Cuatro semanas lleva la crisis que estalló el viernes 18 de octubre. Si bien las primeras protestas -que fueron dos semanas de evasiones masivas- fueron a raíz del alza de 30 pesos en el precio del pasaje del transporte subterráneo, con el pasar de los días las demandas fueron cambiando hasta llegar este jueves  a establecer los pasos para una nueva Constitución.

Sin embargo, la idea de escribir una nueva Carta Magna no estuvo entre las primeras opciones hasta las últimas semanas de octubre. Así lo indican diversas encuestas de opinión. Una de ellas es la Plaza Pública de Cadem, en la que recién en su estudio 302 -correspondiente a la cuarta semana del mes pasado- apareció como una medida que debía tomar el gobierno para enfrentar la situación que atraviesa el país.

No obstante, en ese sondeo tampoco apareció como primera opción, en ese lugar se encontraba hacer cambios sociales con el 37% de las preferencias. De hecho, una nueva Carta Magna aparecía en el sexto lugar de prioridades con el 12% de las menciones y empatando con las opciones de “escuchar a la gente” y cambiar al gabinete.

Una semana después, la encuesta Cadem del 31 de octubre arrojó que una nueva Constitución era la tercera prioridad que debía tener el gobierno con el 26% de las menciones, siendo superada por Salud (33%) y Pensiones (31%).

En la medición se indica que el 87% estaba de acuerdo con la necesidad de una nueva Constitución. Respecto al mecanismo un 46% se inclinaba por una asamblea constituyente, el 13% prefería que al Congreso y un 26% optaba por combinación de ambos instrumentos.

Mientras que la Cadem publicada este lunes -correspondiente a la semana del 6 al 8 de noviembre-, señaló que “no tener una nueva Constitución” era la quinta razón del descontento social con el 17% de las menciones. El tema constitucional era superado por motivos como el alza del costo de la vida, las promesas del gobierno, la desconfianza hacia las instituciones y la desigualdad.

En esa línea incluso la cantidad de personas que estaba de acuerdo con la necesidad de una nueva Carta Magna bajó 9 puntos pasando a un 78%. Mientras que respecto a la profundidad de los cambios al texto, un 52% se inclinaba por “cambiar totalmente la actual Constitución y redactar una nueva” y un 42% estaba por “hacer cambios, pero tomando como base el actual texto constitucional”.

Sobre el mecanismo para modificar o cambiar la Carta Magna también hubo cambios. La asamblea constituyente aumentó en 8 puntos como la opción que más preferían los chilenos en comparación a la medición de la última semana de octubre, pasando del 46% al 54%, mientras un modelo mixto entre una AC y el Congreso bajó 3 puntos (24%) y la opción de que fuera solo el Legislativo el organismo a cargo de llevar a cabo los cambios descendió en 2 unidades (11%).

Aunque Cadem no ha sido la única encuesta en la que una nueva Constitución ha sido mencionada. En el sondeo Agenda Ciudadana de Criteria de octubre, una nueva Carta Magna aparece como uno de los conceptos que los encuestados asociaron al ser consultados sobre qué significa un “nuevo pacto social”.

Mientras que la medición especial de octubre enfocada en la crisis chilena la encuesta Pulso Ciudadano, elaborada por Activa Research, una nueva Constitución aparecía como la cuarta medida más importante que el gobierno debía tomar para superar la crisis con el 34,3% de las preferencias, siendo superada por “llamar a un acuerdo político con todos los partidos” (45,5%), “reconocer los problemas de desigualdades” (56.1%) y “escuchar las demandas ciudadanas y generar un plan de mejoras” (78%).

Otra encuesta que salió a fines de octubre, y donde se abordó esta problemática, fue el Termómetro Social del Núcleo Milenio en Desarrollo Social (DESOC) en donde el 83,9% de los consultados está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que se cambie la Constitución. Además señala que el 75,5% estaba a favor de una Asamblea Constituyente, mientras que el 14,7% prefería que un grupo de expertos redactara el nuevo texto y solo un 3,4% estaba a favor de que el Congreso se hiciera cargo de los cambios a la Constitución.

«Esta explosión de descontento social lo que generó fue un cambio significativo de las prioridades que está asociado a hacerse cargo de los problemas de desigualdad y costo de la vida, y por otra parte, de la mala política y de la desconfianza hacia el poder», comenta a El Líbero el gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem, Roberto Izikson, quien sostiene que para la ciudadanía es necesario un nuevo pacto social que se haga cargo de estos temas.

Además, ahonda en que a diferencia del proceso constituyente iniciado por la ex Presidenta Bachelet el origen es distinto. «A diferencia del 2016, que era una propuesta que venía de la élite política, del programa del gobierno de la ex Presidenta, desde arriba hacia abajo, lo que vemos ahora es que es una demanda que viene desde abajo hacia arriba, desde la movilización», asegura Izikson.

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