Los diputados de la DC, Gabriel Silber y Miguel Ángel Calisto, junto a sus pares de RN, Marcela Sabat y Gonzalo Fuenzalida, anunciaron este martes que impulsarán en conjunto un proyecto de ley para sancionar los desórdenes callejeros y aumentar las penas para los delitos cometidos en ellos, el cual podría iniciar su tramitación esta semana.

Asimismo, los legisladores incluyeron una propuesta para que los 107 cuarteles de Carabineros que se encuentran en distintos puntos de la frontera pasen a ser vigilados por efectivos de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de liberar a alrededor de 2.000 efectivos policiales que podrán ser redestinados a acciones de cuidado del orden público.

Al respecto, el diputado Fuenzalida explicó que “hemos llegado a un acuerdo junto a la DC de poder impulsar una ley muy necesaria hoy en día, que es separar la manifestación violenta de lo que es la manifestación pacífica. Porque en la violenta se producen algunos delitos que hoy la legislación no los aborda de manera clara y precisa”.

“El delito de saqueo no es abordado en nuestra legislación porque no existe como delito, sino que es abordado de maneras indirectas. Nosotros creemos que tiene que ser un delito con una pena clara y definido”, explicó sobre la iniciativa, que es similar a la que anunció el Presidente Sebastián Piñera el 8 de noviembre pasado, pero con mayor detalle, a su juicio.

Asimismo, Fuenzalida indicó que en el texto, que fue ingresado ayer al parlamento, “hemos también definido cuando en una manifestación se realizan actos de violencia como lanzar bombas molotov, incendiar, elementos contundentes, sacar un arma de fuego, cosas que hoy son delitos y que no están en la lógica de una manifestación pacífica”.

“Por ello, hemos concordado un proyecto para que sea tramitado rápidamente mañana y despachado el jueves para ser votado en sala y así poder tener una legislación que esté acorde con aquellos que no buscan manifestarse pacíficamente ni avanzar en las demandas sociales legítimas, sino que buscan destruir y generar violencia”, dijo.

Según el legislador, “lo que nosotros estamos haciendo es definir conductas que no están definidas en la ley. Muchas veces hemos tenido problema con detenidos en que los fiscales tienen que asimilarles otro tipo de delitos para poder llegar a algún tipo de penalidad y eso ha sido bastante ineficiente”.

“Ha habido 17 mil formalizados y solamente 1.200 que han quedado en prisión preventiva, la mayoría ha quedado libre (…) Muchas veces ha pasado que han sido formalizados por hurto y con suerte llegan a los 61 días. Si sale con un jamón es una falta, si sale con un plasma ya es un hurto. Eso es ridículo, el saqueo es un delito que nosotros lo estamos definiendo en la ley y estamos aplicando una pena clara de 3 a 5 años”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, Miguel Ángel Calisto, destacó que “hemos sostenido este acuerdo junto a RN con la finalidad de garantizar la paz y el orden público. Hoy el país ha manifestado legítimas demandas sociales que todo el Congreso comparte y en que es fundamental avanzar de la manera más ágil”.

“Pero para poder hacer esas transformaciones, hoy más que nunca necesitamos paz social, orden público y aislar a los delincuentes, porque lamentablemente el discurso y la actitud de los delincuentes están nublando la posibilidad de seguir trabajando en los proyectos sociales que tanto el país espera”, subrayó.

Según el diputado DC, “no podemos seguir en esta lógica que ya nos tiene a todos agotados, que tiene que ver con que si uno defiende el orden público y que el país funcione y las personas realicen su actividad diaria seamos de alguna manera mantengamos esta protección y la impunidad a la violación a los DD.HH. Son cosas muy distintas”.

“Hoy tenemos más de 25 mil saqueos, 10 mil de ellos son pymes. A ellos hay que garantizarles el orden público. Por eso esta iniciativa busca aumentar la tipificación del delito de desorden público, en caso de uso y porte de armas y para aquellos que realizan actividades violentas y atentan contra la libertad de las personas”, dijo.

Pedirán respaldo del Ejecutivo

En tanto, la diputada Sabat comentó que “junto con legislar la agenda social con rapidez, también es necesario sin complejos legislar respecto al resguardo del orden público. Por eso hemos concordado ambos partidos legislar con rapidez estas nuevas figuras en esta batería de normas que busca hacernos cargo de la necesidad urgente de tener paz social”.

“El llamado es a los demás partidos a que se sumen para que podamos actuar con transversalidad para que estas normas salgan con rapidez”, indicó.

En la misma línea, el diputado Silber indicó que “ayer ingresamos un proyecto alternativo, distinto al del Gobierno, porque queremos acelerar el tranco del punto de vista legislativo. No queremos perder tiempo en debates y diferencias políticas, donde a veces prima la ideología más que respuestas concretas”.

“Por eso ingresamos ayer este proyecto de manera transversal, esperamos votarlo en la comisión esta semana y llevarlo a la sala lo antes posible. Seguramente le vamos a pedir el patrocinio al Ejecutivo”, enfatizó.

Respecto a si existen diferencias entre su proyecto y el del Gobierno, Fuenzalida sostuvo que “el Gobierno ha ido por una hipótesis que nosotros no estamos de acuerdo, que es circunscribir el robo en lugar no habitado a un contexto de estado de excepción, de calamidad o desorden público”.

“Nosotros creemos que esa no es la fórmula, porque el robo en lugar no habitado exige el escalamiento, la fractura, el uso de llaves y esas cosas necesariamente en un saqueo no están. Aparte, nosotros hemos incorporado otro tipo de elementos como definir el desorden y agravarlo cuando se dan este tipo de conductas”.

Asimismo, Silber detalló la otra propuesta que realizaron en conjunto respecto a la dotación de Carabineros. “Actualmente, en nuestras fronteras en 107 cuarteles policiales son resguardados por carabineros, son cerca de 1500 carabineros y ahí entendemos que nuestras FF.AA. temporalmente podrían cubrirlos en términos operativos”, indicó.

A su juicio, “eso permitiría que una dotación importante de Carabineros profesionales, preparados, puedan destinarse efectivamente a atender centros urbanos, sin necesidad incluso de adelantar el egreso como se está haciendo de manera extraordinaria por el Gobierno o pedir que carabineros en retiro asuman esa función”.

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