“El 29 de junio de 2010 Viviana Haeger Massé no llegó a buscar a su hija Vivian al colegio, no contestaba llamadas, lo que resultó una situación anormal en su diario vivir, por lo que se efectuó la correspondiente denuncia a los organismos policiales correspondientes, es decir Carabineros de Chile -Tenencia de Carreteras- y Policía de Investigaciones de Chile, quienes iniciaron el procedimiento”.

Así comienza la demanda de indemnización de perjuicios que presentó Jaime Anguita Medel (62) junto a sus dos hijas, Vivian (23) y su hermana S.A.H. (16) en contra del Estado de Chile ante el 30° Juzgado Civil de Santiago, acusando una serie de negligencias por parte de la Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal y el Ministerio Público en la investigación de la muerte de su esposa. En la acción, la familia exige ser indemnizada en $1.998.125.980 por los daños ocasionados a raíz de la falta de servicio de los organismos públicos mencionados.

El caso ocurrió en junio de 2010, y se transformó en uno de los homicidios más emblemáticos desde la implementación de la Reforma Procesal Penal, el que generó una amplia cobertura mediática. En una trama policial escabrosa, el cuerpo de la víctima fue encontrado en la buhardilla de su casa ubicada en la ciudad de Puerto Varas, en la Región de Los Lagos. Ello luego de que durante 42 días efectivos de la PDI realizaran -sin éxito- una serie de diligencias para determinar su paradero.

Durante toda la investigación y el juicio, para la Fiscalía el principal sospechoso fue el propio marido de Viviana Haeger, por lo que estuvo dos años en prisión preventiva. Su tesis fue que Anguita había supuestamente contratado a José Pérez Mansilla como sicario para cometer el asesinato, según el testimonio de este último.

Sin embargo, dicha tesis fue desestimada en tribunales. El 28 de septiembre de 2017 el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt absolvió a Jaime Anguita debido a que los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en el juicio no bastaron para acreditar su responsabilidad, condenando a Pérez a una pena de 10 años de cárcel.

A más de dos años del términos del juicio, la familia Anguita-Haeger decidió acudir a tribunales, denunciando que el padre del clan sufrió “torturas” por parte de entidades del Estado de Chile. A modo de ejemplo, reza el documento, afirman que desde el 8 de diciembre de 2015 y por el lapso de más de un año y nueve meses, Jaime Anguita fue encarcelado como el principal sospechoso de la muerte de su mujer. “Como primera medida, se requirió a Gendarmería que aplicaran la política por riesgo de suicidio, por lo que durante más de seis meses no pudo dormir con la luz apagada, es decir en oscuridad, era despertado reiteradamente en las noches y debía dormir vigilado por un gendarme quien estaba en la misma celda que él”, consignó la demanda.

“Esto generó un profundo estrés y llega incluso a ser un ejemplo claro de tortura en contra del demandante, un chileno que fue víctima de la negligencia del Ministerio Público, de la PDI y del SML, pero que de igual forma fue torturado por orden de un servicio dependiente del Estado que tiene como obligación velar por la protección de sus derechos”, acusó el mismo texto.

“Una infancia disfuncional en diversos hogares de familiares”

Según la demanda, el actuar negligente y la falta de servicio del Estado de Chile ocasionó cinco consecuencias directas en la familia Anguita-Haeger. Durante más de un año Jaime Anguita estuvo en prisión siendo una persona inocente, afectando “su honra, patrimonio y seguridad, siendo víctima de vejámenes sin igual, los que en algunos casos pueden incluso ser calificados de tortura”.

El mismo escrito advierte que durante el proceso, Vivian Anguita Haeger, quien al ser detenido su padre tenía 19 años de edad, debió volver a Chile desde Alemania, abandonando sus estudios “para hacerse cargo de su hermana menor, asumiendo responsabilidades que no le correspondían, mientras en paralelo digería el hecho de que su padre estaba imputado por el asesinato de su madre y que éste lo había fraguado”.

Según la demanda, otra de las consecuencias que dejó el caso fue la “destrucción de la familia materna (Haeger Masse), la que a pesar de la absolución de Jaime Anguita, sigue sindicándolo como el responsable de la muerte de su hija y hermana, pese a la verdad a la que se arribó, impidiendo la reconstrucción de este vínculo”. A ello se suman los perjuicios sufridos por la menor del clan Anguita Haeger, quien vivió “una infancia disfuncional en diversos hogares de familiares” y, siendo contenida por su única hermana.

A todo ello se suma “el excesivo escrutinio público, producto de las filtraciones a los medios de comunicación tanto de la PDI como de la Fiscalía, las innumerables entrevistas, lo que hizo que hoy en toda la región, Jaime Anguita Medel siga siendo el asesino de su cónyuge pese a la sentencia que declara lo contrario, puesto que ya lo era en los tabloides y medios”, advierte la demanda.

Las falencias de la fiscalía, PDI y el SML

Según la sentencia que absolvió a Anguita, el cuerpo de su esposa nunca se movió del lugar en que se encontró y para la familia este fue el primero de una larga cadena de errores por parte de funcionarios de la PDI.

Al parecer de la familia, tales efectivos “cometieron también groseros errores que atentaron contra la investigación”. Ejemplo de ello es que el “perimetrista” sólo utilizó los planos originales de la casa y, no recorrió el inmueble in situ no percatándose que la casa contemplaba una buhardilla. “Desconocemos si esto fue por simple flojera o consideró innecesario que su trabajo se efectuara de la forma más cercana a la realidad”, acotó la demanda.

En el escrito se detalla que a raíz de las negligencias en la investigación, varios funcionarios de la PDI fueron sancionados administrativamente. Situación en la que se encuentra el prefecto Juan Francisco Galleguillos Acuña, el comisario Jaime Muñoz Gallardo, el comisario Jorge Márquez Monsalve, el comisario Yanko Olmedo Veas, el inspector Javier Vega Dueñas y el subinspector Pablo Alegría Guerrero.

Por otro lado, la familia también acusa que el SML presentó negligencias en el tratamiento de pruebas fundamentales que se “extraviaron”, verificándose problemas en la cadena de custodia.

“La polera que utilizaba doña Viviana el día que fue asesinada se extravió estando en manos de funcionarios públicos. Esto derivó en nuevas teorías que imputaron a Jaime Anguita, las que podrían haber sido rápidamente descartadas de no mediar tales errores. Resultó en definitiva ser prueba fundamental, que se perdió, y que llevó a inventar teorías irreales de imputación”.

En efecto, de acuerdo a la primera autopsia, la polera que había causado las marcas en las muñecas, y que había dado origen a la errada teoría de que la víctima estuvo amarrada se perdió.

Mientras los cuestionamientos al Ministerio Público se centraron en no contar con el “estándar mínimo de diligencia” a la luz de los antecedentes y fundó su acusación en el testimonio del actual condenado José Pérez Mancilla, a sabiendas que hubo declaraciones de testigos que desvirtuaban sus dichos.

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