155 páginas tiene el escrito de defensa del Presidente Sebastián Piñera para hacer frente a la acusación constitucional presentada en su contra por un sector de la oposición. El documento fue entregado ayer en la noche por la Segpres a la comisión de la Cámara ad hoc que revisa el libelo.

La acusación pide la destitución del Mandatario argumentando que hubo vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos durante las manifestaciones que han ocurrido desde el estallido del 18 de octubre, además de haber “infringido” la Constitución y comprometido “gravemente el honor de la nación”.

La defensa de Piñera -representada por el abogado Juan Domingo Acosta– plantea cuatro ejes principales para abordar, primero, la denominada cuestión previa, es decir si la acusación cumple o no con los requisitos constitucionales. En este sentido, se argumenta que el libelo “no es admisible” porque no cumple el requisito de “ser de carácter excepcional”. Así, se señala que “utilizar la Acusación Constitucional, en este escenario, implica una banalización de este instrumento y podría significar un grave atentado contra la gobernabilidad del país, paralizando la atención de los altos mandos”.

“La acusación constitucional no debe ser utilizada para ejercer presión política sobre un gobierno. El desacuerdo político tiene otros cauces para manifestarse”, se agrega.

Como segundo argumento se señala que la “acusación vulnera gravemente el debido proceso, por fundarse en hechos que aún no han sido acreditados”.

Así, se recalca que “las imputaciones que se realizan al Presidente de la República son genéricas e imprecisas, y se fundan en hechos y circunstancias que todavía están siendo investigadas y que no han sido acreditadas por los tribunales de justicia (…) En efecto, los acusadores se refieren a los ‘presuntos’ o ‘posibles’ hechos, dando cuenta de la fragilidad de sus antecedentes y que todavÍa falta establecer la verdad judicial”.

Como tercer fundamento, la defensa de Piñera sostiene que el libelo no cumple con uno de los requisitos mínimos, que es que una acusación constitucional contra un Presidente solo puede proceder por actos propios y no por omisiones.

En este sentido, se señala que “los acusadores no han apuntado hacia ningún acto del Presidente que pueda contravenir abiertamente la Constitución” y que todos “los reproches se fundan en presuntas omisiones”.

En cuarto lugar, el documento de la defensa sostiene que la acusación es “un abuso del derecho” porque pretende revisar el mérito de la declaración del estado de emergencia, una potestad privativa del Presidente y consagrada en la Constitución. “El hecho que los diputados acusadores no estuvieran de acuerdo con decretar un Estado de Emergencia, no es motivo para intentar la destitución del Presidente”, se expone.

En la defensa ingresada ayer también se contesta el fondo de los dos capítulos que conforman la acusación.

Respecto del primero -en el cual se acusa a Piñera de infringir la Constitución por “consentir” que se “cometieran violaciones a los derechos humanos”- la defensa señala que la situación “no es efectiva”, porque la “acusación no formula ninguna imputación al Presidente basada en actos materializados por él”.

“Se invocan hechos de terceros que todavía están siendo investigados, y no actos de su administración”, se enfatiza.

Y se agrega que tampoco existieron omisiones que afectaran los derechos humanos, “como lo intentan establecer los acusadores” y que “por el contrario, el Presidente desplegó todos los medios dentro de sus atribuciones para prevenir cualquier violación a los derechos humanos”.

En cuanto al capítulo segundo del libelo, que acusa al Presidente de haber comprometido el “honor de la nación”, la defensa argumenta que “la cancelación de la APEC y la COP25 no han tenido un efecto negativo en el honor de la nación”.

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