En el intento por comprender lo que realmente está sucediendo, en un país que muchos consideraban casi ejemplar, varios columnistas como Gonzalo Cordero insisten en un punto no menor: los efectos de la violencia. “¿Era razonable distinguir en los primeros días entre la marcha pacífica y los violentistas cuyo interés era la destrucción y la anarquía? Desde luego que sí, pero no después de que la dinámica se había repetido una y otra vez”, escribe Cordero. Para él, “la violencia ha tenido una finalidad política obvia , la ingobernabilidad”, por lo que era “un atentado a nuestro régimen democrático”. Sin embargo, no fue tratado así “por periodistas exultantes ante lo que llaman ‘estallido social'”. Y concluye que “son demasiados los que en Chile creen que se puede tener anarquía sin costo y vivir en democracia sin pagar su precio”, dejando claro que inevitablemente ese precio deberemos pagarlo todos. Un punto sobre el que también ahondó Max Colodro al hablar de “La otra normalización”, aquella que termina validando “el uso de la fuerza y de la violencia para conseguir aquello que se considera justo; derechos sin deberes o responsabilidades, ni siquiera frente a los derechos de los demás”. Por ello, para Colodro, el panorama que se abre ahora no es fácil porque “la fractura que este tiempo dejará en las base de nuestra convivencia (…) será enorme”.

La crisis ha potenciado finalmente todos los prejuicios y resentimientos presentes en nuestra sociedad. Nada más claro que el debate sobre el orden público, sobre el que ahonda Jorge Navarrete . “En nuestro país hay muchas personas, demasiadas desgraciadamente, que creen que la tarea de mantener el orden público es incompatible con el respeto de los derechos de las personas”, escribe, y ello tiene efectos en uno y otro lado del espectro político. “Un sector importante de la derecha privilegia el orden y la seguridad subordinando los derechos humanos a un bien que consideran superior”, y, por otra, “el orden y la seguridad nunca han sido un tema cómodo ni menos pacífico para la izquierda”. La gran paradoja, concluye Navarrete, “es que unos y otros (…) se necesitan para justificarse mutuamente y así seguir negando que la legitimidad de la fuerza en una democracia estriba justamente en que se cautelen los derechos de todos los miembros de la comunidad política”. Un debate que se suma a otro, que Gabriel Zaliasnik plantea con claridad: “En estas últimas semanas se ha interpretado como sentido común el acceder a todas y cada una de las demandas de quienes han secuestrado la democracia… (Pero) el avasallamiento por medio de la violencia no es sentido común. Sentido común es recuperar la paz social y la unidad como nación”.

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