otros, apuntando a ser una usina conjunta de fuertes críticas al liberalismo. A la larga, el Grupo de Puebla puede sin embargo terminar siendo un estorbo para la administración de Fernández, quien más temprano que tarde deberá combinar su ética de las convicciones progresistas con la ética de la responsabilidad que supone la administración del Estado.

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