La declaración indagatoria de Cristina Kirchner​ marcó este lunes el punto más importante desde que el juicio se inició el 21 de mayo pasado. Con trece imputados, la ex mandataria es la principal acusada: está procesada como jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar la obra pública vial a favor de Lázaro Báez, sostiene el requerimiento fiscal.

 En esta causa se analizaron 51 licitaciones adjudicadas al Grupo Austral por $ 46.000 millones. Cómo operó la “estructura criminal” y qué pruebas se tuvieron en cuenta.En este expediente, el juez Julián Ercolini procesó a la ex Presidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral con 51 contratos viales por $ 46.000 millones, “plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles”. Por ello, se habla de un “direccionamiento” a favor del conglomerado del empresario K.

El requerimiento de elevación consta de 600 páginas y corresponde al escrito de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Juicio causa

Delito precedente

Para los representantes del Ministerio público fiscal, los “hechos de corrupción” alcanzaron a un empresario “amigo, ligado personal y comercialmente” a quienes ocuparon la presidencia de la Nación entre 2003 y 2015, como es el caso de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Los fiscales entendieron que la investigación no se encuentra “en soledad”, sino que se trata de la “causa madre” de un grupo de investigaciones que involucran a la ex Presidenta, como Hotesur SA, Los Sauces SA y otros expedientes, así como también aquel en el que Cristóbal López es investigado por no pagar a la AFIP $ 8.000 millones del impuesto a los combustibles.

“Maniobra de corrupción”

La Justicia sostiene que se instauró una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatal vinculados a la obra pública, con quienes “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”: fueron 52 contratos por más de 46 mil millones de pesos.

Este circuito de contrataciones “irregulares”, permitió que el patrimonio del “amigo presidencial” creciera -entre 2004 y 2015-, un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos “eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes”.

Cómo funcionó la “operatoria criminal”

La operatoria criminal estuvo “montada desde el Gobierno anterior y diversos organismos estatales vinculados a la obra pública. Dede allí se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, lo que representó la contratación del Estado “en favor de Lázaro Báez” por más de $ 46.000 millones”.

La fiscalía sostuvo que se configuró un esquema “de beneficios exclusivos” para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el “empresario de obra pública vial más beneficiado” por las “gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner”. A los ex presidentes se los apunta como los responsables de “diseñar la maniobra” y de “erigir a su amigo personal” como contratista del Estado.

La “operación criminal” fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, para “pervertir su función” y utilizar el Estado para “enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad”.

Contra Cristina Kirchner

“Se le imputa a Cristina Fernández el haber tomado parte de una asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con otros funcionarios de distintas reparticiones del Estado, entre los que se encontrarían Néstor Carlos KIRCHNER, Julio Miguel DE VIDO, José Francisco LÓPEZ, Carlos Santiago KIRCHNER, Nelson Guillermo PERIOTTI, y al menos, el empresario Lázaro Antonio BÁEZ, la que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, con el objeto de cometer delitos indeterminados para sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados, en principio, a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, a través de, entre otras maniobras, la defraudación en perjuicio del Estado y el lavado de dinero”.

 AcusadosLos “jefes” de la asociación ilícita fueron según la imputación, el matrimonio Kirchner y en el rol de organizadores participaron Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner como parte del ministerio de Planificación Federal. También, el ex Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, el “amigo personal y socio comercial de los ex Presidentes, Lázaro Báez a quien beneficiaron espuriamente”, entre otras personas.

Cuatro etapas de la maniobra

La justicia determinó que hubo una etapa posterior al “apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública” y fue el destinado “al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos”.

Desde una faceta privada, los ex Presidentes buscaron ​”convertir en lícitos fondos de origen ilícitos”. Esto fue posible gracias al “esquema de reciclaje” que se utilizó para “instrumentar maniobras de lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades”. Para ello, se usaron empresas de Báez y de Cristóbal López, “canalizaran fondos hacia los ex mandatarios y sus hijos”.

Esta parte de la “gran maniobra de corrupción”, consistió en que los “jefes de la asociación ilícita” recibieran una parte de los fondos que habían “sido sustraídos por la organización criminal que ellos dirigían y que pudieran disponer libremente de ellos”.

Como parte del punto tres, se leyó en la Sala que en definitiva, “Santa Cruz lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez”.

El empresario K como particular “recibía los fondos para luego, ya fuera de la esfera pública, el dinero iniciara distintos caminos, entre ellos, un camino de retorno hacia los ex presidentes y sus hijos quienes lo recibirían ya desde un rol privado a través de distintos mecanismos tendientes a darle apariencia legal a dichas transacciones, tales como la actividad hotelera e inmobiliaria”.

Y como cuarta instancia de la maniobra se planteó que el proceso de adjudicación “configuró una puesta en escena orientada a simular en los papeles una supuesta competencia entre oferentes que en la realidad no existía, lo que permitía, por un lado, cumplir con el requisito de multiplicidad de ofertas y, por el otro, aumentar el costo de la obra vial a través de cotizaciones superiores al presupuesto oficial”.

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