El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, cuestionaron la indicación que rebaja al 50% la dieta de los parlamentarios, la que también incluiría los sueldos de los miembros del Poder Judicial.

El ministro del máximo tribunal manifestó su postura luego de la reunión extraordinaria del Pleno, donde se abordó la iniciativa que fue aprobada el miércoles en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

“La situación es grave porque se hace en forma improvisada, sin tomar en cuenta todos los antecedentes, sin considerar la destrucción de la escala de remuneraciones y sin considerar estas dos cuestiones tan importantes que son la independencia e inamovilidad del Poder Judicial que a la larga quedan corroídas por estas medidas”, expresó Cisternas.

El integrante de la Corte Suprema señaló que “más allá de la implicancia en la vida familiar de nosotros, en función de los ingresos que recibe cada familia, se ha puesto de relevancia la importancia que tienen para el Poder Judicial, la independencia de los jueces y una de las bases es su esquema de remuneraciones”.

“Una baja significa atentar contra la independencia de los jueces y su inamovilidad, porque están sometidos entonces a una situación de contingencia y pueden dejar otras tareas por la labor privada, a buscar otros ingresos y esto puede significar que la presión sea muy fuerte y podemos abrir en algunos casos puertas para situaciones indebidas”, dijo.

Gobierno: “Esperamos que en el trámite legislativo se corrija”

El ministro Larraín se sumó a los reparos por la iniciativa parlamentaria, apuntando a que si bien la discusión sobre los sueldos de las autoridades “es necesaria”, hay aspectos que deben considerarse especialmente en el mundo judicial.

“El Gobierno no es autor ni está de acuerdo con aquella indicación que fue aprobada ayer que rebaja en un 50% las remuneraciones de los jueces y de los fiscales. Nosotros creemos que eso no corresponde. Tienen una tarea distinta, son órganos independientes, funcionarios que requieren de niveles de sueldo adecuados para desempeñar sus funciones con total independencia y autonomía”, afirmó Larraín.

El secretario de Estado añadió que “no compartimos eso que se ha aprobado y esperamos que en el trámite legislativo se corrija“.

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