“Gente que tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes estaría organizando, dirigiendo y lucrando con la manifestaciones sociales”, afirmó el fiscal de la zona sur Miguel Villavicencio el 15 de noviembre. Ese día las autoridades del área metropolitana entregaron detalles sobre la detención de 16 personas acusadas de distintos delitos relacionados con vandalismo. De ese total, se detuvo a 8 adultos y un menor de edad señalados de participar en saqueos en las comunas de Maipú y San Joaquín. En el procedimiento se incautó un arma automática, otra a fogueo, mercadería robada y los autos utilizados durante la comisión del delito.

“Se confirmó por los registros criminales que tienen los imputados que mantienen antecedentes por tráfico de drogas, y por los hallazgos durante la diligencia de allanamiento, en la cual hay una cantidad relevante de droga y también de armamento que configura una especie de asociación para cometer delitos de esta especie”, completó Villavicencio.

Desde que comenzaron las investigaciones para identificar a los participantes en los saqueos, Carabineros ha tenido en cuenta la participación de organizaciones ligadas al narcotráfico en estos ilícitos. Esta semana el fiscal nacional, Jorge Abbott, expuso ante la comisión que analiza la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, con respecto a las actuaciones del Ministerio Público durante el período de estado de excepción, del 18 al 28 de octubre de 2019. En la oportunidad realizó un análisis comparativo con respecto al mismo período del año 2018.

Durante el estado de emergencia, hubo 12.438 imputados que fueron llevados a audiencia de control de detención. En ese tiempo, además, el robo en lugar no habitado -saqueo- mostró un incremento de 423%, si se le compara con las cifras de 2018. Es decir, en esos días hubo 1.417 saqueos, versus el mismo período de 2018, cuando ocurrieron 271 robos en lugar no habitado.

Asimismo, hubo 222 casos de microtráfico en ese tiempo de 2018, versus 116 casos en 2019, una disminución de 48%; y el robo en lugar habitado -casa- experimentó una baja de 25%. En este sentido, Abbott afirmó que hubo una sustitución de delitos. “Hemos encontrado, por ejemplo, que han bajado los delitos del tráfico de drogas y estas organizaciones se han dedicado a los saqueos. Hemos logrado incautar mercadería a sectores vinculados con el tráfico de droga. El jefe que dirige esa organización, ocupaba la organización para estos efectos”, dijo el fiscal nacional.

Otro indicador que maneja la Fiscalía Nacional es que en 2018 las Audiencias de Control de Detención (ACD) se concentraban en los hurtos simples (1337 casos); mientras que en 2019 se concentran en los casos de robo en lugar no habitado (1417).

“Hay un grupo, que ya tenemos identificado, que son delincuentes propiamente tal, otro grupo es de traficantes que son organizados, que proporcionan vehículos y lógicamente actúan en varios puntos a la vez… Los primeros días había detenidos que participaban, a lo mejor, por oportunidad, pero estos últimos son derechamente delincuentes que han aprovechado las manifestaciones para saquear, para robar”, aseguró el general de Carabineros Esteban Díaz Urbina en el punto de prensa del viernes. 

De esta forma, por ejemplo en la Fiscalía Sur han notado un cambio en el perfil de los detenidos. Al principio, los detenidos por saqueos no tenían, en su mayoría, antecedentes. En cambio, ahora hay personas con prontuario por delitos como consumo, narcotráfico o estafas.

Un informe de Carabineros, difundido por La Tercera, especificó que hasta mediados de noviembre habían capturado a 13.300 personas por saqueos y desórdenes graves en la vía pública. La policía uniformada halló que 78% de las personas aprehendidas tenía, al menos, una detención previa. Mientras que, 51% de los arrestados tenía más de cinco aprehensiones anteriores. No obstante, no se especifica por cuáles delitos habían sido llevados previamente ante la justicia.

“El quiebre del orden público es aprovechado por organizaciones criminales”

El arquitecto Iván Poduje, consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ha estudiado la segregación en las ciudades y concluyó que “el quiebre del orden público que generan los estudiantes y jóvenes al evadir masivamente es aprovechado por organizaciones criminales que destruyen el Metro. No sabemos en cuántas de las estaciones, pero varias coinciden con barrios críticos; luego saquean con mucha violencia y organizadamente y esos son patrones de conducta criminal”, aseguró en entrevista con radio Infinita.

Otros conocidos del tema explican que siempre ha habido una relación de “amor-odio” entre sectores subversivos de izquierda y el narcotráfico, fundamentalmente por disputas territoriales. 

