La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos llamó al gobierno de Nicaragua, que no ha permitido que los familiares y cercanos de las 130 personas detenidas que se encuentran realizando una huelga de hambre para exigir su liberación, a asegurar sus garantías fundamentales.

La huelga de hambre comenzó el pasado 14 de noviembre, cuando nueve personas -con familiares opositores al gobierno de Daniel Ortega- comenzaron su método de protesta dentro de la iglesia de San Miguel (Masaya). Sin embargo, las fuerzas de seguridad contaron el acceso al servicios de agua potable y electricidad y además no dejaron que un sujeto pudiera recibir algunos suministros médicos como su dosis de insulina.

El portavoz de la Oficina expresó este martes en una conferencia de prensa en Ginebra, la preocupación de esa dependencia por la situación de los que se encuentran dentro de la iglesia y por los que intentaron entregarles asistencia.

Imputaciones graves

“Nos inquieta mucho también que otro grupo de miembros de la oposición hayan sido detenidos por llevar ayuda humanitaria y que se les haya acusado de cargos delictivos graves”, dijo Rupert Colville.

Según las informaciones de esa dependencia, los detenidos serían 13 y entre ellos están algunos defensores prominentes de los derechos humanos, como Amaya Coppens y Olga Valle.

Coppens es una líder estudiantil de la carrera de medicina con nacionalidad belga-nicaragüense que fue detenida ocho meses por protestar, se le liberó el 11 de junio de este año bajo la Ley de Amnistía.

“Su detención podría considerarse una represalia por hablar de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y por acudir a funcionarios y mecanismos de la ONU. Amaya estuvo recientemente en la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra”, informó el portavoz.

Agregó que los abogados de Coppens y de los otros doce detenidos afirman que no se ha respetado el debido proceso.

Catedral de Managua

Por otra parte, el portavoz señaló ocho personas empezaron otra huelga de hambre dentro de la catedral de Managua para pedir la liberación de todos los detenidos durante las movilizaciones de protesta. Los huelguistas estaban acompañados por un médico y un niño de once años.

Horas más tarde, decenas de “elementos progubernamentales” irrumpieron en el recinto religioso y atacaron con piedras a estas personas, así como a un sacerdote y una monja, mientras la policía que cercaba la iglesia los observaba.

“Urgimos a las autoridades a garantizar los derechos de las personas dentro de las iglesias y a no impedir la entrega de alimentos, agua y asistencia médica. Todos los individuos deben poder ejerces sus derechos a la libertad de expresión y asamblea sin miedo a ser atacados. También llamamos a liberar a todos lo que han sido detenidos arbitrariamente y a asegurar que se respeten las salvaguardias legales fundamentales”, subrayó Colville.

El portavoz agregó que el Gobierno debe poner fin a la represión persistente de la disidencia y al patrón actual de arrestos arbitrarios, así como a acusar penalmente a los defensores de derechos humanos, opositores políticos y otras representantes disidentes.

Finalmente, reiteró la disposición de la Oficina de la ONU para asistir a Nicaragua en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y para regresar al país si se otorga acceso a sus funcionarios.

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