¿Qué explica el aumento de saqueos y violencia que se vivió esta semana? ¿En qué medida los llamados a paro nacional dan espacio a esos estallidos? ¿Cómo se puede frenar esos fenómenos y recuperar el orden público? ¿Servirá de algo que militares defiendan lugares críticos? Esos temas se tomaron gran parte de la agenda esta semana y motivaron no solo una carta de históricas figuras del PS, advirtiendo sobre los riesgos que la crisis plantea a la estabilidad institucional sino también un fuerte llamado de senadores oficialista y de oposición a restablecer el orden público.

La crisis, aseguraron, “amenaza nuestra democracia”. Un punto que ha estado dando vuelta desde el comienzo del estallido social, pero que parecía haberse contenido tras el acuerdo constitucional. ¿Está nuestra institucionalidad en juego?

Algunos como el economista César Barros , volvieron a recordar épocas pasadas -por estos días muchos miran con inquietud hacia atrás: “En los 70, la cosa no pintaba bien (…). y terminó en tragedia. Si no se tranquiliza esto, no solo se va a evaporar la inversión. La cosa no pinta bien y si se desboca, podría terminar en tragedia”.

Y en la búsqueda de explicaciones y caminos de salida, e incluso en los intentos por advertir sobre los riesgos que enfrentamos, otros también han removido el pasado, pero no solo el de Chile.

Lo hizo Daniel Matamala al traer a colación lo sucedido en Colombia tras el Bogotazo de 1948. “De la rabia pura del Bogotazo se pasó al enfrentamiento entre miliciales liberales y conservadoras. Luego la violencia mutó a agentes de terrorismo del Estado, guerrillas marxistas como las FARC, bandoleros rurales…” escribe.

Un paralelo inquietante, porque como sostiene Matamala “la violencia amenaza con pasar de un reventón puntual a una enfermedad crónica “.

Reminiscencias históricas también hizo Ascanio Cavallo, al recordar el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia de 1985, del que entonces se restaron los polos de izquierda y derecha.

“No hay semejanzas de ningún tipo entre la dictadura de entonces y la democracia de ahora. Pero sí son curiosas dos cosas que ocurren en el nuevo polo de la izquierda: una es el entusiasmo con las protestas sin importar su grado de violencia; la otra es el entusiasmo con derribar a Piñera”.

Para Cavallo, no sólo la crisis y los esfuerzos por deslegitimar a las instituciones “está creando la simiente para un tipo de caudillo nuevo, pero ideas oscuramente viejas” sino que también “el país puede acercarse a punta de incendios a otro abismo que tampoco estaba en sus predicciones”.

Una lectura que en parte también hace Juan Ignacio Brito, quien apunta sus dardos principalmente a aquellos que tienen la responsabilidad de contenerla. ” Como sonámbulos que caminan al despeñadero, los responsables de detener la marea violentista no logran reaccionar”, asegura, agregando que “el problema no es de leyes, sino de autoridad”.

Según él, si Piñera y su gobierno “carece de energía” y “voluntad” de preservar el orden público “se convertirá en un cómplice pasivo de derrumbe del país cuyas leyes y Constitución juró defender”.

Mientras que para Eugenio Guzmán los políticos “aparecen secuestrados por el terror que ejercen verdaderas bandas de asaltantes y la extorsión de quienes apoyan y justifican la violencia con estridentes argumentos que buscan empatarla con la idea de que ella es la reacción frente al abuso del sistema”.

Todo el debate sobre las responsabilidades y la forma de contener la violencia ha estado atravesado estos días tanto por las acusaciones a las barras bravas y a los narcos -y en ese tema es revelador el artículo de Sebastián Varela en La Tercera Domingo titulado La victoria del miedo-, como también por el informe de Human Rights Watch sobre abusos y violaciones de los DDHH cometidos por Carabineros durante los días de protestas.

Un documento que La Moneda recibió con una disposición distinta al conocido la semana anterior y elaborado por Amnistía Internacional. ¿Por qué hubo ese cambio de actitud del gobierno?

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