El contralor de la República, Jorge Bermúdez, aseguró que se está investigando en “varios flancos” a Carabineros a propósito de las situaciones por las que ha sido cuestionada la institución en medio de la crisis social que afecta al país.

“Estamos en varios flancos con la institución: por un lado está el tema de la identificación de los funcionarios, pero también hemos preguntado a propósito de los protocolos para el uso de la fuerza que se está estudiando en este momento. También solicitamos información respecto de los sumarios que se están realizando a propósito de la contingencia”, dijo el contralor.

Respecto a la denuncia hecha por un fotógrafo profesional que reveló unas imágenes en que se ve que funcionarios policiales mantenían apodos en vez de sus nombres y cargos a modo de identificación en sus uniformes mientras ocurría una manifestación, Bermúdez calificó la situación como “un asunto de alto impacto”.

“Es eventualmente, y no me quiero adelantar con el juicio, un incumplimiento de los protocolos que existen en la institución y por lo tanto atendida la evidencia que nosotros tenemos que es preliminar, por cierto, pero es la evidencia, nosotros le pedimos que a la brevedad la institución informar la Contraloría respecto del cumplimiento de esa parte de la normativa”, sostuvo.

Asimismo indicó que la situación “es una irregularidad” y “no sabemos a cuántos afecta ni en qué unidades se ha presentado esta situación, por eso entonces le pedimos la información a Carabineros”.

Respecto a las sanciones que podrían sufrir los uniformados que bordaron sus apodos en vez de sus nombres en la identificación, dijo que es una situación que se está analizando a la espera de la respuesta de la institución, pero resaltó que una conducta de ese tipo no va a acorde a lo que exige el protocolo interno.

Perdigones

Bermúdez también se refirió a la decisión del general director de Carabineros, Mario Rozas, de suspender el uso de perdigones para contener el orden público, tras comprobarse científicamente que estos contenían un porcentaje de plomo y otros componentes además de caucho.

“Cada compra que hace cualquier órgano de la administración del Estado tiene que especificar lo que está comprando y además tiene que recepcionar esos bienes a conformidad. Porque si no está conforme con lo que está recibiendo tiene que devolverlos, entonces es parte del proceso de la compra pública la recepción y la certificación que sea efectivamente lo que se está comprando”, apuntó el contralor.

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