Indican que si una organización de narcotraficantes ejerce el control en una determinada zona, tiene «soldados», es decir jóvenes delincuentes que operan ahí; y si un grupo subversivo desea operar en estos sectores también necesita a esos jóvenes; y entonces sucede que las organizaciones criminales y el grupo insurgente colaboran o no; dependiendo de si el grupo ideológica o estratégicamente quiere colaborar con bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Por su parte, Abbott subrayó durante su exposición en el Congreso: “Hemos detectado que hoy las organizaciones son pequeñas -cuando las hay- pero se comunican por redes sociales y lo que van haciendo es adherir a personas que están luchando con una suerte de épica contra el sistema. Son incentivados por pequeños grupos. Estamos investigando con las policías. Todas las hipótesis las estamos trabajando”.

Poduje es de la teoría de que las organizaciones narcotraficantes se involucran en los desórdenes para ganar “control territorial”. “Esto es lo mismo que pasó en México y en Colombia donde lo que hacía el crimen organizado es que usaba a sus ‘soldados’ para defender a la gente de un Estado corrupto, que terminó finalmente en una propagación hacia todas las instituciones. Cuando tienes a alcaldes amenazados por narcotraficantes en la zona sur y cuando tienes concentración de saqueos, de destrucción de Metro en la misma zona sur la correlación es bastante evidente y muy alarmante. Esta violencia tiene un componente político, sin duda, hay anarquismo, hay estudiantes radicalizados de liceos y universidades; pero este es otro componente que no se puede controlar con un acuerdo político, por eso es tan importante que el orden público se restablezca”, subraya el arquitecto.

Hay distintos ejemplos de estos casos desde el 18 de octubre de este año. Las primeras señales llegaron con el uso de vehículos de alta gama durante estos hechos. Un reporte de La Tercera cita que Carabineros identificó la presencia de un Mazda CX-9 -con un valor aproximado de 25 millones de pesos-, en diferentes saqueos registrados en la avenida Grecia; además constataron la presencia de vehículos tipo van, año 2019, en robos masivos a supermercados en la avenida Quilín. “Carabineros sospecha que los dueños de los vehículos involucrados tienen vínculos con el narcotráfico, ya que cuando detuvieron a sus ocupantes, éstos no eran sus dueños, sino que los denominados ‘soldados’, ayudantes de bandas dedicadas a la venta de droga”, señala el diario.

El 25 de octubre, un equipo del OS7 hizo un allanamiento en Peñalolén, coordinado por la Fiscalía Metropolitana Oriente. En la vivienda se incautó una escopeta, una pistola, cartuchos de calibre 44, cartuchos calibre 12, 56 gramos de clorhidrato de cocaína y $380.000 en efectivo producto de la venta y comercialización de drogas; y se detuvo a tres personas por el delito de receptación de especies robadas. El 30 de octubre el Departamento Antidrogas OS7 actuó en coordinación con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía. Se detuvo a 14 personas y se incautaron vehículos, 85 gramos de cocaína, 5 gramos de marihuana, pesas digitales para la droga, munición calibre 7.65, y especies sustraídas de los supermercados Santa Isabel y Acuenta de la comuna de Peñalolén, entre el 19 y el 21 de octubre.

Otro ejemplo ocurrió a principios de noviembre. Carabineros del OS9 de la Prefectura de Antofagasta, en procedimientos simultáneos en el sector de Brisas del Mar detuvo a cuatro personas por delitos asociados a saqueos. Dos de ellas tenían antecedentes por narcotráfico y una por robo.

De los narco-funerales al saqueo

Poduje pone como ejemplo el narco-funeral de Bastián López Reyes, realizado en la población Santa Inés de Conchalí, que duró 48 horas y mantuvo a la población en vilo por los fuegos artificiales y balaceras a mediados de mayo. “En torno a esa población es donde se produce la destrucción, yo diría más brutal, de un centro mayorista y un supermercado, que son saqueados, quemados, destruidos… El domingo estaba caminando en un sector cercano a San Ramón, que tiene problemas de narcotráfico, y había quemada una oficina de Enel en la mitad de la nada. Qué razón hay para saquear registros civiles, para saquear oficinas municipales y quemarlas. Uno podría decir que es una cosa anarquista contra el poder, pero también hay bases de datos. Entonces, esto es mucho más complejo y a mí me preocupa enormemente que la clase política y ciertas élites no se den cuenta del nivel de violencia que estamos viendo, y que tiene un componente narco, y de lumpen organizado muy importante y por lo mismo incontrolable”

Después de ese suceso en Conchalí el Ministerio del Interior se activó y dijo que se crearía una ley para evitar los denominados “funerales narcos”, que incluía cambiar la norma legal que regula el lanzamiento de fuegos artificiales y el control de armas. En esa línea el arquitecto hace una asociación y recuerda que el 15 de noviembre la concentración de personas en Plaza Baquedano incluyó de esta pirotecnia. “20 o 30 millones de pesos cuesta un espectáculo de fuegos artificiales. ¿En Baquedano, quién lo pagó?”, se pregunta al señalar que no estuvo organizado por la municipalidad y que tampoco había medidas de seguridad.

/escrito por Emily Avendaño para El Líbero

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