La Fiscalía Nacional Económica (FNE) hizo una serie de recomendaciones tras elaborar un estudio sobre el mercado de medicamentos en el país. Entre ellas, recomendó una reforma estructural con el propósito de aumentar la competencia en precios, lo que tendría como efecto una caída en el valor de estos productos.

“Los medicamentos son un bien de primera necesidad y es urgente adoptar medidas que permitan a la población acceder a ellos a un menor precio. Eso se logra mediante una regulación que promueva más competencia en este mercado”, señaló el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco.

Las conclusiones de la FNE están contenidas en un paquete de catorce medidas, que responden a cuatro objetivos fundamentales: que se introduzca más medicamentos bioequivalentes en el mercado, que se obligue a los médicos a recetar medicamentos sin marca, que se obligue a las farmacias a dispensar los medicamentos más baratos y que el Estado compre medicamentos de manera más transparente, eficiente y efectiva.

El Fiscal explicó que “actualmente, el mercado de los medicamentos opera en Chile de la misma forma que cualquier otro mercado de consumo masivo en que se compite por marcas, como los automóviles, el vestuario o los celulares, por ejemplo, y esto se debe a que la política de bioequivalencia no ha sido
efectiva”.

De hecho, en su estudio, la Fiscalía detectó que 80% de los medicamentos inscritos en Chile aún no tienen alternativas bioequivalentes y que los laboratorios realizan superiores a US$ 200 millones al año para promover sus marcas entre los médicos, quienes recetan tales productos a sus pacientes en vez de otras alternativas técnicamente equivalentes y más baratas.

Con la implementación de estas medidas, la FNE estima, en forma conservadora, que se puede lograr un ahorro de entre 20% y 40% en promedio en el precio de los medicamentos que se vendan en farmacias y que tengan alternativas bioequivalentes.

Esto significaría un impacto total anual de entre US$ 76 millones y US$ 380 millones en el mercado de medicamentos comercializados en farmacias, que mueve al año aproximadamente US$ 1.500 millones.

Este documento es el resultado de un trabajo que comenzó a desarrollar la Fiscalía en abril de 2018 y que consistió en una revisión completa a la industria, abordando desde la producción a la venta de medicamentos, incluyendo a todos los actores relevantes y reguladores.

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