Amnistía Internacional dio a conocer los hallazgos de la misión investigadora que estuvo en Chile, esto bajo el contexto de las violaciones a los derechos humanos que se han reportado a manos de agentes del Estado en el contexto de la crisis social del país.

Al respecto, Pilar San Martín, investigadora para contextos de crisis de Amnistía Internacional para las Américas, expresó que el equipo de crisis se moviliza cuando los países pasan por crisis reales.

“Nos movilizamos solo en situaciones que son verdaderamente dramáticas y cuando los estados exceden con creces el marco normativo internacional y cometen crímenes de derecho internacional”, expresó. “Nunca pensamos que terminaríamos visitando Chile y viendo el nivel de violencia estatal que nos hemos encontrado y hemos documentado”.

“El equipo de crisis nunca debería haber llegado a Chile porque el gobierno chileno desde el primer día debería haber puesto todas las medidas a su alcance para gestionar esta crisis desde el punto de vista de los derechos humanos, garantizando que (las personas) se podían manifestar, y no castigándolos por el hecho de que podían exigir sus derechos en la calle”.

Al respecto de todos los casos que han logrado documentar, señala, han tomado 23 como “emblemáticos” de la violación a los derechos humanos en el país a manos del Estado.

Estos casos, indica San Martín, “son ejemplo de lo más graves, y de un patrón generalizado de lo que se ha dado estos días en Chile”. Para documentar los distintos casos han visitado las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Bio bío, Maule, Coquimbo, Araucanía y 11 comunas de Santiago.

Violencia por parte del Estado

Según explica la investigadora de Amnistía Internacional, “el estándar internacional es muy claro de cómo se deben controlar las manifestaciones”, y que la fuerza del estado debe ser usado únicamente si es es necesario, ejerciéndola de forma proporcional y garantizando el derecho a la protesta.

“Es muy claro el estándar internacional del uso de armas de fuego, que establece solo podrá ser usado de forma excepcional, como respuesta a una agresión de similar situaciones, qhe ponga en peligro a la vida”, expresa.

En este punto San Martín es enfática en señalar que el gobierno chileno “ha insistido” en que la respuesta de Carabineros y FF.AA es producto de los daños materiales, sin embargo, señala, no es proporcional responder con armas frente a estos hechos.

“Se ha utilizado armamento militar para controlar la protesta”, agrega, y ésta “ha sido utilizado de forma indiscriminada”, lo que ha dado 5 muertes a manos del Estado.

El tipo de escopeta y pistolas semiautomáticas que se han utilizado y que Amnistía Internacional ha registrado, indica, “no deberían usarse en protestas”. A través del análisis de imágenes, expresan, la organización ha confirmado que el ejército usó armamento letal de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados en al menos cuatro eventos. Se identificó el uso de rifles GALIL ACE y FAMAE SG 540 semiautomáticos y pistolas de mano semiautomáticas con munición letal.

En cuando al armamento no letal, indican. “A pesar de que su uso debería ser excepcional, Carabineros lo ha usado como principal herramienta para dispersar manifestaciones, en muchos casos pacíficas”.

Lesiones oculares, atropellos y agresión a funcionarios del INDH

En cuando a las lesiones oculares graves producto del uso de perdigones, San Martín indica que la cifra de 280 personas con lesiones en sus ojos “es aberrante”, y que “si no se estuviese disparando a la cabeza no tendríamos esa cifra”.

Además de esto, independiente de la composición del perdigón, expresa – que además, es difícil de creer que desconocieran su composición – “no tiene nada que ver” los materiales con “el uso inadecuado que se le está dando a este tipo de munición”.

Existen casos de daño ocular grave que no han sido provocados por perdigones y que ponen en evidencia la violencia del actuar de Carabineros, indica.

“La brutalidad policial ha sido tal que hemos documentado daño ocular por brutalidad policial y por bombas lacrimógenas lanzadas a la cara”, señalan.

En cuanto a los casos de atropello o intento de atropello que se han registrado, San Martín exprsea que “a pesar de que se hace intentar creer que es mera negligencia, nos parece que 9 casos o videos que muestran son suficientes para pensar que no es negligencia, es dolo”, exprsea.

Sobre los casos de funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos que han sido heridos por perdigones al estar observando marchas, desde Amnistía Internacional expresaron que “se preguntan” qué le queda esperar a la gente común y corriente que sale a exigir sus derechos, si las fuerzas de seguridad “son capaces de atacar a los propios funcionarios públicos que observan derechos humanos en una marcha pacifica”.

Conclusiones preliminares

“Lamentablemente y a pesar de los llamados a escuchar las demandas de la ciudadanía, el Presidente Sebastián Piñera decidió sacar al Ejército a las calles. A través de la declarativa de un estado de emergencia, decidió que a pesar de los nefastos precedentes históricos que ha atravesado el país, que ha casi 30 años del fin de una dictadura militar que ha traumatizado a la sociedad chilena, decidió que el ejercito continuaría retraumatizando a una sociedad dolida por las graves violaciones de los derechos humanos, muchas de ellas que se mantienen bajo la sombra de la impunidad”, expresó a modo de conclusión preliminar la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara.

