Para mañana está agendada una nueva reunión de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, instancia en la que está previsto volver revisar los trabajos de las instituciones involucradas en el persecución penal, al igual que las críticas y reparos a su desempeño, siendo el Ministerio Público la última que ha estado en el ojo del huracán.

Y es que en los últimos días el ente persecutor ha sido objeto de cuestionamientos a raíz de la decisión de solicitar una audiencia de salida alternativa para 26 imputados por un saqueo ocurrido durante estado de emergencia y que implicó una querella del Gobierno por Ley de Seguridad Interior del Estado.

Consultado sobre qué postura tienen frente la polémica, el ministro de la cartera, Hernán Larraín, indicó: “Vamos a oír, vamos a conversar y vamos a evaluar en su momento qué opinión nos corresponde dar”.

Y agregó: “También tenemos que tener cuidado con ir más allá de lo que nos toca. Son organismos autónomos, respecto de los cuales el Gobierno debe procurar que actúen, pero no debe necesariamente interferir en este procedimiento”.

Así también, indicó que será en la cita de mañana, la que ya ha sido convocada dos veces desde el estallido de la crisis social, dónde se analizan estas situaciones, con el fin de poder abordarlas y darles una solución, en caso de ser necesario.

“(Las críticas) forman parte de las inquietudes que queremos escuchar del Ministerio Público, cómo están ellos abordando esta tarea. Siempre hay momentos tan complejos, críticas de mucha gente, a lo que hace una y otra institución”, sostuvo el secretario de Estado.

Indicó que “queremos aquí ser muy honestos, muy transparentes, y decir cómo estamos funcionando” y que “veamos qué está haciendo el Ministerio Público, cómo está llevando adelante su labor”, al igual que el resto de las instituciones.

“Todos de una u otra forma estamos bajo los objetos de la lupa ciudadana y creo que yo que tenemos que responder a ella, darle respuesta para que la gente sienta que en tiempos de crisis, cuando hay situaciones complejas, cuando hay vulneraciones a los derechos de las personas, las instituciones permiten, si no fuimos capaces de prevenir que ocurrieran esos hechos, corregirlos, rectificarlos, sancionarlos con dureza cuando los hechos son graves, y tomar medidas para que no se vuelvan a repetir”, zanjó.

Sobre el tema también se refirió la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien sostuvo que “si hay instituciones que han demostrado operar en razón de las necesidades que demanda un Estado democrático de derecho como el nuestro, es precisamente el sistema de enjuiciamiento criminal, no solo con la participación activa de jueces en el control jurisdiccional de procedimientos de detención que eran irregulares, sino que también los fiscales, iniciando las investigaciones de rigor”.

Comité asesor

Este martes, en tanto, se llevó a cabo la primera sesión del Comité Técnico Asesor en Derechos Humanos (DD.HH.), el cual está integrado por distintas instituciones y tiene como fin abordar de manera intersectorial los reparos que puedan surgir respecto al trato a los DD.HH., pudiendo para ello, por ejemplo, proponer políticas públicas, además de elaborar diagnósticos.

Entre los trabajos a realizar, señaló el ministro Larraín, se encuentran aquellos que surjan en torno al informe que emitió Human Rights Watch, en el cual se advirtieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros y donde se presentaron recomendaciones para reformar la institución.

“Queremos que empiece este comité técnico asesor en este foco detectado por HRW en torno al rol de Carabineros”, explicó el secretario de Estado.

Larraín indicó además que esperan contar con un primer informe para el 20 de diciembre, el “que nos permita abordar la forma en cómo se está llevando adelante las actuaciones de Carabineros en relación a los derechos humanos”.

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