En Chile, expresa, el Ejército en conjunto con Carabineros han llevado “ataques generalizados en contra de la población, usando la fuera de forma innecesaria y excesiva, con la intención de dañar y castigar aquellas personas que valientemente continúan en las calles ejerciendo sus derechos de libertad de expresión y de asamblea pacífica”.

Estos ataques de los agentes del Estado, indica, han dejado “un saldo atroz”, que “no podríamos imaginar que veríamos en Chile, un país que hace algunas semanas el propio Presidente Sebastián Piñera declaraba el oásis de América Latina”.

Sobe el accionar de los uniformados, indica, se refieren a “ataques” debido a que son “múltiples actos de violencia de distintas formas, actos de violencia armada, de tortura, de maltrato físico y psicológico en contra de la población que se ha manifestado y que se percibe como tal”.

Además, indica, se refieren a que son generalizados ya que “no son hechos aislados o esporádicos”. “No se trata de unas cuantas manzanas podridas dentro de las fuerzas de seguridad, se trata de ataques sostenidos en diferentes puntos del país, en el contexto de castigar a las personas que se manifiestan”.

“No se trata de la responsabilidad penal que tiene el individuo, el carabinero o el militar, sino que se trata de una responsabilidad de mando, de la línea de mando, tanto al alto nivel tanto como las diferentes lineas de jerarquía e instituciones del gobierno”, agrega.

“Es un patrón consistente y el modus operandi a lo largo del país” es el mismo.

“Estamos convencidas que se trata de una política de castigo, que tiene el objetivo de dañar, de persuadir a las personas a dejar de manifestarse, y poner en ridículo al gobierno del Presidente Sebastián Piñera, porque todos sus intentos por intentar de bajar el enojo social, solo han logrado alimentar las demandas de la población por una sociedad justa en donde se respeten los derechos humanos”, expresa Guevara.

Responsabilidades

Según indica la directora de Amnistía internacional, el grado de coordinación requerido para sostener esta represión violenta del país “conduce a pensar que la responsabilidad del mando al más alto nivel, ya sea porque ordenó o toleró esta represión tanto a través de los Carabineros como el Ejército. Nos da a entender precisamente cómo esto se trata de una política de castigo”.

Piñera, denuncia, sacó al Ejército a la calle “sin dar indicaciones o instrucciones que las violaciones a los derechos humanos no serían toleradas en su gobierno”.

“Queremos recordar a las autoridades que la no prevención de este tipo de actos no exime de responsabilidad penal”, expresa.

De acuerdo a Guevara, le han solicitado una al Presidente Sebastián Piñera, en donde pretendían entregarle el informe preliminar además de las denuncias. Su respuesta, indica, “ha sido un silencio”.

“Un silencio que Amnistía Internacional no lo toma personal, pero lo toma como un silencio frente a las violaciones a los derehcos humanos que ha sufrido a la ciudadanía y el pueblo chileno”.

Recomendaciones

Como recomendaciones para las autoridades del país, indican que “ponga fin a la represión violenta contra las personas que están legítimamente ejerciendo sus derechos”.

“Seguimos recibiendo reportes de abusos policiales y de arbitrariedades que se cometen de personas”, indican. “Le solicitamos al Presidente Piñera que haga un llamado para que se ponga fin a la represión”.

Además de esto, indican, solicitan a los organismos de justicia que investigan la responsabilidad de mando a las violaciones de derechos humanos.

“Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”, expresa Guevara.

“Particularmente a la Fiscalía, le solicitamos que no solo investigue minuciosamente el contexto en donde la linea de mando tiene que tener una responsabildiad clara por haber tolerado o por haber ordenado q se cometan estas violaciones a los DDHH”, agrega.

Además de esto, recomienda que las autoridades “deben emprender una seria reforma a la policía chilena”.

El listado de recomendaciones es el siguiente:

  • Las autoridades deben cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción en el uso de la fuerza que solo debe ser aplicada de manera progresiva, proporcional y diferenciada, en línea con los estándares internacionales que rigen la materia. Las autoridades deben además ser muy enfáticas en el uso excepcional de armas letales y aquellas consideradas como potencialmente letales para que nunca se usen como medio de disuasión y solo se recurra a ellas de manera puntual y ante una amenaza clara y manifiesta para la vida e integridad física de quienes protestan o de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
  • Los órganos de justicia deben investigar la responsabilidad del mando en las violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis en manos del Ejército y la policía, de acuerdo con el ordenamiento jurídico chileno y los estándares internacionales.
  • Las autoridades deben asegurar que las legítimas demandas de la población son atendidas. Se deben llevar a cabo de forma urgente las reformas legislativas y de política pública necesarias para garantizar de forma efectiva los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para todas las personas, sin discriminación y con especial atención a las personas en mayor situación de desprotección, así como asegurar un proceso participativo e inclusivo hacia una nueva constitución que proteja y promueva todos los derechos humanos.
  • Las autoridades deben emprender una reforma seria y profunda de la policía. Esto incluye revisar su marco normativo con miras a transformar la institución para que garantice que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los derechos humanos y que la institución cuenta con mecanismos estrictos de control y rendición de cuentas.

/psg